Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 6 de Octubre de 2020, expediente CNT 018084/2015/CA002

Fecha de Resolución 6 de Octubre de 2020
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA II

Exp. 18084/2015

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de octubre de 2020, reunidos en acuerdo los señores Jueces de la S. II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer de los recursos interpuestos en autos “Casco A., E. c/ E.N. – Mº Salud – Superintendencia de Servicios de Salud y otro s/ empleo público”, causa nº 18.084/15, respecto de la sentencia dictada el 26 de diciembre de 2019, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

La doctora M.C.C. dijo:

  1. Que arriban los autos a esta Alzada, a fin de dar tratamiento a los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar parcialmente a la demanda por cobro de sumas dinerarias, iniciada por el aquí actor.

  2. Que, sentado lo expuesto, cabe recordar que el señor E.C.A. entabló demanda por cobro de una suma de dinero contra el Estado Nacional, Ministerio de Salud de la Nación – Superintendencia de Servicios de Salud (en adelante: SSS), con base en los daños que invocó se le habían ocasionado a raíz de la finalización de la relación de empleo que mantenía con la demandada, desvinculación que calificó como ilegítima e intempestiva.

    En cuanto a las vicisitudes y antecedentes del caso, el actor refirió que con fecha 3/02/1992 había comenzado a trabajar en la entonces Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), y que, como consecuencia de la fusión de diversos organismos (entre ellos la ANSSAL), continuó desempeñándose ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Explicó que se había desempeñado en el área de prensa de dicho organismo, realizando tareas propias de su profesión de periodista. Señaló que su jornada laboral transcurría de lunes a viernes, de 5:00 a 13:00 hs..

    En este orden, el accionante afirmó que había prestado servicios para la demandada por más de 22 años ininterrumpidamente, bajo las órdenes y control de personal superior de la SSS, realizando siempre las mismas tareas. Así, expresó

    que entre los años 1992 a 2004 había tenido que emitir recibos en carácter de Monotributista, y que en el mes de junio del año 2004, comenzó a suscribir contratos de locación de servicios por diferentes períodos, subsumiéndose la relación de empleo bajo los términos del art 9º del anexo de la Ley nº 25.164; esto último lo calificó de ilegítimo, en el entendimiento de que, en rigor, su parte realizaba las mismas tareas que los trabajadores que se desempañaban en la planta Fecha de firma: 06/10/2020

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    permanente. En suma, manifestó que no sólo se había mantenido de forma clandestina la relación de trabajo desde el año 1992 al 2004, sino que, cuando se reconoció dicha relación a partir del año 2004, se utilizó un figura jurídica de contratación de personal autorizada para casos excepcionales, encubriéndose –

    según la tesitura que propicia– la verdadera contratación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado.

    En este contexto, el actor reseñó que el día 27/02/2014 el Subgerente de Recursos Humanos y Organización de la SSS, le había entregado una nota fechada el día previo, por medio de la cual lo notificaba del distracto. Agregó que, de igual modo, se le remitió la CD 011025153, por medio de la cual se le notificaba que, bajo la invocación de las facultades emergentes de la cláusula 13 del C.ato de Prestación de Servicios nº 26/14, se rescindía dicho instrumento contractual a partir del 27/02/2014, y se le comunicaba que la liquidación final (preaviso, SAC proporcional, licencia anual no usufructuada y SAC proporcional),

    como así también los certificados de ley estarían a su disposición entre el 1º y el 5

    de abril de 2014 en la Gerencia de Administración; y que los haberes correspondientes al mes de febrero le serían abonados en tiempo y forma.

    Consecuentemente refirió que, en respuesta a ello, le envió una comunicación de igual tenor a la demandada (TCL CD), expresando que las manifestaciones volcadas en la citada carta documento 011025153 eran falsas,

    ilegítimas, maliciosas e improcedentes. Añadió que, ante la falta de respuesta a dicha misiva, envío una nueva carta documento, recibiendo como respuesta un rechazo genérico.

    En tales condiciones, el accionante consideró que el Estado debe reparar el daño que le habría sido ocasionado a su parte por la ruptura de la relación laboral (que calificó de ilegítima e intempestiva), y la clandestinidad en la que la misma habría sido mantenida, así como por el daño moral invocado en atención a la discriminación alegada, en virtud de haber sido desvinculado tras 22 años de desempeño, impidiéndole, de este modo, gozar de la garantía constitucional de estabilidad en su empleo.

    Invocó, asimismo, el principio de primacía de la realidad, al considerar que su parte cumplía una jornada determinada, las órdenes y directivas eran impartidas por el Estado empleador, la contraprestación recibida consistía en una remuneración mensual, sumado a la circunstancia que las tareas que realizaba no constituían tareas extraordinarias asimilables a las exigencias del personal “transitorio”, en los términos del ordenamiento legal aplicable a los empleados de Fecha de firma: 06/10/2020

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

    FEDERAL- SALA II

    Exp. 18084/2015

    la administración pública. Consideró, al respecto, que el caso se ajustaba a los lineamientos propuestos por el Máximo Tribunal en el precedente dictado en la causa “R.”. Manifestó que la Administración, durante la referida relación laboral, había actuado de mala fe y en fraude a la ley, ello bajo el entendimiento de que siempre se lo mantuvo al margen de la registración laboral, obligándolo a emitir recibos o facturas como monotributista y que en junio de 2004, quedó

    registrada tal relación simulando una locación de servicios, instrumentada por medio de la celebración de contratos sucesivos.

    En tal sentido, el actor solicitó que se condene a la accionada al pago de la suma de $828.431,14, sin perjuicio de lo que resultase de la valoración que se estime, en concepto de daño material y moral, con más los intereses correspondientes desde la fecha del distracto, así como las costas del juicio.

    Según la petición concreta de los rubros que su parte estimó que correspondería que se le abonen, señaló que la suma total referida se debería componer por los siguientes conceptos y sumas según los cálculos que efectuó, a saber:

    1) por la ruptura de la relación, solicitó una indemnización de $360.187,45, de los cuales: a) considera que la suma de $255.616,90 ($11.618,95

    multiplicado por 22) se le adeudaría en los términos de lo establecido en el 4º

    párrafo del artículo 11 de la Ley nº 25.164, computando para ello que al momento de la desvinculación contaba con una antigüedad de 22 años (febrero de 1992 a febrero de 2014); y, b) la suma de $104.570,55 ($11.618 multiplicado por 9), la que atribuyó al art. 11 del decreto reglamentario nº 1421/02, del 3º párrafo del art.

    11 de la Ley nº 25.164, para lo cual había tenido en cuenta que contaba con más de 15 años de antigüedad (y menos de 30 años), y entendió que le correspondería una indemnización igual a 9 (nueve) meses;

    2) por lo que denominó como “fraude laboral”, consideró que al no existir en la legislación vigente normas que penalicen el “fraude” de los trabajadores que prestan tareas para el Estado, se debía aplicar analógicamente el artículo 1º de la Ley nº 25.323, y estimó que le correspondería percibir como un incremento indemnizatorio a modo de penalidad, la suma de $255.616,90 ($11.618,95

    multiplicado por 22); y,

    3) por el daño moral que invocó haber padecido, reclamó la suma de $108.056,23, que equivaldría al 30% de la indemnización que consideró debida (30 centésimas de $360.187,45).

    Por último, y para el supuesto de que se interpretase que la relación de empleo que unió a las partes debía ser subsumida en el artículo 9 de la Ley nº

    Fecha de firma: 06/10/2020

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    25.164, planteó la inconstitucionalidad del artículo 9 del anexo de la Ley nº

    25.164 y del decreto reglamentario nº 1421/2002, al considerar que la aplicación de dicha normativa en el presente caso atentaría contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (cfr. escrito inaugural del 27/03/2015).

  3. Que, por sentencia de fecha 26 de diciembre de 2019, la Sra.

    Magistrada de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda entablada y, en consecuencia, condenó al Estado Nacional a abonar al Sr. E.C.A. las sumas resultantes de la liquidación que debía practicar la parte actora en la etapa de ejecución, de conformidad con las pautas sentadas en el Considerando X del pronunciamiento referido.

    Asimismo, se estableció que para efectuar el respectivo cálculo debía tomarse como base el sueldo que corresponda a quien desempeñe las mismas funciones que realizaba el actor, para lo cual se puso a cargo de la demandada el deber de informar la suma que percibe quien se encuentre prestando dichos servicios en la actualidad. Finalmente, distribuyó las costas en el orden causado,

    invocándose para ello la forma en que se decidía.

    Para resolver de este modo, la Sra. Jueza de la instancia previa repasó los términos de la Litis y, en ese sentido, señaló que el Sr. E.C.A. había interpuesto demanda contra el Estado Nacional, Ministerio de Salud,

    Superintendencia de Servicios de Salud, a fin de que se le abonase la suma de $828.431,14 con más los intereses correspondientes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR