Caso Campagnoli: un escándalo que se agrava

Desde la decisión sobre su enjuiciamiento y suspensión, resuelta en un frenesí de tres días, la situación del fiscal se ha convertido en un escándalo que no encuentra cauce ni fondo.Fue por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por un cargo inconcebible: investigar demasiado. Poco después, en febrero pasado, esa funcionaria trasladó manu militari, de sus amplias oficinas en Saavedra a un sórdido entrepiso del archivo de la calle Tucumán, a la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE). No fue ésta una decisión administrativa inocente ni neutra. Se trata del equipo de funcionarios que, en poco más de un mes, descubrió junto a Campagnoli el camino seguido por los millones de euros que Lázaro Báez y sus allegados reingresaron al país en forma de bonos de la deuda externa entre noviembre de 2012 y abril de 2013.Mientras tanto, en la Fiscalía de Saavedra fue nombrada interventora la fiscal Cristina Caamaño, quien se desempeñaba desde hacía unos años como secretaria de Seguridad de la Nación. Caamaño renunció a su cargo el 4 de diciembre último: el preciso momento en que Gils Carbó se disponía a enjuiciar a Campagnoli y éste, ignorando su suerte, se hallaba a su vez redactando la acusación contra los sospechosos de integrar una vasta red de fraudes con la venta de entradas en el club River Plate. Entre esas personas se encontraba el hermano de la flamante ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, que aquel mismo 4 de diciembre se preparaba para ser instalada formalmente en su cargo.Apenas colocada en el lugar de Campagnoli, Cristina Caamaño recibió a los empleados de la fiscalía con una carpeta con publicaciones en las redes sociales que aquéllos hacían a favor de su jefe, increpándolos y acusándolos del supuesto delito de expresar sus opiniones. Ésa y otras actitudes dieron lugar a causas criminales hoy en trámite en la justicia federal. Por esos días, con intervención de Caamaño; del jefe del Archivo, Norberto Sagretti; de la propia Gils Carbó y del aparato de propaganda de la Procuración General de la Nación, los dos equipos de Campagnoli (la Fiscalía de Saavedra y la SIPE) fueron sometidos a una absurda campaña de difamaciones y acusaciones públicas.En este contexto llegaron las bochornosas jornadas del juicio contra el fiscal, iniciadas el 16 de junio pasado y jalonadas por la nutrida marcha en su favor realizada dos días después en la Avenida de Mayo, frente al edificio de la Procuración General de la Nación. Como no podía...