Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA CIVIL II, 7 de Febrero de 2020, expediente FCB 013030031/2009/CA002 - CA001

Fecha de Resolución 7 de Febrero de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA CIVIL II

Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA

SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: “CASTELLANO, MARIO ROBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL

s/SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD”

En la ciudad de Córdoba, a siete días del mes de febrero del año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo de S. “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados:

CASTELLANO, MARIO ROBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL

s/SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

(Expte. N°:

13030031/2009) venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación jurídica de la parte actora, en contra del proveído de fecha 06 de mayo de 2019, dictado a fs. 247 por el señor Juez Federal N° 1

de Córdoba.

Puestos los autos a resolución de la S., los señores Jueces emiten su voto en el siguiente orden: A.G.S. TORRES- L.R.R.-

L.N..

El señor Juez de Cámara, doctor A.G.S.T., dijo:

I.V. los autos a estudio de la S. en virtud del recurso de apelación en subsidio interpuesto por la representación jurídica de la parte actora, en contra del proveído de fecha 06 de mayo de 2019, dictado a fs. 247 por el señor Juez Federal N° 1,

y en cuya parte pertinente no hizo lugar al embargo solicitado en virtud del art. 9 de la Ley 24.624.-

II. Una breve reseña de la causa permite señalar que la misma se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, planillas aprobadas y firmes desde el 9/2/2015 (fs.

172). Seguidamente, el Ejército Argentino acompañó opciones de diferimiento de pago Nros. 977/EP2016/17 (13/3/2015 – fs. 174) y 625/EP2016/17 (13/3/2015 – fs. 176). A

fs. 192 se aprueba la planilla de honorarios del Dr. U. A.Sansón (12/11/2015)

formulándose opción de diferimiento N° 733/EP2017/18 (22/12/2015- fs. 195). A fs.

233/234vta. esta S. “B” regula los honorarios del citado letrado por su actividad ante la Alzada y contestación del recurso extraordinario. A fs. 237/238 el Dr. Sansón solicita Fecha de firma: 07/02/2020

Alta en sistema: 27/02/2020

Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.N., PRESIDENTA

Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA

19642307#248763874#20200210102034098

embargo de fondos de la demandada en virtud de no haber cancelado la acreencia del actor, a cuyo fin el juez aquo pide informe al demandado sobre el estado del trámite (proveído del 17/9/2018) siendo ampliado el plazo y reiterada la intimación mediante proveído del 6/5/2019 y rechazada la solicitud de embargo (fs. 247).

A fs. 252/254vta. contesta intimación el Dr. Marquez (Estado Nacional)

informando que su parte dio cumplimiento a las leyes 23.982 y 25.344 e inició en tiempo y forma el procedimiento del art. 22 de la ley 23.982, expidiendo las opciones de diferimiento N° 625/EP2016/17 por la suma de Pesos Cuatrocientos quince mil trescientos cuarenta y cinco con cincuenta y siete ($415.345,57) y que el orden de antigüedad se establecerá atendiendo a la fecha del auto aprobatorio y/o de la resolución judicial que dispone hacer efectivo el pago. Que las sumas reconocidas integran el presupuesto 2019, ubicándose en el orden de prelación 2676 de un total de 8400 juicios.

Además, señala que siendo insuficiente el crédito por cada ejercicio presupuestario para cancelar las sentencias, se adoptaron previsiones para incluir en los subsiguientes anteproyectos presupuestarios los que no pudieron ser satisfechos, por lo que –luego de especificar los montos de cada ejercicio 2015/2016/2017/2018- el Jefe del Estado Mayor del Ejército solicitó refuerzo de crédito presupuestario que permite atender las sentencias.

La parte actora -en su apelación en subsidio- plantea que debió ordenarse la traba de embargo por incumplir el Estado Nacional con la opción diferimiento y el procedimiento establecido en la ley 11.672, al encontrarse cumplidos los requisitos establecidos por la CSJN en el precedente “C.. Afirma que la liquidación está firme y aprobada mediante decreto del 09/02/2015, es decir, más de 4 años, y cuestiona que los procedimientos administrativos puedan vulnerar el límite de lo razonable, violación al debido proceso y vulneración al derecho de la justicia en caso concreto.

