Un caso en Zárate reavivó el debate sobre la reacción de las víctimas del delito

 
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En una fracción de segundo, todo cambió para Daniel "Billy" Oyarzún. Mientras atendía a sus clientes, anteayer al mediodía, este carnicero de 37 años advirtió que dos motochorros armados habían entrado en su local de Zárate. Le apuntaron a su cuñada, que manejaba la caja, y le robaron toda la recaudación de esa mañana. Los ladrones escaparon en moto luego de hacer un tiro de advertencia, pero Oyarzún decidió ir tras ellos en su Peugeot 306. En la persecución le dispararon seis veces; los tiros no le dieron a él y, de milagro, a nadie más. Pero no frenaron a Billy, que los alcanzó en Echeverría y Antártida Argentina y los atropelló.

Él diría, más tarde, que sólo quería tirarlos para poder recuperar el producto de su trabajo, que le habían quitado. Pero aplastó con el auto contra un poste del semáforo a uno de los delincuentes, Brian González, de 24 años. Algunos vecinos que advirtieron qué pasaba completaron el cuadro: increparon y le pegaron al herido inerme, que murió horas más tarde en un hospital. Oyarzún quedó preso; un fiscal lo acusa de homicidio simple. Cientos de vecinos pedían anoche su libertad: consideran que actuó en legítima defensa y que, como ellos, reaccionó porque está harto de la inseguridad.

El caso reavivó una discusión que lleva años, pero que estalló hace tres semanas con el caso del médico Lino Villar Cataldo, que mató de cuatro tiros a un ladrón que quiso robarle el auto en San Martín: la delgada línea entre la legítima defensa y la reacción desmedida y letal que, sin adecuarse a las circunstancias eximentes previstas en el Código Penal, convierte a quien fue víctima de un asalto en autor de un crimen.

La situación fáctica y contextual encuentra explicaciones desde distintos ángulos y disciplinas. Desde las del derecho, que parten de los hechos a la tipificación, y las ciencias psiquiátricas y criminalística, que evalúan el estado mental de quien actúa en respuesta al estímulo violento del crimen precedente, hasta la filosofía, que revisa cómo en determinados casos y situaciones excepcionales una persona o un grupo social sienten que el Estado ya no los protege y, en consecuencia, deciden que tienen el derecho de suplantarlo y aplicar, a su modo -a veces, mortal-, las sanciones que creen que merecen los infractores.

Según especialistas consultados por LA NACION, la legítima defensa y la mal llamada "justicia por mano propia" son cosas muy distintas. "El origen de la autoridad pública da lugar a la expropiación de lo...

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