Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 9 de Noviembre de 2009, expediente 92.553/2001

Fecha de Resolución 9 de Noviembre de 2009

PODER JUDICIAL DE LA NACION.

En Buenos Aires a los 9 días del mes de noviembre de 2009, reúnense los señores Jueces de la S. D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “D.C.C.J.

contra GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.A. sobre ordinario"

Registro N° 92.553/2001, procedente del JUZGADO N° 26 del fuero (SECRETARIA N° 51), donde está identificada como expediente 40.932,

en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, D.: D., V. y H..

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿ Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor J. de Cámara, Doctor Juan José

D. dice:

  1. Que corresponde conocer los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte actora cuanto por la demandada General Motors de Argentina S.A. y por la tercera citada D.E.M. de C. contra la sentencia dictada en fs. 522/533 que hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por C.J.D.C. y condenó a General Motors de Argentina S.A. y a D.E.M. de C. a entregar a aquel el certificado de importación expedido por la Administración Nacional de Aduanas correspondiente al motor n° 2JA081T19155, y a pagar en el término de diez días la suma de $ 15.000 en concepto de privación de uso, con costas, y rechazó la pretensión por resarcimiento de daño moral. Los agravios fueron expresados por la parte actora en fs.

    552/556, por la tercera citada en fs. 557/561 y por la parte demandada en fs. 564/570, y contestados únicamente por la tercera citada en fs. 572/573

    los de la actora y en fs. 576/581 los de General Motors de Argentina S.A.

    La Sra. Fiscal de Cámara se expidió en fs. 584/585.

    1. Los antecedentes del proceso fueron adecuadamente reseñados en la sentencia apelada, sin perjuicio de lo cual es oportuno puntualizar que el objeto mediato de la pretensión del actor fue el de obtener el cumplimiento del contrato de compraventa y la reparación de los daños y perjuicios que le ocasionó la conducta antijurídica de la demandada, los que estimó en la fecha de la demanda en $ 6.250.

    b) La señora juez de la primera instancia fundó su decisión en encontrarse probada la cadena de comercialización invocada por el actor,

    sin que la demandada hubiera acreditado que la compraventa se inscribía en una operatoria regular, pues existió en este caso una específica venta por parte del fabricante del motor al operador mayorista y de éste al comerciante minorista. Consideró que es aplicable al caso la ley nro.

    24.240, y que no se trata de uno de los supuestos contemplados por el art.

    40 de la ley citada sino por el art. 10 bis que establece la responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato y que si bien esa norma no prevé la solidaridad de los responsables tampoco la excluye,

    por lo cual aquella dependerá del sistema de comercialización que adopte el importador del bien, quien debe responder ante los clientes perjudicados que eligieron contratar con los concesionarios en función de la marca y del prestigio del producto ofrecido. Consideró asimismo que la demandada estaba obligada a transferir el dominio del motor con toda la documentación necesaria para su inscripción en el registro respectivo; y que si bien no existe contrato "stricto sensu" entre el actor y aquella, los efectos de la relación son los mismos en razón de las manifestaciones tácitas de la voluntad, pues el fabricante ofrece el bien y acepta su responsabilidad al introducirlo en el mercado y la ley 24.240 no distingue entre responsabilidad contractual o extracontractual sino que menciona a todos los intervinientes como responsables de una indemnización única y solidaria, y en tanto no se encuentra acreditada la entrega a la distribuidora del certificado de importación correspondiente, la importadora deberá

    responder ante el reclamo del actor. También reputó probado la señora juez que el actor no pudo utilizar el vehículo para el cual había adquirido el motor y que si bien no hay elemento alguno que permita determinar los gastos de traslado en que habría incurrido el peticionario, al estar probada la responsabilidad de la demandada estimó la indemnización por este concepto en la suma de $ 15.000 en la fecha de la sentencia. En cuanto a la pretensión de indemnización por reparación del daño moral entendió la señora juez que no se aprecia una necesaria vinculación proporcional entre el daño moral y el perjuicio alegado, pues el daño moral existe cuando se lesionan derechos que son extraños a valores económicos, por lo que su reparación queda librada a la legítima discrecionalidad del juez quien apreciará su procedencia con cierta estrictez, poniendo a cargo de quien lo reclama la prueba concreta, y en tanto de la producida en el proceso no surgen acreditados los extremos que permitan justificar esta indemnización se impone rechazarla.

    c) Los agravios de la parte actora consisten, sustancialmente, en que:

    I) Es exigua la suma reconocida como indemnización por privación de uso pues las contestaciones de oficios de distintas agencias de alquiler de automóviles demuestran una valuación en el mercado del costo de su reemplazo, a lo que debe agregarse que no fueron fijados intereses de ningún tipo ni anteriores ni posteriores a la sentencia, por lo que debió

    admitirse el valor actual del alquiler del automóvil o el que fue acreditado en el proceso con mas la actualización por variación del costo de vida desde la fecha del informe más los intereses.