Agrega que el Estado Nacional ejerció la opción de diferimiento el 13/03/2015 por lo que debía cancelar la acreencia en el ejercicio 2016 y según el art. 68

de la Ley 26.895, sólo podría diferir el pago de la condena al ejercicio siguiente, por lo que el pago debía materializarse en el año 2017. Considera erróneo el criterio del Fecha de firma: 07/02/2020

Alta en sistema: 27/02/2020

Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.N., PRESIDENTA

Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA

19642307#248763874#20200210102034098

Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA

SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: “CASTELLANO, MARIO ROBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL

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Tribunal de intimar al demandado a informar el estado del trámite, lo cual se hizo en dos oportunidades -el 17/9/18 y el 1/10/18- no cumpliendo con lo ordenado. Además,

que deviene en trámite abstracto porque el Ejército en otras actuaciones ha contestado que ha reprogramado el pago para el ejercicio 2019, pero no indica la fecha. Cita jurisprudencia y los arts. 19 y 20 de la ley 24.624. Reitera que la liquidación se aprobó

en 2014 y debió pagarse en 2016, y el Estado Nacional previó en el año 2015 que no iba a poder pagarlo y ejerció la opción de diferimiento para el año 2017, haciéndose evidente la falta de voluntad de pago. Cita el fallo “C.” de la CSJN y jurisprudencia de la S. “A” de este Tribunal. Pide hacer lugar a la apelación en subsidio y se revoque el proveído de marras. Hace reserva.

A fs. 255/260 contesta agravios el Dr. A.E.M.,

solicitando declarar desierto el recurso de apelación y subsidiariamente el planteo con fundamento en los arts. 19, 20 y 21 de la ley 24.624 que determinan la inembargabilidad de los fondos públicos, siendo un error de la actora sostener lo contrario. Cita jurisprudencia y normativa, y que el crédito fue reprogramado para el ejercicio 2019/2020. Cita los arts. 132 de la ley 11.672-modif. por 68 de la ley 26.895- y art. 170

de la ley 11.672. Afirma no existir morosidad del Estado Nacional y que el crédito por cada ejercicio resultó insuficiente para su cancelación. Pide el rechazo del recurso toda vez que el actor desconoce normativa de orden público y no acreditó perjuicio alguno.

Hace reserva del caso federal.-

  1. Ingresando al estudio del planteo esgrimido por la parte actora y sin perjuicio de la reseña formulada precedentemente que evidencia un prolongado y excesivo lapso de tiempo desde que fue aprobada la planilla de liquidación para el actor,

    no puede soslayarse que la cuestión relativa a la embargabilidad de la cuentas y/o fondos del Estado Nacional ha sido motivo de diversos pronunciamientos por la Corte Fecha de firma: 07/02/2020

    Alta en sistema: 27/02/2020

    Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.N., PRESIDENTA

    Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA

    Suprema de Justicia de la Nación, y cuyos lineamientos resulta pertinente traer a colación aquí para su mejor comprensión.-

    En autos: “C., G.A. -inc. ejec. sent.- y otros c/ EN - MO

    Defensa - Ejército - dto. 1104/05 1053/08 s/ proceso de ejecución.” (del 27/12/2016),

    el Alto Tribunal tuvo en cuenta: “…Que de acuerdo con conocida doctrina del Tribunal, el carácter meramente declarativo de las sentencias contra la Nación -establecido en el arto 7mo. de la ley 3952-, tiende a evitar que la administración pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento judicial por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. También señaló que ello no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales pues ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar por su observancia, y que no cabe descartar la ulterior intervención judicial para el adecuado acatamiento del fallo,

    en el supuesto de una irrazonable dilación en su cumplimiento (Fallos: 265:291;

    269:448; 277:16; 278:127; 295:426 y 297:467). Concorde con el criterio enunciado, el art. 22 de la ley 23.982, estableció un procedimiento que procura armonizar la administración racional de los fondos públicos y los derechos patrimoniales de los particulares debatidos en el ámbito de la justicia…”.-

    …Que en ese orden de ideas el art. 68 de la ley 26.895, incorporado como art. 170 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto -Lo. decreto 740/2014- fijó las pautas a las que deben someterse para su cancelación las condenas dinerarias a cargo del Estado Nacional…La norma establece que a falta de crédito presupuestario suficiente en el ejercicio en el que corresponde satisfacer el pago, el Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias para su inclusión en el ejercicio siguiente, para lo cual la jurisdicción deudora deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto.

    También dispone que las condenas serán satisfechas con los recursos que anualmente autorice el Congreso "siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de Fecha de firma: 07/02/2020

    Alta en sistema: 27/02/2020

    Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.R.R., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.N., PRESIDENTA

    Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA

    19642307#248763874#20200210102034098

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    SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

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