Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 12 de Agosto de 2010, expediente 29.523/06

Fecha de Resolución12 de Agosto de 2010

Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario”

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 16.471

EXPTE.Nº 29.523/06 - SALA IX – JUZGADO Nº 9

En la ciudad de Buenos Aires, el 12 de agosto de 2010, para dictar sentencia en los autos caratulados “CASTILLO, ANTONIO C/GAMBA, G.D.P. Y OTROS

S/ACCIDENTE-ACCION CIVIL”, se procede a votar en el siguiente orden:

El D.M.S.F. dijo:

I – La sentencia de primera instancia, mediante la cual se rechazó la demanda, es apelada por el actor según los términos de fs.921/923 que fueron replicados a fs. 931/vta.; 932/934 y 936/vta.

A fs. 925 Provincia ART S.A. apela los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, en tanto que los codemandados L. y M.C.N. recurren los asignados a sus letrados y a los peritos intervinientes, por estimarlos elevados.

A fs. 915 y 924, los peritos psicólogo y médico,

respectivamente, cuestionan sus honorarios por estimarlos reducidos.

A fs. 916 “in fine” y 925 “in fine”, los letrados de los codemandados L. y N. y de Provincia ART

S.A., respectivamente, apelan los emolumentos que les fueron asignados por estimarlos insuficientes.

II – En lo que atañe a la queja del demandante,

adelanto que tendrá recepción favorable con los alcances que a continuación expongo:

  1. En lo que concierne al reproche deducido por el rechazo del reclamo por despido, estimo que asiste razón al demandante, pues una atenta lectura del escrito de inicio permite verificar que más allá de haber denunciado que el codemandado O.E. habría sido un trabajador, lo cierto es que ello fue argumentado para justificar el reclamo bajo la imputación de simulación y fraude laboral pergeñada por los codemandados, a quienes el actor atribuyó también calidad de empleador. Ello, en modo Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario”

    alguno importó liberar al aquél de la responsabilidad emergente de tal accionar, máxime porque claramente imputó

    responsabilidad solidaria entre todos los demandados, según se desprende de lo expuesto a fs. 9/11vta. (cfr. art. 386,

    CPCCN).

    Desde esa óptica, entonces, corresponde atender a la crítica deducida respecto de la relación laboral denunciada en el inicio y en tal sentido, evaluar las pruebas reunidas a fin de dilucidar la responsabilidad que cabe asignar a los demandados respecto de tal vinculación.

    En ese orden de ideas, considero que existen suficientes elementos que acreditan que el codemandado O.E. fue quien asumió la calidad de empleador del actor, según puede verificarse de los siguientes elementos: a) recibo de haberes adjuntado a la demanda (obrante en sobre reservado), b) informe brindado por el Ministerio de Trabajo, del cual surge que el accidente sufrido por el actor fue denunciado por O.E. en su calidad de empleador (cfr. fs. 563/568) y c) la circunstancia de que la aseguradora reconoció abonarle al apelante por la incapacidad emergente de tal siniestro (cfr. fs. 377/vta.).

    A ello se suma que el mencionado O.E., incurrió en rebeldía al no contestar la demanda (cfr. fs. 463), aspecto que refrenda la denuncia del demandante acerca de la titularidad asumida por aquél, y la circunstancia de que no haya ejercido su derecho de defensa impide liberarlo bajo la circunstancia de que también fue un trabajador más que se desempeñó en la obra donde laboró

    aquél (cfr. arts. 377 y 386, CPCCN).

    Sentado ello, considero –al igual que fue expuesto en el fallo anterior- que los restantes codemandados carecen de la responsabilidad solidaria pretendida respecto de los incumplimientos derivados de la relación laboral, en atención a que ninguno de ellos es empleador de la construcción, ni dueño de la obra en los términos exigidos por la ley 22.250.

    Al respecto, ha quedado acreditado que la codemandada G. delP.G., fue la arquitecta contratada para el diseño del inmueble y en esa función Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario”

    cabe inferir que dio las indicaciones pertinentes que mencionan los testigos ofrecidos por el demandante, por lo que en atención a lo prescripto en el art. 2º de la ley 22.250, queda excluída del vínculo laboral denunciado.

    En tanto que los codemandados M.C.N. y C.D.L., son los propietarios del inmueble destinado a vivienda en el que laboró el actor y no existen elementos que acrediten su desempeño en la actividad de la construcción (cfr. fs.626/637 y 639/645);

    máxime cuando según el informe brindado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se verifica que el constructor,

    calculista y ejecutor estructural de la obra fue el ingeniero C.R. delC., quien no fue demandado en autos.

    Finalmente, en lo atinente al codemandado G.N., estimo que la queja carece de relevancia pues no se ha cuestionado en forma precisa el fundamento del fallo que consideró imputada una responsabilidad genérica en el escrito de inicio, que quedó

    desvirtuada por el análisis de las pruebas reunidas (cf.

    art. 116, ley 18.345).

    Ahora bien, teniendo en cuenta la rebeldía del empleador –Sr. O.E.- en los términos del art.

    71, ley 18.345 (cf. fs. 463), la falta de exhibición de libros laborales -que tornó operativa la presunción del art. 55, L.C.T.-, los dichos de los testigos ofrecidos por el demandante que avalan aquellos extremos (cfr. fs.

    542/545 y 548/553), corresponde admitir que el salario concertado fue de $ 1.500 mensuales –que resulta proporcionado con las modalidades labores cumplidas (cf.

    art. 56, L.C.T)-, que la categoría del actor fue la de “Oficial Albañil” y que la relación tuvo comienzo el 20/6/05 y que finalizó el 17/7/06; además, porque tales extremos no aparecen rebatidos por los restantes elementos colectados (cfr. arts. 377, 386, 445 y 456, CPCCN).

    En atención a...

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