Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 6 de Junio de 2023, expediente FBB 009255/2022/CA001

Fecha de Resolución 6 de Junio de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 9255/2022/CA1 – S.I.–.S.. P.B.B., 6 de junio de 2023.

VISTO: El expediente nro. FBB 9255/2022/CA1, caratulado: “CATENA, M.C., c/

Anses, s/ Reajustes varios”, originario del Juzgado Federal nro. 2 de Bahía Blanca, puesto al acuerdo

en virtud de las apelaciones interpuestas por las partes contra la sentencia dictada el 22 de febrero del

corriente.

El señor Juez de Cámara, L.S.P., dijo:

  1. La jueza de grado hizo lugar a la demanda interpuesta, declaró la inconstitucionalidad de

    la ley 24.463: 72, dispuso el recálculo del haber inicial y su posterior movilidad según las pautas

    establecidas en los fallos “Rúa”, “V., “M., “S. y “B., admitió la excepción

    de prescripción desde los dos años previos a la interposición del reclamo administrativo, declaró la

    inconstitucionalidad del art. 9 inc. 3 de la ley 24.463 para el caso en que las partes acrediten la

    confiscatoriedad que surge de su aplicación al presentar la liquidación de autos, aplicó el precedente

    Spitale

    , impuso las costas por su orden (ley 24.463: 21) y difirió la regulación de honorarios.

  2. El 22 de febrero apeló la parte actora, quien se agravia de que la sentencia omite

    expedirse en relación al pedido de aplicación de la doctrina establecida por esta Cámara en autos

    M..

    3. El 28 de febrero apeló la administración demandada, quien se agravia de que la sentencia

    declara la inconstitucionalidad de las normas que fijan topes máximos.

    4. Surge de las presentes actuaciones que la actora obtuvo su beneficio previsional de

    pensión derivada, como consecuencia del fallecimiento del Sr. G., quien se había jubilado

    conforme la ley 18.037.

    5. En primer término corresponde examinar el agravio esgrimido por la parte actora

    relativo a la omisión en que incurrió la sentenciante al no expedirse respecto a la constitucionalidad

    de la ley 27.541 que declaró la emergencia pública en materia previsional y suspendió la aplicación

    de la movilidad dispuesta por el art. 32 de la ley 24.241, y los decretos dictados en consecuencia.

    1. De manera previa a decidir, para una mejor comprensión de la cuestión traída,

    corresponde realizar una prieta enunciación de la normativa en crisis y de la que fuera emitida como

    resulta de aquélla.

    La ley 27.541 denominada Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco

    de la emergencia pública, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2019, declaró la emergencia

    pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética,

    sanitaria y social, y, además, delegó en el Poder Ejecutivo Nacional, las facultades comprendidas en

    dicha ley, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de

    delegación establecidas en el artículo 2°.

    El artículo 55 de la citada ley suspendió “por el plazo de ciento ochenta (180) días, la

    aplicación del artículo 32 de la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias

    , disponiendo que

    durante ese plazo “el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los

    haberes previsionales correspondiente al régimen general de la ley 24.241, atendiendo

    prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, hasta tanto una comisión creada a tal

    efecto proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales.

    Por decreto 542/2020 y debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del

    COVID19, se prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2020, la suspensión legalmente dispuesta.

    Como consecuencia de la ley antes reseñada, se dictaron los decretos 163/2020, que

    dispuso, para marzo 2020, un aumento del 2,3% más un monto fijo de $1.500; 495/20, que

    Fecha de firma: 06/06/2023

    Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.D.A., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: M.A., Secretaria Federal #36909444#370883986#20230531105621290

    Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 9255/2022/CA1 – S.I.–.S.. Previsional reconoció, para junio 2020, un aumento de 6,12% para todas las jubilaciones; 692/2020 que otorgó,

    para septiembre 2020 un aumento del 6,12%; y 899/2020, que confirió en diciembre 2020 un 5% de

    incremento.

    Finalmente, el 5 de enero del 2021, la ley 27.609 modificó el art. 32 de la ley 24.241,

    finalizando así el período de suspensión dispuesto por la ley 27.541.

  3. Corresponde destacar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la

    ultima ratio del orden jurídico. La movilidad jubilatoria es un derecho consagrado en el art. 14 bis de

    la Constitución Nacional, respecto del cual debe garantizarse su efectivo cumplimiento. Este

    derecho, como todas las normas constitucionales, debe ser ejercido conforme a las leyes que lo

    reglamentan y en armonía con los demás derechos individuales y atribuciones estatales establecidas

    con igual jerarquía por la misma Ley Fundamental (Fallos: 308: 2246).

    Debe señalarse que no existe un derecho adquirido a mantener en el tiempo una

    determinada fórmula de movilidad jubilatoria, toda vez que ésta puede mutar de conformidad con la

    evolución de diversas variables coyunturales (v. CSJN, “C., C. c/Anses s/Reajustes por

    movilidad”, sent. del 24/4/2003, “Brochetta, R.A. c/Anses s/Reajustes por movilidad”,

    sent. del 8/11/2005 y “A.A.D. c/Anses s/Acción declarativa”, sent. del 30/5/2006,

    USO OFICIAL

    entre otros), siempre que, claro está, ese cambio de formula no implique confiscatoriedad en los

    haberes o regresividad en los derechos.

  4. Teniendo en cuenta lo anteriormente reseñado, y dentro del marco de los agravios

    invocados por la quejosa, considero que el dispositivo legal bajo análisis no resulta cuestionable.

    Como consecuencia de la emergencia pública declarada, el Poder Legislativo resolvió

    suspender la aplicación de la movilidad legal, delegando por un tiempo determinado en el Poder

    Ejecutivo la facultad para fijar trimestralmente el incremento de los haberes...

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