Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 22 de Abril de 2019

Fecha de Resolución22 de Abril de 2019
EmisorCorte Suprema de Justicia
Cita248/19
Número de CUIJ21 - 51724 - 8

Reg.: A y S t 289 p 413/420.

Santa Fe, 22 de abril del año 2.019.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la representación técnica de la Presidenta del Colegio de Psicólogos de la 1° Circunscripción de la Provincia de Santa Fe contra la resolución 1017, del 23 de octubre de 2017, dictada por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial, doctores B.N., G.B. y P.M., en autos "CATALANO, MARÍA BELÉN -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS: 'CATALANO, MARÍA BELÉN S/ APELACIÓN RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ÉTICA DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS RESOLUCIÓN QUE APLICA SANCIÓN DE APERCIBIMIENTO PÚBLICO Y SUSPENSIÓN DE MATRÍCULA' (EN CARPETA JUDICIAL 'EMBÓN, MIRNA Y OTROS S/ SU DENUNCIA' EXP. 4/2015; TRIBUNAL DE ÉTICA DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE SANTA FE) (CUIJ N° 21-07010243-6)" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-0051724-8); y,

CONSIDERANDO:

  1. En la presente causa, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial, doctores B.N., G.B. y P.M., por acuerdo 1017, del 23 de octubre de 2017, declararon la nulidad de la resolución apelada, dictada el 31 de marzo de 2017 por el Tribunal de Ética Profesional y Disciplina del Colegio de Psicólogos de la Primera Circunscripción de la Provincia de Santa Fe, que había aplicado a la psicóloga M.B.C. la sanción de apercibimiento público y suspensión de la matrícula por el término de seis meses (fs. 13/26 y 2/10, respectivamente).

  2. Contra tal pronunciamiento, la representación técnica de la Presidenta del Colegio de Psicólogos de la 1° Circunscripción de la Provincia de Santa Fe interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 31/42).

    En primer lugar, sostiene que la decisión cuestionada reviste carácter definitivo, en tanto fue dictada en juicio que no admite otro ulterior sobre el mismo objeto. Invoca asimismo gravedad institucional, en el entendimiento de que lo resuelto menoscaba y desnaturaliza el efectivo contralor del ejercicio de la profesión de sus matriculados que corresponde al Colegio de Psicólogos.

    Cuestiona la nulidad declarada por la Alzada, aduciendo que, a diferencia de lo manifestado por los Jueces, sí hubo actividad acusatoria y la profesional pudo presentar su descargo. Refiere que ésta no hizo ninguna mención al incumplimiento del artículo 19 del Reglamento, formuló la defensa de su comportamiento en relación a cada una de las acusaciones realizadas por los profesionales del hospital y, de ese modo, saneó cualquier vicio procesal que pudiera existir. Considera de mala fe que la representación técnica de la psicóloga advirtiera el error del Colegio pero no dijera nada, especulando -entiende- con una nulidad que podría haber sido evitada.

    1. de arbitrario, infundado y contradictorio al fallo impugnado, con base en que los Magistrados consideraron que el Tribunal de Ética Profesonal y Disciplina había omitido realizar la "acusación" -violentando el debido proceso y el derecho de defensa- y anularon la resolución, pero luego le otorgaron validez a actos realizados con posterioridad al que había dado lugar a la nulidad insalvable referida, entendiendo que ellos no violaban el derecho de defensa. Agrega que además, el A quo prescindió de ordenar el reenvío de las actuaciones e indicar clara y válidamente desde que acto debía retomarse el procedimiento administrativo. Asimismo, señala que se excluyó arbitrariamente prueba incorporada al expediente y que podría ser tenida en cuenta por el Tribunal de Ética Profesional y Disciplina y por la denunciada al momento de retomarse el proceso.

    Expresa que si la Cámara juzgó que el acto que debió realizar el Colegio era nulo e insalvable, debió haber ordenado el reenvío de acuerdo a lo previsto en los artículos 31 de la ley 11330 y 404 del Código Procesal Penal. Afirma que tal omisión de los Judicantes le causa un perjuicio irreparable, ya que cercena la posibilidad de continuar con la actividad jurisdiccional propia del Tribunal de Ética Profesional y Disciplina y genera un estado de incertidumbre que lo coloca en una situación de indefensión, exponiéndolo a incurrir en nuevas nulidades, contrariando los principios de tutela administrativa efectiva, verdad material, economía procesal y debido proceso.

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