Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 21 de Abril de 2005, expediente 0 00296479

Fecha de Resolución21 de Abril de 2005
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

FERNÁNDEZ,R. c/IBARRA,

J. s/disol. de sociedad

causa 96.479 (J. 14)

-----------------------

REGISTRO Nº:

En la ciudad de San Isidro, a los 21 días del mes de abril de dos mil cinco, se reunieron en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, doctores J.I.K., R.A.B. y D.M., para dictar sentencia definitiva en el juicio: "FERNÁNDEZ, R.C. c/IBARRA, J. s/disolución de sociedad de hecho (causa 96.479)". Practicado el sorteo, resultó deber observarse el siguiente orden: MALAMUD – KRAUSE - BIALADE; y plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ¿Procede la apertura a prueba solicitada?

  2. En caso contrario ¿es justa la sentencia apelada?

  3. ¿Qué pronunciamiento corresponde?

V O T A C I O N

A la primera cuestión, el J.M. dijo:

En fs. 122, se tuvo a la actora por desistida de la prueba pericial que propusiera a fs. 33 y se ordenara a fs. 55.

Expresando agravios, la actora solicitó que este Tribunal “a efectos de dar un real sentido de justicia, por imperio de la realidad, permita la apertura a prueba de la presente acción, a efectos de producirse la prueba pericial contable oportunamente ofrecida por la actora y consentida por la demandada” (fs. 171).

Pero el pedido de replanteo de pruebas en la Alzada debe ser fundado, con una crítica concreta y razonada de la resolución desestimatoria o de la negligencia o desistimiento declarados en la primera instancia, señalándose los errores en que habría incurrido el juez, en forma similar a lo que ocurre con la expresión de agravios (arts. 255 inc. 2º, 260, 377, 383 i.f. del CPCC.; FENOCHIETTO-ARAZI, "Código...", I-828).

Y con lo antes transcripto no se hace tal crítica.

Voto por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Jueces doctores K. y B., por iguales consideraciones, votaron también por la negativa.

A la segunda cuestión, el J.M. dijo:

No está en cuestión el concubinato que hubo entre las partes desde 1975 y hasta 1998, ni que a la pareja sustentara la explotación del comercio que pertenece al demandado desde antes de dicha convivencia. Tampoco negó el demandado que la actora desplegó “distintas tareas en el negocio y para el negocio”, pero, en tanto la sra. F. las atribuyó a la existencia de una sociedad de hecho –cuya disolución pretende-, el sr. I. afirmó que se debieron a una relación de dependencia.

El concubinato permite presumir una comunidad de intereses. Pero ésta no hace presumir que haya una sociedad de hecho, a lo que no equivale. En la inteligencia de no estar demostrados por la actora los fundamentos de hecho de su demanda, el señor J. anterior, en sentencia dada a fs. 157/170, la rechazó.

La actora expresó agravios a fs. 169/171.

1

Hay sociedad cuando dos o más personas se hubiesen mutuamente obligado, cada una con una prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre sí, del empleo que hicieren de lo que cada uno hubiere aportado (art. 1648 C. Civil).

Y es “de hecho” aquélla que carece de toda instrumentación, por haber sido su contrato celebrado verbalmente. Y, si bien es cierto que cuando ha existido una relación concubinaria entre los supuestos comuneros no existe disposición legal alguna que imponga un criterio restrictivo para apreciar la prueba de la alegada sociedad de hecho, tampoco hay fundamento suficiente para sostener que ese criterio deba ser liberal (S.C.B.A., Ac. 42.400 del 27-11-90).

Al permitir demostrarla mediante “...los hechos de que resulte su existencia, aunque se trate de valor excedente a la tasa de la ley ...”, el art. 1665 del C. Civil no es taxativo sino meramente ejemplificativo, admitiendo por implicancia la prueba testifical, cuanto más si existe principio de prueba por escrito.

Ello porque el principio del art. 1193 del C.C. sólo es absoluto cuando se pretende probar el contrato mismo, pero no cuando lo que se intenta acreditar son hechos que -exteriorizando la actuación de las partes- descubren que ha mediado el acuerdo de voluntades que la ley exige para que el contrato exista y que el mismo encuadra en alguna de las excepciones a que se refiere el art. 1191 del mismo código y en tales supuestos todas las pruebas son admisibles (SCBA., Ac. 32.637 del 3-7-84).

Tal principio de prueba por escrito se configura con el instrumento de fs. 12 –cuya firma se atribuyó al demandado-, porque éste no negó su autenticidad al contestar el traslado de la demanda (fs. 44/48), lo que impone tenerlo por él reconocido (art. 354 inc. 1º CPCC).

En aquél –de fecha 20-2-1998, o sea, coetáneo a la separación de los amancebados- la sra. F. cedió al sr. I. sus derechos sobre un inmueble, adquirido en forma conjunta mediante boleto de compraventa, autorizando al cesionario a escriturarlo a su exclusivo nombre o a (al de)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR