Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 31 de Octubre de 2016, expediente B 66588

Presidentede Lázzari-Pettigiani-Negri-Kogan
Fecha de Resolución31 de Octubre de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 31 de octubre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari, P., N., K.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo extraordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 66.588, "C., E.B. contra P.. Bs. As. (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. La señora E.B.C., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social, en adelante I.P.S.) solicitando se declare la nulidad de las resoluciones 450.210 y 495.283 dictadas por el referido organismo previsional el 9-XI-1995 y el 11-VII-2002, respectivamente, por medio de las cuales se extinguió el beneficio de jubilación por invalidez.

    Consecuentemente, solicita que se condene al organismo previsional demandado al restablecimiento del beneficio jubilatorio y al pago de las retroactividades actualizadas con más sus intereses. P. se impongan las costas a la demandada.

    Finalmente, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.

  2. Corrido el traslado de ley se presenta en autos Fiscalía de Estado, contesta demanda y solicita su rechazo. Plantea la improcedencia del pedido de actualización monetaria y de imposición de costas.

  3. Agregadas las copias certificadas de las actuaciones administrativas, glosado el cuaderno de prueba de la parte actora y los alegatos presentados por ambas partes (fs. 165/166 y 167/169 vta.), la causa quedó en estado de ser resuelta, correspondiendo plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  4. Quien aquí acciona, controvierte los actos por los cuales se le extinguió el beneficio de jubilación por invalidez.

    Para así hacerlo, sostiene principalmente la ilegalidad del Instituto de Previsión Social en la valoración del resultado de la evaluación practicada por la Junta Médica Centralizada, pues omite toda consideración de los factores que determinan su "incapacidad de ganancia".

    Relata que con fecha 9 de noviembre de 1995, el Instituto de Previsión Social mediante resolución 380.401 dictada en el marco del expediente administrativo 2918-51.991/95, le otorgó el beneficio de jubilación por invalidez, a partir del 23-I-1995, computando 11 años y 2 meses de servicios.

    Pone de relieve que dicha resolución encontró fundamento en la resolución 741/95 dictada por la Directora General de Cultura y Educación, por la cual dispuso el cese en el cargo que revistaba por incapacidad de carácter permanente, determinada por la Dirección de Reconocimientos Médicos, por afección de índole ortopédica padecida desde varios años antes a realizarse dicho dictamen.

    Manifiesta que citada por el organismo previsional en virtud de lo dispuesto en el art. 33 del decreto ley 9650/1980, concurrió el 22 de febrero de 2000 a una junta médica a fin de determinar el porcentaje de incapacidad que presentaba a esa fecha, diagnosticándose "Radiculopatía lumbosacra" y un 48% de incapacidad laboral según baremo provincial.

    Expresa que como consecuencia de ello el Instituto dictó la resolución 450.210/01, por la cual extinguió el beneficio jubilatorio acordado en los términos del art. 64 inc. 1º del decreto ley 9650/1980.

    Señala que contra el citado acto interpuso recurso de revocatoria y ofreció prueba, las cuales no fueron consideradas por el Instituto demandado. Añade que con fundamento en la ratificación de la incapacidad determinada en la Junta Médica el mencionado organismo rechazó el recurso mediante la resolución 495.283/02.

    Aduce que los actos impugnados se encuentran viciados de nulidad, en tanto se han apartado del ordenamiento jurídico al efectuarse una interpretación disvaliosa del mismo de acuerdo a las pautas elaboradas por la doctrina y jurisprudencia; contienen un vicio en la causa al fundarse en dictámenes periciales imperfectos y resultan arbitrarios al haber prescindido de elementos esenciales para su resolución.

    Indica que su representada a la fecha de dictarse el acto extintivo del beneficio contaba con 57 años de edad y una incapacidad del 48%, lo que implica una imposibilidad absoluta de obtener empleo y de proveerse sus propios medios de subsistencia.

    Aduce que el art. 31 del decreto ley 9650/1980 exige un procedimiento para determinar la invalidez que asegure la uniformidad de criterios estimativos y las garantías necesarias en salvaguarda de los derechos de los afiliados, el cual no se ha cumplido.

    Mantiene la disconformidad con el dictamen de la Junta Médica celebrada el día 22 de febrero de 2000 -sobre el cual se apoya los actos impugnados-, ya que no sólo no reúne los caracteres necesarios para ser considerada una pericia sino que no ha tenido en cuenta la totalidad de las patologías y factores complementarios que afectan a la actora.

    Alega un obrar arbitrario del Instituto demandado por omisión de elementos esenciales, desestimación de la prueba ofrecida en el recurso de revocatoria, tratamiento diferenciado a los dictámenes de la Dirección de Reconocimientos Médicos y falta de consideración de las circunstancias personales de su mandante.

  5. A su turno, la Fiscalía de Estado manifiesta que mediante resolución 380401/95 se acordó a la actora la jubilación por invalidez, a partir del 23 de enero de 1995, estableciendo en su art. 2º que tenía el carácter de provisional y sujeto a revisión hasta tanto se cumpla con lo establecido en el art. 30, actual 22 del decreto ley 9650/1980.

    Precisa que la accionante a la fecha de la revisión de su incapacidad contaba con 56 años de edad y la prestación la percibió durante 5 años.

    Destaca que la extinción de la jubilación por invalidez se produce por haber desaparecido la incapacidad durante el período de provisioriedad, conforme lo prevé el art. 64 inc. "a" del decreto ley 9650/1980 o por el desempeño de cualquier actividad.

    Además pone de resalto que el art. 29 del citado cuerpo legal establece el grado mínimo de incapacidad que debe padecer un agente, tanto a los efectos de hacerse acreedor al beneficio de jubilación por invalidez como de convertir su prestación provisoria en definitiva, fijándose en el 66% o más de su incapacidad laborativa para ser considerada total.

    Señala que la actora fue sometida...

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