Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 3, 21 de Abril de 2017, expediente CSS 021036/2003/CA001

Fecha de Resolución21 de Abril de 2017
EmisorCamara Federal de la Seguridad Social - Sala 3

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3 SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXPEDIENTE NRO: 21036/2003 AUTOS: “CARRASCO DE P.I. c/ ANSES s/EJECUCION PREVISIONAL”

Buenos Aires, EL DR. J.C.P.L. DIJO:

I. Contra el auto del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 9 del fuero, que aprobó en cuanto ha lugar por derecho la liquidación obrante a s. 209/230 e intimó a que en el plazo de 30 días desde que quede firme lo resuelto, reajuste el haber del actor y proceda al pago de las sumas retroactivas adeudadas de conformidad con la liquidación aprobada todo ello bajo apercibimiento de adoptar las medidas de ejecución que corresponda, la demandada dedujo recurso de apelación.

II. Del análisis del memorial, surge que se cuestiona el cálculo aprobado, el plazo de la sentencia, la intimación de embargo y la imposición de costas a su cargo.

  1. En orden a la aprobación de la liquidación considero, dejando a salvo mi opinión personal sobre el tema, que se torna aplicable en cuanto a la tasa de interés lo dicho en el precedente “E., O.B. c/ ANSeS s/ ejecución previsional” de la Corte Suprema de la Nación del 21.02.13, donde se dijo con remisión a los fundamentos y conclusiones al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, en el sentido que:” las obligaciones alcanzadas por las leyes 23.982 y USO OFICIAL 25.344 se consolidan después de su reconocimiento firme, en sede judicial o administrativa. Como consecuencia de ello, se produce una novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, por lo que sólo subsisten para el acreedor los derechos derivados de la consolidación que la misma ley establece: exigir el pago en efectivo, en los plazos fijados por aquélla, o la entrega de los bonos que corresponda (art. 17 de la ley 23.982 y Fallos 329:2055; 331:2231, entre otros).

    Por otra parte, en lo que aquí interesa, el art. 39 de la ley 26.337 y la resolución 12/04 – Secretaría de la Seguridad Social- dispusieron la cancelación de los créditos en efectivos en razón de la edad avanzada o de la gravedad del estado de salud de los acreedores. Esta modalidad de pago – contemplada también por las leyes 25.967, 26.078 y extendida a todas las obligaciones previsionales por las leyes 26.422 y 26.546 – constituye una de las alternativas previstas por el régimen de consolidación e importa la obligación de adicionar interés al monto de la condena en los términos de los arts. 6º de la ley 23.982 y 12, anexo IV del decreto 1116/00 reglamentario de la ley 25.344, lo que obsta a que se le atribuya carácter de rescate anticipado de los títulos o de sustitución del medio de pago como pretende el apelante”, en consecuencia corresponde aplicar a las deudas consolidadas un interés equivalente a “la tasa promedio de caja de ahorro común que publica el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, capitalizable mensualmente” ; criterio que ha sido reiterado en varios precedentes entre los que podemos mencionar: “R., D. c/ ANSeS s/

    Reajustes Varios” y “Arias Vera Antonia Rosalinda c/ ANSeS s/ Reajustes Varios” de fechas 15 de mayo de 2014 y 11 de febrero de 2014; ello, sin perjuicio de estar a la de la sentencia a partir del vencimiento del plazo de consolidación.

    Además, cabe tener presente para el caso, como lo ha sostenido el Alto Tribunal al confirmar una sentencia que había dejado sin efecto una liquidación de condena aprobada entre las partes que “No cabe argumentar sobre la preclusión del derecho a impugnar la liquidación, frente al deber de los jueces de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva”. Además que la aprobación de las liquidaciones “solo procede en cuanto hubiere lugar por derecho”, por lo tanto “excede los límites de razonabilidad pretender extender el resultado de una liquidación obtenida sobre la base de operaciones matemáticamente equivocadas” y que “ello cabe agregar que los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión deben, ser necesariamente rectificados por los jueces, sea a pedido de parte o de oficio” (autos “S., L.M. y otros c/EN-Mª de Seguridad –

    GN –dto.1104/05 y 752/09 Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg”.

    En tales condiciones, cabe hacer lugar al agravio de la demandada.

    Finalmente, en cuanto a los demás agravios cuestionando la aprobación de la liquidación y los topes previstos en la leyes 24.241, 18.037 y los arts. de la ley 24.463, la generalidad con la que se intenta objetarla en la alzada no resulta idónea a los fines pretendidos pues no constituye en modo alguno una impugnación en los términos de los arts. 178 y 504 de la ley adjetiva, no habiendo demostrado la recurrente error en los números o en la aplicación del derecho. Por lo que rechazar rechazar los mismos.

  2. En lo concerniente al régimen de costas cabe formular la siguiente aclaración, en un primer momento, se aplicó la doctrina que informó el Alto Tribunal en la causa A.

    189. XXXV “Arisa, A.U. c/Anses s/haberes jubilatorios y nulidad de acto administrativo, donde sostuvo que, dada la amplitud de los términos del art. 21 de la ley 24.463, que manda aplicar las costas por su orden en todos los casos, la misma tiene que ser interpretada en el sentido de Fecha de firma: 21/04/2017 Firmado por: N.A.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.C.P.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.B.P., SECRETARIO DE CAMARA #25428312#172557747#20170223075758766 dichos términos, comprensivos de la diversidad de procesos y jurisdicciones en que debe actuar la A.N.Se.S. como demandada.

    Ahora bien, en los autos “Rueda, O. c/ ANSeS” del 15 de abril de 2.004 la Corte abandonó, la doctrina citada. En efecto sostiene que el artículo 21...

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