Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2008, expediente L 92631

Fecha de Resolución:17 de Diciembre de 2008
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 17 de diciembre de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores G., Hitters, de L., N., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 92.631, "M., P.N. contra B., M.E. y otros. Cobro de pesos".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo n° 1 de S.M. hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, con costas a cargo de la demandada por los rubros que prosperan y a la actora por los desestimados (sent. fs. 374/377 vta.).

Esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 383/392 vta.).

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorG. dijo:

  1. El Tribunal del Trabajo que intervino en estos autos hizo lugar a la demanda deducida por P.N.M. y condenó a M.E.B. a pagar la suma que especificó en el pronunciamiento en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido, salarios del mes del distracto y vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales. Por el contrario, rechazó los reclamos sustentados en la ley Nacional de Empleo y el incremento resarcitorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Finalmente, desestimó íntegramente la demanda contra L.C. y el Estudio Jurídico Barrasa y Asociados sociedad de hecho (sent. fs. 374/377 vta.).

  2. Contra la decisión del juzgador de grado se alza la actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 383/392 vta.) en el que denuncia la transgresión de los arts. 9, 10, 15 de la ley 24.013; 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial; 2 de la ley 25.323 y doctrina legal que cita.

    La recurrente centra fundamentalmente su crítica sobre los rubros que han sido rechazados por el juzgador de origen, vinculados a las multas previstas en la ley Nacional de Empleo y al incremento de las indemnizaciones contemplado en el art. 2 de la ley 25.323. Pero además, también ataca al fallo en cuanto desestimó la acción contra la coaccionada L.C. y la sociedad de hecho "Estudio Jurídico Barrasa y Asociados".

  3. El recurso prospera parcialmente.

    1. El tribunal de grado, en lo que interesa desestimó el reclamo sustentado en el art. 2 de la ley 25.323 al considerar que la trabajadora no practicó la fehaciente intimación que la norma prevé para la procedencia del incremento en las indemnizaciones que allí se establece. A igual solución arribó respecto de las multas previstas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, concluyendo que si bien se había efectuado la intimación en los términos y condiciones a que hace mención el art. 11 de aquella normativa, y la fecha de su ingreso y el salario no estaban correctamente registrados, "el que se tuvo por establecido no concuerda con aquel cuya registración se solicitó", por lo cual concluyó que aquella intimación no fue correctamente efectuada. Finalmente, rechazó la demanda deducida contra L.C., al juzgar que la actora no produjo prueba idónea capaz de acreditar un contrato de linaje laboral con la coaccionada, pero además, también la desechó respecto del Estudio Jurídico Barrasa y Asociados al no haberse acreditado la existencia misma de la sociedad (sent. fs. 375).

    2. Alterando el orden de los agravios traídos a conocimiento de este Tribunal, he de señalar que los argumentos con los cuales la recurrente pretende revisar el fallo en cuanto rechazó la acción contra los codemandados L.C. y la sociedad de hecho "Estudio Jurídico Barrasa y Asociados", no alcanzan su cometido, habida cuenta que esta Corte ha declarado reiteradamente que los Tribunales del Trabajo ejercen atribuciones privativas en orden a la determinación o no de la existencia de una relación laboral entre las partes, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en sede casatoria, salvo existencia de absurdo (conf. causas L. 74.908, sent. del 29V2002; L. 82.336, sent. del 14IX2005; L. 81.242, sent. del 4V2005).

      Si bien la compareciente le imputa al fallo aquel vicio invalidante no alcanza a evidenciarlo. Es que en su queja tan sólo se limita a contraponer su criterio discordante con el del juzgador de grado en orden al mérito y apreciación de los...

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