Caso Noble: otra prueba de manipulación judicial

Dos de los principios supremos del sistema republicano consisten en que el Poder Ejecutivo no debe entrometerse en el desarrollo de las causas judiciales y que los jueces deben ser independientes de aquél. Ambos principios han sido groseramente ignorados en el caso tramitado contra la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, acusada de la apropiación indebida de sus dos hijos adoptivos. En efecto, la escandalosa actuación de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado resulta demostrativa de la vulneración de los mencionados principios republicanos. Su falta de independencia fue palmaria durante todo el trámite judicial.Días atrás, esa magistrada, en la misma línea, rechazó el pedido de los defensores de la señora de Noble por el que solicitaban dar por concluida la investigación penal promovida en su contra, que lleva ya más de diez años de trámite. En fecha reciente concluyó la última etapa del examen de ADN ordenado sobre la base del material aportado por sus hijos adoptivos, Marcela y Felipe, por el que se concluyó que los nombrados no guardan vínculo genético con los grupos familiares que dejaron oportunamente muestras para su comparación en el Banco Nacional de Datos Genéticos.Como sucede en estos casos, esa comparación se hizo respecto de todos los grupos que la permiten. De manera que si respecto de algún caso determinado de todos los sometidos a examen no resulta posible efectuar un cotejo apto, la conclusión será que no existen evidencias para sostener la imputación que se ha efectuado respecto de la señora Noble, por lo que corresponde dar por concluida la investigación y cerrar la causa. Caso contrario, mantener a una persona permanentemente sospechada de la comisión de un grave delito a la espera de eventuales elementos de cotejo, cuando se han agotado los mecanismos razonables para obtenerlos, viola todos los principios procesales que obligan a estar a las constancias de la causa y respetar la presunción de inocencia. Y, al mismo tiempo, concluye por transformar a esa persona en un auténtico rehén del aparato judicial pasible de ser utilizado con fines políticos por los gobiernos de turno, como ha ocurrido hasta ahora.En el caso de la directora de Clarín, la situación es aún más grave, pues es conocida la forma con que el Gobierno buscó denodadamente señalarla como autora de delitos de lesa humanidad. Además, esa persecución se desarrolla dentro de la campaña de constantes ataques y hostigamientos que hasta el día de hoy lleva...