Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 1 de Abril de 2009, expediente L 88788

PresidenteSoria-Pettigiani-Kogan-Genoud-de Lázzari
Fecha de Resolución 1 de Abril de 2009
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 1 de abril de 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., P., K., G., de L.,se reúnen los señores jueces de la S.rema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 88.788, "Castillo, G.U. contra R., R. y otro. Despido".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo nº 3 de Lomas de Z. rechazó la tercería deducida porL.M. S. , con costas (fs. 310/313 vta.).

Contra el decisorio interpone la incidentista recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 321/324).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la S.rema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

  1. A fs. 278/281 vta. promueve tercería de mejor derecho la señoraL.M.S. , ex cónyuge del codemandadoX. , solicitando la suspensión de la subasta ordenada a fs. 183 y el levantamiento del embargo sobre el 50% de su porción indivisa.

    Alega, que con la disolución de la sociedad conyugal -de fecha anterior al reclamo del actor- el derecho en expectativa de cada cónyuge sobre la mitad de los bienes gananciales se transforma en objeto de copropiedad de ambos y por ello las deudas personales y comunes de cada uno deben ser afrontadas con los bienes propios y la mitad de los gananciales.

    Agrega, que si bien la publicidad registral -de efecto declarativo- hace a la seguridad jurídica no existe norma legal que imponga su obligatoriedad. Sostiene que el accionante no debió embargar el 100% del inmueble porque tenía conocimiento de la disolución de la sociedad conyugal y que, a todo evento, debió subrogarse en los derechos del codemandadoX. y pedir la partición.

  2. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la tercería promovida porL.M.S. sustentada en su condición de copropietaria del 50% del inmueble cuya subasta fue ordenada a fs. 183.

    Esencialmente consideró: (a) que no se encontraba acreditada la liquidación de los bienes que integraban la sociedad conyugal luego del divorcio (v. fs. 25 y vta. expte. "X. ,R. y otra s/divorcio mutuo", agregado por cuerda); (b) que el inmueble a subastarse es de propiedad del codemandadoR.R.X. y aún cuando aquél fue adquirido durante el matrimonio, responde por las deudas que posea su titular (Archivo de Protocolos Notariales, segunda copia escritura de compraventa obrante a fs. 197/199; art. 5, ley 11.357); (c) que al encontrarse la masa de la sociedad conyugal en una etapa de indivisión postcomunitaria, los acreedores no pueden ver alterada su garantía (arts. 2505 del C.igo Civil; 5 y 6 de la ley 11.357; fs. 311 y vta.); (d) que sin perjuicio de que a partir de la disolución del vínculo marital los bienes gananciales pasan a ser individualmente objeto de condominio o copropiedad, esta comunidad no es oponible a los terceros mientras no se inscriba en los registros correspondientes y (e) que el cónyuge no titular de un bien ganancial (que sólo tiene un derecho eventual sobre aquél) no puede impedir que el mismo sea ejecutado íntegramente por los acreedores del titular.

  3. Contra esta decisión se alza la tercerista denunciando que "los fundamentos del Tribunal de Trabajo son erróneos y violan la ley aplicable" (fs. 322).

    En lo sustancial, afirma que el art. 1276 del C.igo Civil consagra una diferencia discriminatoria a favor del marido, al conferirle la gestión de los bienes cuyo "origen" no puede determinarse o es de dudosa prueba, tal como el bien embargado en autos, lo que resulta contrario al inc. "h" primer párrafo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, incluida por el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional (fs. 322 vta.).

    En su visión, arguye que deben reputarse "que pertenecen a los cónyuges pro indiviso por mitades los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos pueda justificar la propiedad exclusiva, con la consiguiente administración y disposición conjunta de ambos" según las normas del condominio (fs. 323 y vta.).

    Sostiene que el tribunal de trabajo omitió tener en cuenta que la deuda que originó el embargo y la orden de subasta es personal de su ex cónyuge, contraída con posterioridad a la sentencia del divorcio vincular y una vez disuelta la sociedad conyugal. Por ello ratifica que el acreedor de su ex esposo no puede ejecutar su mitad indivisa, y que en todo caso debió optar por cobrarse de los bienes propios de su deudor o esperar a que concluya la liquidación de los gananciales, gozando al mismo tiempo de la facultad de pedir la partición por vía subrogatoria (fs. 323 vta.).

  4. En mi opinión, el recurso debe ser rechazado.

    1. Conforme las posiciones...

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