Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 14 de Febrero de 2000, expediente 1 7064

Fecha de Resolución14 de Febrero de 2000
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 14 días del mes de febrero de dos mil ocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores V.H.V. y R.B. (artículos 47 y 48 de la ley 5.827), con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la presente causa número 4298 (registro de Presidencia número 17.064) caratulada: “Dr. M.L.B. y Dr. H.J.B. s/ recurso de casación” y su acumulada 4320 (registro de Presidencia 17.068) caratulada: “Recurso de Casación interpuesto por el querellante en causa N.. 332/03 seguida a L.H.”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – VIOLINI.

A N T E C E D E N T E S

En lo que interesa destacar, el Juzgado en lo Correccional nº 3 de Bahía Blanca absuelve a H.L.L. por el delito de injurias en perjuicio de A.R. y rechaza la demanda civil interpuesta, estableciendo las costas en el orden causado.

Contra dicho pronunciamiento se alzan el querellante y los letrados del querellado.

El primero interpone recurso de casación denunciando inobservancia o errónea aplicación del artículo 111, inciso 1ro., del Código Penal y quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, bajo los siguientes argumentos:

La sentencia no aparece de modo alguno como derivación razonada del derecho vigente, con atención especial a las circunstancias probadas de la causa.

El acusado de injuria no puede probar la verdad de la imputación, ya que al producirse la misma agota el tipo por su sola expresión lesiva.

La juez sostiene que las imputaciones efectuadas tuvieron como objeto defender o garantizar un interés público actual.

Por lo que se debe demostrar que dicho interés se encuentra comprometido intentando salvar su ofensa como justificativo y probar la veracidad de los dichos manifestados.

En el caso, ninguno de estos extremos se han dado, así en cuanto al primero, se acreditó que R. fue designado como delegado municipal de Darregueira, siendo dado de baja por L. –intendente de Puán- el 4 de Abril de 2002 exponiendo en la resolución que así lo dispone la manifiesta imprudencia e impericia del delegado, evidenciando una falta de capacidad según las exigencias de la actual administración para estar a cargo de una actividad de esa naturaleza, dadas las incoherencias acaecidas en ejercicio de su función.

Siendo R. un funcionario de los denominados “políticos” sin estabilidad en la función, pudiendo el intendente, como lo ha hecho, revocar la designación sin efectuar mención a ningún tipo de causa, mal podría luego, endilgarle ante la opinión pública los dichos que se reputan injuriosos.

Ningún interés público actual se encontraba comprometido en la actitud asumida por el querellado, ya que de entender los extremos ventilados públicamente, los mismos debieron ser reflejados en el decreto de remoción y no salir luego a endilgar conductas que no ha acreditado.

Las imputaciones lanzadas por los medios periodísticos carecían de sentido, ya que la remoción se basó en los argumentos que surgen del decreto correspondiente, por lo que no se entiende qué interés de la comunidad se encontró en juego al lanzar las expresiones por las que se acciona; y si tan peligroso resultaba el querellante en la función, bastaba con removerlo sin siquiera mencionar la causa por resultar un simple funcionario político.

Pero ello no fue suficiente para el querellado, que movido por un interés privado y particular, con la única voluntad de menoscabar al recurrente salió a la opinión pública a acusarlo de hechos que vejaron su honor y motivaron la querella.

En relación al segundo extremo -la acreditación mínima de la veracidad de las ofensas proferidas- el querellado no solo no cumple en identificar los hechos en que basa las aseveraciones formuladas en los diarios, sino que rechaza la intimación para ratificar o rectificar sus declaraciones, agregando que el querellante pretende coaccionarlo.

En cuanto al trastorno psicológico que lo ha llevado al querellante a adoptar actitudes fundamentalistas, el decisorio refiere haber acreditado con la declaración testimonial de M. y el acta notarial adjunta, que R. expresó la intención de mantenerse en el cargo encadenándose en su despacho, lo que no implica que sea un enfermo, resultando de dicha acta que en el momento que éste dice erróneamente eso, se encontraba en un estado de emoción constatado por la escribana debido al shock provocado por la noticia, siendo que con el paso de las horas mostró buena predisposición para efectuar el inventario.

Así la pericia psiquiátrica concluye que presenta acentuados rasgos egocéntricos de la personalidad, pero éstos no configuran enfermedad mental, siendo imposible que los mismos acrediten la existencia de trastornos psicológicos.

Con respecto a posiciones fundamentalistas habrá que definir el término, ya que puede tratarse de una persona que adopta una versión exclusiva de la verdad, manifestándose como una intransigencia frente a la opinión. Así cuando el querellante se entera de su remoción, provocante del estado aludido, se está muy lejos de afirmar que adoptó una posición fundamentalista.

En cuanto a peleas y maltratos con representantes de instituciones, y actuaciones a espaldas de las normativas municipales vigentes, es arbitrario que la juzgadora sostenga dichos extremos sin indicar y precisar la normativa específica que requiere la imputación.

No se probó la falta de los deberes de funcionario público, ya que si eso sucedió era deber efectuar la denuncia penal, y no se hizo en los tres meses y fracción en que el querellante actuó como delegado.

En relación a los aparentes intentos de acoso sexual a empleadas municipales, el trabajo pericial concluyó que la posibilidad de intento de acercamiento de un hombre a una mujer no es indicadora por sí misma de patología en ese aspecto.

D.A. y D., no tenían ningún tipo de relación jerárquica con R., ya que dependían del municipio, tampoco sus relatos pueden encuadrarse en esa situación, sus denuncias fueron efectuadas tres meses después de sucedidos los hechos y las damnificadas mostraron una situación de enemistad hacia el nombrado, siendo igual el caso de M.A.K.

Las declaraciones efectuadas que dieran origen a la investigación preparatoria adjuntada como prueba, concluyeron con una resolución de la fiscal, de fecha 7 de mayo de 2002, donde se dijo que las manifestaciones vertidas por las nombradas no determinan una actitud de su parte que pueda ser objeto de reproche legal, en virtud de ello y las conclusiones periciales arribadas, de las que infieren que la conducta no era constitutiva de acoso sexual, las denunciantes no instaron la acción en su contra.

Por tanto, la conclusión del sentenciante a este respecto no es derivación razonada del derecho vigente ni de las constancias de la causa ya que da por demostrados los intentos de acoso sexual.

En síntesis, considera que media errónea aplicación del artículo 111 inciso 1ro. del Código Penal; arbitraria y absurda apreciación de la prueba al tener por acreditada la veracidad de los dichos injuriosos, y auto contradicción, ya que por un lado se concluye en la existencia material de los hechos, y por otro lado en la verdad de las frases injuriosas proferidas, en evidente incongruencia lógica.

Por tanto pide se anule la sentencia dictada, con reenvío a nuevos jueces que realicen otro debate, y condenen al querellado, haciendo lugar a la demanda civil intentada en su contra, con costas.

Los letrados de la querella, llegan en casación, por derecho propio, contra la imposición de costas en el orden causado, denunciando errónea aplicación de los artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal, 111 del Código Penal, y violación del artículo 16 de la Constitución Nacional, solicitando se case la sentencia condenándose al querellante al pago de las costas, además de...

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