Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala D, 29 de Septiembre de 2022, expediente CIV 042489/2017/CA002
| Fecha de Resolución | 29 de Septiembre de 2022 |
| Emisor | Camara Civil - Sala D |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D
42489/2017
CASETI, C.A. Y OTRO c/ FALVELLA, JOSE
CARLOS Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN.
C/LES. O MUERTE)
Buenos Aires, de septiembre de 2022.- FMC
Agréguese el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara.
Pasen a resolver.
AUTOS Y VISTOS:
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Son elevadas estas actuaciones para conocer los recursos interpuestos contra la resolución de fecha 12 de julio de 2022, en la que el “a quo” declaró de oficio la inconstitucionalidad de la ley 27.423 y estableció la retribución del Dr. M.O.P.,
letrado apoderado de la parte actora, en $ 830.600; los del Dr. P.E.M., letrado apoderado de la demandada Monsanto Argentina SRL, en $ 450.000; los del Dr. R.S.S., letrado patrocinante de la tercera citada Service Nextcar SRL, en $ 350.000;
los del Dr. N.C., letrado apoderado de la citada en garantía, en $ 450.000; los del perito médico E.J.M.B., en $ 100.000; los del perito ingeniero G.G.A.,
en $ 128.000, y los de la mediadora, Dra. L.S.A.G.,
en $ 64.000.
En primer lugar, cabe señalar que, atendiendo al modo en que fueron impuestas las costas del proceso, la regulación de honorarios efectuada a favor de los letrados de la demandada, la tercera y la citada en garantía no causan gravamen alguno a la parte actora, la cual, por ende, no se encuentra legitimada para apelarlos. En razón de ello, su recurso será considerado sólo en cuanto comprende Fecha de firma: 29/09/2022
Firmado por: P.B., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.L.C., JUEZ
los fijados a los restantes profesionales, respecto de quienes puede resultar obligada al pago.
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Corresponde tratar, en primer término, las quejas del perito ingeniero G.G.A., quien cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.423.
El magistrado de grado fundó dicha declaración en diversas objeciones. Entre ellas, destacó que, en la normativa en examen, coexisten parámetros diferentes para la cuantificación de los honorarios, lo que puede conducir -sostiene- a una desproporción entre los regulados a los abogados y a los auxiliares de justicia, en desmedro del derecho de propiedad y de una justa retribución por la labor cumplida.
Asimismo, consideró irrazonable vincular la actualización de la Unidad de Medida Arancelaria a los incrementos en el sueldo de un juez federal de primera instancia, que pueden no responder al proceso inflacionario vigente.
Por otra parte, entendió que, para las personas usuarias del servicio de justicia, la norma es violatoria del principio de igualdad y la garantía de acceso a la jurisdicción, dado que, para la víctima de un hecho dañoso, el plazo de prescripción liberatoria es trienal, mientras que el artículo 10 de la ley 27.423 no establece plazo alguno para la citación de los abogados.
Subrayó, también, que dicha normativa prevé un mecanismo de actualización monetaria de los honorarios que se acumula a los intereses, mientras que ello está vedado en relación a las acreencias de las personas que han sufrido un daño injusto.
Por último, destacó que, para asuntos de montos reducidos, se estableció una escala elevada, lo que probablemente determine que quienes hayan sufrido un daño menor o tengan una acreencia pequeña, prefieran no ejercer sus derechos.
Fecha de firma: 29/09/2022
Firmado por: P.B., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.L.C., JUEZ
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D
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Este Tribunal ha tenido ya la oportunidad de expedirse sobre esta cuestión, señalando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la facultad judicial de declarar la inconstitucionalidad de una norma de oficio, aunque estableciendo la necesidad de que sea pronunciada para el caso concreto y destacando el mayor rigor que ello supone en el examen de los presupuestos que conducen a la convicción de que su aplicación conculca un derecho o garantía constitucional.
En este sentido, ha sostenido que “si bien los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley en abstracto, es decir fuera de una causa concreta sometida a su juzgamiento, de ello no se desprende que necesariamente la parte interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucionalidad, ya que éste constituye una cuestión de derecho, ínsita en la facultad de los jueces que se resume en el antiguo adagio romano iura novit curia y que incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución. Este principio,
por el que se le concede a los jueces la potestad de suplir el derecho que las partes no invocan o que invocan erróneamente, incluye el deber de mantener la jerarquía normativa de nuestro orden jurídico, de allí que una sentencia que aplique normas inconstitucionales se subleva en contra de aquélla” (del voto del...
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