Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2008 (caso Causa B 64493)

Fecha de Resolución:26 de Noviembre de 2008
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires
 
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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 26 de noviembre de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 64.493, "Clark, Antonio contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

I. Antonio Clark, por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social), solicitando la anulación de la resolución dictada por el Directorio de la entidad previsional accionada el día 13-VI-2001 por medio de la cual se le denegó el reconocimiento de los servicios fictos pretendidos en los términos de lo prescrito por la ley  11.729 y modificatorias y, subsidiariamente, la posibilidad de proceder a la reapertura del procedimiento según lo establecido por el art. 75 del dec. ley  9650/1980, t.o. 1994.

II. Corrido el traslado de ley  se presenta en juicio la Fiscalía de Estado, que contesta la demanda solicitando su rechazo y argumentando en favor de la legitimidad del acto impugnado.

III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la actora, los alegatos de ambas partes, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundada la demanda?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. Relata el accionante que se desempeñó en la Dirección Provincial de Vialidad y percibió haberes hasta el 14-IV-1978 en que fue dejado prescindible por resolución 86/78, aunque aclara que "... el cese (baja) en realidad se produce al momento de baja de estructura Dto. 242487/77, 5 de octubre de 1977 ratificada por información sumaria" (sic).

Señala que el 6-VI-1996 solicitó al Instituto de Previsión Social el reconocimiento de los servicios fictos del modo establecido por la ley  11.729 y el consiguiente beneficio de la jubilación ordinaria, lo que fue denegado por resolución del 25-IX-1997 por no resultar debidamente acreditado a juicio del organismo previsional el móvil político del cese. Explica que dicha decisión fue luego reiterada en la resolución del 31-VIII-2000 al resolver el recurso de revocatoria deducido por el accionante contra aquel acto.

Advierte, que en oportunidad de fundar el recurso de revocatoria, argumentó que la ley  12.394 ampliaba las presunciones relativas a que el cese en la relación de empleo ha obedecido a causas políticas si el acto separativo fue dictado dentro de los dos años posteriores al golpe de Estado producido el 24-III-1976.

Puntualiza textualmente que "si bien el cese se produce el 15IV78 (solo quince días del plazo de ley ) las medidas preparatorias de una mentada reestructuración administrativa, Dto. 2487 del 31 de octubre de 1977, que modifica a partir del 1 de abril de 1977 la nueva estructura orgánica de la Dirección Provincial de Vialidad aprobada por Decreto 214/77, con soporte de modificación de Estatuto para el Personal de la Administración ley  8721 del 31/enero/1977, Régimen de Prescindibilidad". Continúa diciendo que al no efectuarse el encasillamiento dentro de los seis meses siguientes a la modificación de la estructura, se lo dejó prescindible.

Remarca, que la autoridad administrativa competente evitó su ubicación en el nuevo plantel justamente porque no respondía a la ideología imperante en aquel entonces.

Realiza una trascripción de las distintas presentaciones efectuadas en las instancias administrativas y de los actos administrativos que resuelven sus peticiones.

Alega la omisión por parte de la demandada de valorar una prueba que considera esencial, de la cual se desprendería la fecha real en la que habría quedado cesante.

En síntesis, solicita la anulación de las resoluciones del Directorio del Instituto de Previsión Social del 13-VI-2002 por medio de las cuales se le denegó el pedido de reconocimiento de los servicios fictos pretendidos.

Ofrece prueba.

Cita jurisprudencia de este Tribunal en apoyo de su posición y hace reserva del caso federal.

II. La Fiscalía de Estado contesta la demanda solicitando su rechazo.

En primer lugar, advierte que la cuestión litigiosa debe circunscribirse únicamente a la determinación de si le asiste derecho al accionante o no, a la reapertura del procedimiento y no corresponde que la decisión verse en torno al reconocimiento de los servicios fictos solicitados toda vez que no hubo un tratamiento previo de dicha cuestión.

Seguidamente manifiesta que la pretensión de reapertura resulta infundada en cuanto pretende sustentarla en razones de derecho e interpretación legal y no en la incorporación de nuevas pruebas, como lo prevé el art. 75 del dec. ley  9650/1980 (t.o. 1994) y el decreto reglamentario 476/1981.

Sostiene que el accionante no ha alegado ni aportado elemento novedoso alguno que permita la revisión del acto que le denegó el reconocimiento de los servicios fictos.

En cuanto al planteo relativo a la omisión de tratamiento de la prueba ofrecida, refiere que los elementos probatorios aludidos ya habían sido considerados por la autoridad administrativa con motivo del dictado del acto primigenio y del que resuelve el recurso de revocatoria interpuesto contra aquél.

En definitiva, destaca que los argumentos expresados por el interesado a los efectos de que se revea la cuestión del reconocimiento de los servicios fictos, lejos de constituir nuevas circunstancias fácticas o nuevas pruebas, se refieren a cuestiones ya consideradas y resueltas oportunamente por la Administración.

Ofrece como prueba el expediente administrativo.

Plantea el caso federal.

III. El expediente administrativo acompañado a la causa en copia autenticada pone de relieve lo siguiente:

1. El señor Antonio Clark solicitó el 6-VI-1996 ante el Instituto de Previsión Social el reconocimiento de los servicios desempeñados en la Dirección Provincial de Vialidad desde el 16-VIII-1957 al 14-IV-1978, en los términos de lo dispuesto por la ley  11.729 (fs. 2, copias, exp. adm. 23506459/96).

2. A fs. 3/4 (numeración de las copias del exp. adm. cit.) obra una copia de la Resolución 86 del 12-IV-1978 por medio de la cual el Administrador General de Vialidad resolvió...

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