    II) Contrariamente con lo expuesto en la sentencia de primera instancia, los testimonios brindados en el proceso acreditan los padecimientos que debió pasar como consecuencia del incumplimiento de la demandada, así como la cuantía del daño moral padecido, oportunamente estimado en la demanda en $ 1.000.

    d) Por su parte la tercera citada D.E.M. de C. expresó agravios con fundamente en que:

    I) Si bien fue acreditada la cadena de comercialización entre la demandada, su distribuidora, la apelante y el actor, tal prueba no implica atribuirle responsabilidad por el perjuicio sufrido por el comprador pues la venta del motor a este último fue excepcional y cumplió con todos los pasos que requiere una compraventa mercantil al haberlo entregado con la totalidad de la documentación que poseía y que fue otorgada por General Motors Argentina S.A. a D.S. Por el contrario, la única responsable de proveer a sus compradores la documentación válida para efectuar los trámites de inscripción es la aquí demandada.

    II) La señora juez aplicó estrictamente la ley de defensa del consumidor, a pesar de no haber sido invocada por el actor al interponer su demanda.

    III) La señora juez, basándose solamente en una cadena de responsabilidades, omitió aplicar el plazo de garantía previsto por el art. 11

    de la ley 24.240 así como también la disposición del último párrafo del art.

    40 de esa ley en cuanto establece que se librará total o parcialmente de responsabilidad a quien demuestre que la causa del daño le fue ajena, tal como sucedió con la apelante quien acreditó que el daño sufrido por el actor fue generado únicamente por la responsable de entregar la documentación.

    IV) Peticionó finalmente que se ordenara librar un nuevo oficio al síndico de D.S. para que se expidiera respecto de la autenticidad del certificado perteneciente a General Motors de Argentina S.A. y que informara los motivos por los que se le entregó, pues si bien en la etapa oportuna esta medida fue producida el informe resultó insuficiente.

    e) Finalmente, los agravios expuestos por la demandada se sustentan en que:

    I) La señora juez calificó su responsabilidad como contractual pese a no haber celebrado ningún contrato con la actora ni con C.S.M., sino que esta actuó por cuenta propia por lo que es a ella a quien el actor debió demandar.

    II) También fue ajena a las operaciones de venta realizadas por Distriret Motors en tanto el distribuidor es un empresario comercial que actúa por su cuenta, por lo cual es quien debe soportar las consecuencias de las operaciones celebradas con terceros.

    III) El señor juez “a quo” invirtió erróneamente la carga de la prueba al sostener que debió haber demostrado la entrega del certificado de fabricación del motor.

    IV) También se aplicó erróneamente la ley de defensa del consumidor,

    pues de su art. 10 surge que el presupuesto para poder responsabilizar a un sujeto en los términos de esa norma es la existencia de oferta o contrato.

    V) Es inexacto que hubiera quedado probada la privación de uso reclamada por el actor, sino que de la prueba producida surge que el motor en cuestión no fue utilizado y que no se pudo acreditar que hubiera sufrido algún desgaste.

  2. - Teniendo en cuenta los fundamentos de los agravios de las partes,

    y por un mejor orden metodológico, es conveniente alterar el orden en que fueron expuestos para tratar en primer término en forma conjunta los correspondientes a la demandada y a la tercera citada en cuanto cuestionan la atribución de responsabilidad, y en caso de ser rechazados examinar los argumentos de aquellas y de la parte actora con relación a la pertinencia y cuantía de las indemnizaciones pretendidas por reparación de daños y perjuicios.

    1. Previamente, corresponde merituar la petición de la tercera citada con relación al libramiento de un nuevo oficio al síndico de la quiebra de D.M., puesto que sin perjuicio de haber resultado insuficiente la información proporcionada en la contestación de fs. 365, lo cierto es que la oportunidad procesal para que la ahora peticionaria solicitara un nuevo libramiento de oficio para la finalidad requerida, fue la de los cinco días siguientes a la notificación por ministerio de la ley de la providencia de fs.

    366 (c.p.c. 403).

    b) Asimismo, también resulta improcedente el argumento de la tercera citada acerca de no ser pertinente la...

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