El caso de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta

• Autor: Mariana Catanzaro

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Catanzaro, El caso de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta

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El caso de la educación religiosa

en las escuelas públicas de Salta*

Reflexiones tras las audiencias

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por Mariana Catanzaro

1. Introducción

Se celebraron audiencias públicas ante la Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción respecto de un caso de alto perfil en Salta. Se trata de un amparo colectivo ini-

ciado por un grupo de madres y padres de niños y niñas que concurren a la escuela

pública de Salta y una asociación civil (Asociación por los Derechos Civiles o ACD)

contra el Estado provincial –Ministerio de Educación de Salta– con el objeto de que

se declare la inconstitucionalidad de las normas locales que disponen que la ense-

ñanza religiosa integre el plan de estudio y se imparta dentro del horario de clase.

Los actores sostienen que nos encontramos ante defectos sumamente severos

de las normas (léase, de la Constitución provincial y de la ley provincial de educación)

y de su aplicación, que importa en los hechos la imposición de la religión católica como

enseñanza obligatoria en las escuelas públicas y el adoctrinamiento de niños y niñas

que reciben educación religiosa de otro tipo –o ninguna– en el seno de sus hogares.

En el recorrido judicial provincial, la Corte de Justicia de Salta confirmó la decla-

ración de constitucionalidad de las normas cuestionadas. No obstante, dispuso que

se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión

católica durante el horario escolar, y que los usos religiosos –como los rezos al co-

mienzo de las jornadas, la colocación de oraciones en los cuadernos y la bendición

de la mesa– tengan lugar únicamente durante la clase de educación religiosa.

Tras este fallo, la parte actora recurrió mediante recurso extraordinario ante la

Corte Suprema de la Nación, en busca de que ésta declare la inconstitucionalidad de

las normas, alegando que su aplicación trae aparejadas prácticas que lesionan los

derechos constitucionales a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad, a la

no discriminación y a la intimidad.

Las normas cuestionadas son tres. En primer lugar, el art. 49 de la Const. pro-

vincial de Salta, que señala expresamente:

“Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos

reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus

propias convicciones”.

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* Bibliografía recomendada.

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Por otro lado, y en consecuencia con la letra de la Constitución provincial, el art.

8°, inc. m de la ley de educación de Salta (ley 7546), que sostiene:

Los principios, fines y criterios de la educación en la provincia de Salta son:

Garantizar que “los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos

o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo

con sus propias convicciones”, en cumplimiento del art. 49 de la Const. de la pro-

vincia de Salta.

Y por último, el art. 27, inc. ñ de la misma ley:

“Son objetivos de la educación primaria en la provincia de Salta: …Brindar ense-

ñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los

horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores, quienes deci-

den sobre la participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación

docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa”.

No podemos avanzar sin antes advertir que el presente es un tema sumamente

sensible y complejo que excede lo normativo. En ocasiones se ha cuestionado el sos-

tén del culto católico, pero este asunto no se trata de economía, presupuestos o asig-

naciones, sino de ejercicio de libertades fundamentales y, por ello, las implicancias

serán otras. Quiero expresar con claridad que lo discutido en este artículo no busca

atacar al credo mayoritario, ni está movido por un sentimiento anti-religioso –como lo

sostuviera un amigo del tribunal– sino que busca desentrañar la relación fáctico-jurí-

dica del caso en marras. Sin embargo, con este fin debemos hacer algunas abstrac-

ciones.

En honor a la verdad, la autora de este artículo fue expositora por la Asam-

blea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organización que adhirió a la

posición de la actora. No me he apartado de este criterio. Sin embargo, tras las au-

diencias celebradas –y que ahora me detengo en recopilar y analizar– he vuelto a

revisar los argumentos expuestos y a cotejar las fortalezas y debilidades de las dos

posiciones. Reconozco y asumo el riesgo de mantener la objetividad y, al mismo

tiempo, realizar valoraciones. Este es tal vez el mayor desafío en este artículo.

En segundo lugar, debo aclarar que no se tendrán en cuenta todos los argumen-

tos presentados, puesto que exceden ampliamente el marco del asunto en discusión.

Obviaremos los argumentos que sean estrictamente político-partidarios o que apelen

a los sentimientos del auditorio. Por último, elidiremos todo lo relacionado estricta-

mente con el sostén económico de la Iglesia Católica como así también con la exhibi-

ción de símbolos religiosos en espacios públicos. Cada uno de estos puntos mencio-

nados merecería un tratamiento específico en otro artículo.

2. Los hechos del caso

Algunos de los acontecimientos están acreditados y no son controvertidos. No

hay disenso de las partes sobre el hecho de que en las escuelas públicas de Salta se

realizan prácticas estrictamente religiosas. Según consta en el expediente, estas prác-

ticas incluyen oraciones y rezos al comienzo de la jornada escolar, bendición de la

mesa de los alimentos, registro de rezos y oraciones en los cuadernos de actividades,