Sentencia nº AyS 1998 VI, 314 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 1 de Diciembre de 1998, expediente B 52873

PonenteJuez HITTERS (OP)
PresidentePisano-Tenreyro Anaya-Hitters-Rezzónico-Vásquez-Roncoroni
Fecha de Resolución 1 de Diciembre de 1998
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores P., T.A., Hitters, Rezzónico, V., R., S., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 52.873, "C., P.J. contra Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S
  1. El señor P.J.C., con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires a fin de que se anulen las resoluciones 93 y 1552 emanadas en fechas 14-II-89 y 12-IX-89 de la Suprema Corte de Justicia por las cuales se denegó su pretensión de pago del adicional por bloqueo parcial de título universitario.

    Por consecuencia de la anulación pedida, requiere se le liquide el adicional de referencia en forma retroactiva desde la vigencia de la ley 10.620, con actualización monetaria e intereses.

  2. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado que, a través de su representante legal, solicita el rechazo de la pretensión actora.

  3. Agregadas las actuaciones administrativas que consisten en la única prueba ofrecida por las partes-, y los alegatos, hallándose la causa en estado de ser resuelta, corresponda plantear y votar la siguiente

    C U E S T I O N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I O N

    A la cuestión planteada, el señor J. doctorP. dijo:

  4. Señala el actor que se desempeña como empleado del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, revistando en el cargo de Oficial Segundo, como adscripto en la Subsecretaría de Administración de la Suprema Corte.

    Añade que, poseyendo el título de Contador Público nacional, solicitó le fuera abonado el adicional por bloqueo de título establecido en el art. 242 de la ley 10.620 regulatoria de la actividad de los profesionales en Ciencias Económicas en el territorio provincial, siendo su petición denegada por las resoluciones que impugna.

    Cuestiona los actos denegatorios destacando que de la letra clara y expresa de la ley 10.620 surge su derecho a percibir una bonificación o adicional como consecuencia de la imposibilidad parcial de desarrollar su actividad en materia judicial, por lo que los actos impugnados, en tanto se lo niegan, resultan ilegales y arbitrarios al no aplicar la ley en forma inmediata.

    Agrega que de no accederse en esta sede a lo requerido, se vería claramente cercenado su derecho de defensa y propiedad y solicita, en virtud de que la falta de reglamentación provoca una laguna en el orden normativo, que el Tribunal proceda a integrar el mismo mediante la analogía de los principios generales de derecho.

  5. 1. Corresponde destacar, en primer término, que la pretensión del actor tendiente a que se le apliquen las disposiciones de la ley 10.620 regulatoria del ejercicio de las profesiones en Ciencias Económicas, resulta improcedente.

    Dicha norma en su art. 242, establece que: "Los profesionales que se desempeñan en relación de dependencia en la Administración Pública nacional, provincial, municipal y entes privados deberán percibir un adicional por título, ya sea como bonificación o contenido en la retribución determinada en función de la evaluación del puesto de trabajo. De la misma forma percibirán un adicional los profesionales que como consecuencia del desempeño en relación de dependencia se vean imposibilitados del ejercicio de las actividades que conforman la incumbencia profesional, enumerada en los artículos 10, 12, 13 y 16".

    Se advierte, del análisis del texto antes transcripto, que el poder legislativo fija como pauta general la contraprestación que debe percibir el profesional que experimente un bloqueo de su título profesional en tazón de las tareas que desempeña en relación de dependencia, atento la inhabilidad legal que se puede generar por la oposición entre los intereses entre los agentes y los de la Administración o ente privado al que pertenezca.

    Mas dicha norma no especifica si el adicional que establece debe serlo por bloqueo total o parcial del título; si tal concepto consiste en una suma fija o si, por el contrario, el mismo surge de un porcentaje que deba calcularse sobre el sueldo del agente en cuestión o tomando como parámetro una categoría funcional determinada, a lo que corresponde agregar, que dicho precepto prescribe que el beneficio debe ser percibido por los empleados de la Administración nacional, provincial o municipal y de los entes privados. Tal imprecisión es reconocida por el propio actor desde que en su escrito de demanda señala: "que puesto que el art. 242 última parte de la ley 10.620 no determina el porcentaje que corresponde abonar en concepto de adicional por bloqueo de título, estimo que el mismo debe ascender al 15% sobre el total de las remuneraciones sujetas a aportes previsionales..." (fs. 18 in fine).

    Surge evidente que el texto normativo en cuestión resulta impreciso, incompleto y necesitado de una regulación posterior que integre en cada ámbito a los que se refiere los aspectos antes señalados pues, de otro modo, carece de operatividad inmediata ante la ausencia de la implementación imprescindible para que adquiera la condición de aplicabilidad.

    La petición efectuada por el demandante de que se aplique la norma en cuestión en forma inmediata, a pesar del vacío legislativo que él mismo reconoce, resulta por consecuencia infundada.

    1. En punto a las resoluciones que se impugnan en autos, destaco que las mismas fueron dictadas con fundamento en lo que dispone la acordada 2172, que reguló la bonificación contemplada en el art. 41 de la ley 10.475 (y que en definitiva es la que reclama el accionante pero sobre lo dispuesto en una norma ausente de reglamentación) y que alcanza a"todos los magistrados, funcionarios y empleados con título de abogado, escribano o procurador que se desempeñan en el Poder Judicial con inhabilitación legal para el ejercicio profesional". El acuerdo se dictó invocando el Tribunal "... las atribuciones que le confieren los arts. 152 de la Constitución provincial y 31 inc. 5) de la ley 5827" (conf. fundamentos Acordada cit.).

      Por tal razón, puntualizo que la acordada 2172 ha reglamentado al art. 41 de la ley 10.475, pues, mediante ella se especificó, detalló o precisó, en forma general e impersonal, una disposición legislativa (art. 41, ley 10.475) presentándose así los datos que hacen a la esencia de toda reglamentación, en tanto concreción ordenada por medio de normas objetivas de otras de mayor generalidad (conf. F., "Derecho Administrativo", t. I, p. 289/ 290). No puede dudarse que se trata de "... una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma directa" (conf. G., "Tratado de Derecho Administrativo", t. 1, cap. V, p. 42), aún cuando hay sido la Suprema Corte el órgano que la dictó, ya que, como bien se ha señalado, las acordadas que dictan los tribunales son consideradas como típicos actos reglamentarios (G., op. cit., t. I, cap. VII, p. 13).

      En el derecho argentino, la potestad reglamentaria es atribución que corresponde a los tres poderes estatales; dice F. al respecto que dicha potestad es inherente a cada una de las funciones estatales que consagra la teoría de la división de poderes y que se asienta en la Constitución -arts. 86 inc. 2, 99 y 58 primera parte de la Constitución nacional- (obra cit., p. 288; en sent. conc.: Diez, "Derecho Administrativo", t. I, p. 333). Agrega el mismo autor que los principios que rigen para la potestad reglamentaria de la Administración nacional deben extenderse a todo el derecho público provincial, municipal y de los territorios (ob. cit., p. 288).

      La atribución reglamentaria de los distintos órganos estatales de la Provincia de Buenos Aires...

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