Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2004, expediente 0 00289113

Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2004
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

En la ciudad de San Isidro, a los 30 días del mes de septiembre de dos mil cuatro, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, doctores J.I.K., R.A.B. y D.M., para dictar sentencia en el juicio: "M., M.I. c/ CASTRO, C.H. s/ rendición de cuentas y daños y perjuicios (causa 89.113)". Practicado el sorteo, resulta deber observarse el siguiente orden: D.. M., B. y K.; y plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ¿Es justa la sentencia apelada?

  2. ¿Qué pronunciamiento corresponde?

V O T A C I O N

A la primera cuestión, el J.M. dijo:

Por sentencia que se pronunciara a fs. 70/72, confirmada por esta Sala a fs. 205/206, se condenó al abogado demandado a rendir cuentas de las sumas percibidas como apoderado de la actora en el juicio que siguiera contra “Transportes Atlántida S.A.”.

Abierta así la restante etapa del litigio, y luego de su sustanciación, recayó la sentencia de fs. 267/271, que aprobó en 67.558 dólares el saldo al 31 de enero de 1991, condenando al demandado a su pago con intereses moratorios calculados a la tasa del 6% anual a partir de esa data.

Fue impugnada por el demandado con la memoria de fs. 281/298, contestada a fs. 304/306.

El apelante sostiene en fs. 282vta. que, por razón de congruencia, cabe la nulidad de la sentencia, recurso comprendido en el de apelación como edicta el art. 253 CPCC.

Pero comprensibles fundamentos de economía procesal imponen abstenerse de pronunciar la nulidad de la sentencia apelada cuando, en virtud de la recuperación plena de la jurisdicción, la Cámara puede decidir directamente la cuestión pendiente, porque si habría de dictarse nuevo pronunciamiento por un juez distinto se contravendrían aquellos principios cuando el recurrido puede enmendarse por medio de la apelación interpuesta y fundada (arts. 34 inc. 5º "e", 273 CPCC; I.F., "Tratado de los Recursos", 4ª ed., pág. 212).

1

I.-): La señora Juez anterior juzgó extinto al pacto de cuota litis opuesto por el demandado, y desestimó que éste tuviera mandato para administrar fondos de la actora. Rechazó entonces la rendición de cuentas de fs. 176/186 y consideró que lo entregado por el tercero al doctor C. ascendió a u$s. 95.808 en concepto de capital, por donde, descontando las daciones hechas a la actora, profirió la condena que reseñé en proemio.

II.-): En la demanda por rendición de cuentas, quien la promueve deduce su pretensión a que se declare que el demandado está obligado a rendirle cuentas de una determinada gestión, peticionando que se lo condene a hacerlo dentro de un plazo (FERNANDEZ-GOMEZ LEO, "Tratado...", II, 210). Semejante proceso es, en propiedad, la primera etapa de la rendición de cuentas, abriéndose la segunda en el caso de que la sentencia admita la demanda (FASSI, "Código Procesal...", 2ª ed., vol.3, núm. 3705; M. y otros, "Códigos...", 1ª ed., vol. VII, pág. 405).

Ello empero, y atento a lo convenido en la audiencia celebrada en 8-8-2001 (fs. 60), el demandado –que hiciera depósito judicial de 19.170 dólares en fs. 61-, presentó sus cuentas en fs. 176/187, anejando a éllas los documentos que las respaldarían, según considerara.

III.-): Es de examinar, entre éllos, el pacto de cuota litis de fs. 82, con miras a la indemnización reclamada en el juicio “MAYANS de BUSTOS, M.I. c/Transportes Atlántida S.A.C. s/daños y perjuicios (causa D-48.920)”, promovido en 3 de octubre de 1986, y firmado en la misma fecha que la escritura de poder general para asuntos judiciales empleada en aquél (fs. 6/8) y cuyo testimonio rola en fs. 79/81 (1-9-1986).

El pacto nunca fue presentado en dicho juicio –lo que era privativo del interesado (art. 4º inc. “e”, decr. ley 8904)- pero sí en éste, in extremis y frente al pedido de rendición de cuentas, en octubre de 2001, quince años después de celebrado (fs. 186).

En lo que ahora interesa, se estipuló entonces que el abogado tomó “a su cargo los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas causídicas del adversario”, desobligándose a la comitente por tales conceptos, y conviniéndose en remunerar al doctor C. con el cincuenta porciento (50%) del resultado del juicio (cláusula 2ª).

En fs. 213/215, la actora pidió su nulidad y, ad omnium eventum, que se lo morigere de modo que su deuda no exceda de la tercera parte de lo que se obtuviera. El demandado confutó tales pretensiones, oponiendo asimismo la prescripción de su planteo (fs. 258/263), siendo oída la actora a fs. 265/266.

Para la señora J. anterior fue inconducente pronunciarse al respecto, entendiendo que, habiendo pedido el dr. C. regulación de sus honorarios en la causa D-48.920, resulta ipso iure anulado el pacto por aplicación del art. 8 del decr. ley 8904.

No comparto tal criterio.

Como se desprende de dicho litigio antecedente, la sentencia dada en 24-11-1989 condenó a la demandada y a su asegurador a pagar a la sra. M. la cantidad de 20.150.000 australes, con costas (fs. 103vta.). Por ello, la regulación pedida en fs. 106 y practicada en fs. 109 y fs. 119 hizo líquida una obligación legalmente impuesta a tales vencidos (arts. 68 y 77 CPCC), ajena al contrato entre la vencedora y el doctor C.. Y la relación jurídica que vincula al letrado con su cliente en razón del convenio de honorarios es independiente de la existente entre ese letrado y la parte contraria condenada en costas. Ambas acreencias, si bien cuentan con un acreedor común, poseen deudores distintos y causas diversas (SCBA., Ac. 73.136 del 5-7-2000).

No es entonces del caso la previsión del art. 8º del arancel: fuera de la cuota litis, son de propiedad exclusiva del abogado los honorarios que, en concepto de costas, deba pagar la parte contraria (art. 4º inc. “d”, decr. ley 8904), y el pedido de regulación judicial de los honorarios solo implica la renuncia al convenio o pacto cuando aquélla fuere a cargo del cliente con quien se suscribió (BERIZONCE - MENDEZ, "Honorarios", ed. 1979, pág. 47).

2

I.-): Otros fundamentos me llevan a parecida solución.

En el pacto de cuota litis, la remuneración del abogado por su cliente vencedor -y sin perjuicio del referido derecho del primero a las costas a cargo del adversario vencido- no puede exceder de la tercera parte del resultado líquido del juicio (art. 4º inc. “b” del arancel). Pero hace excepción a dicha limitación, pudiendo entonces alcanzar hasta la mitad de tal resultado, que el profesional tome a su cargo los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas causídicas del adversario (inc. “c”).

Siendo difícilmente concebible tal pacto una vez disipado el factor aleatorio que, sobre el resultado del litigio...

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