Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 17 de Febrero de 2010 (caso Carrachino, Mario Pablo Damian C/ Lady Stork S.a. Y Otros S/ Despido)

Fecha de Resolución:17 de Febrero de 2010
 
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Año del Bicentenario - Poder Judicial de la Nación 11.002/08TS07D42441SENTENCIA DEFINITIVA N°: 42441CAUSA N°: 11.002/08 - SALA VII - JUZGADO N°: 65En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de febrero de 2.010, para dictar sentencia en estos autos: “CARRACHINO, MARIOPABLO DAMIAN c/ LADY STORK S.A. y otros s/ Despido”, se procede a votar en el siguiente orden:EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:I.- Las partes recurren disconformes con distintos aspectos del fallo de grado que hizo lugar parcialmente a la demanda por despido incausado que fuera entablada con sustento en las normas de las leyes de Contrato de Trabajo.RECURSO DE LOS CODEMANDADOS FACTORIAS URBANASS.R.L., WALTER HERNAN LAUDISI Y VANINA TUMILASCI.II.- Las recurrentes se agravian por el hecho de que el “a quo” juzgó injustificado el distracto y, en consecuencia, ordenó el pago de las indemnizaciones por despido incausado.Sostienen, para ello, que el actor no habría tenido una imposibilidad real de prestar servicios, puesto que con motivo de percibir su salario se acercó en motocicleta al establecimiento a cobrar.No le veo razón, puesto en nada obsta que, aún realizando un esfuerzo el actor, se hubiera apersonado a retirar su retribución salarial, pues normalmente ello no podría durar mas que un breve momento, lo que es muy diferente al hecho de tener que prestar servicios durante una jornada completa (circunstancia que implica necesariamente un compromiso corporal y mental mayor,impropio para quien estaba enfermo).III.- La apelante se agravia ante el nivel salarial adoptado por el “a quo” al momento de determinar la condena.Estima que el proceder del sentenciante de grado sería erróneo,pues se limitó a considerar un determinado valor salarial, sin tener presente la indicada por el experto contable.Sin embargo, en la exposición recursiva se descuida algo esencial, pues no especifica cuál sería el supuesto equívoco del juez; ni siquiera, señala siquiera estimativamente cuál sería el monto del salario que pretende que se adopte como base de cálculo.De esta forma, el recurso es incompleto pues tampoco se esboza con cálculo matemático alguno cómo y en qué medida habría de modificarse (en su favor, se entiende) el monto de la condena dispuesta, por lo que su recurso es insuficiente pues no completa la medida de su interés. Esto es una carga inexcusable cuando están agotadas todas las etapas del proceso de conocimiento y las partes cuentan con todos los elementos necesarios para sostener sus respectivas tesituras (en igual sentido, esta Sala en autos: “Ranalleti, Horacio Arnaldo c/ Explotación Pesquera de La Patagonia S.A. Pespasa S/ Despido”; S.D. 39.783 del 04.12.06).IV.- Argumentan las codemandadas recurrentes que en el decisorio atacado se habría incurrido en una errónea interpretación de las circunstancias fácticas y probatorias que surgen del trámite de la causa, en tanto –en su punto de vista- no estaría probado que el actor ingresó antes de la fecha en que fue registrado y que percibía salarios superiores a los volcados en los asientos contables.Corresponde, en primer término, analizar la prueba reseñada en la causa, en tanto en el planteo recursivo se Año del Bicentenario - Poder Judicial de la Nación 11.002/08controvierte la propia base fáctica, sin cuya adecuada fijación,resulta imposible evaluar si, con la contratación del actor, se ha infringido o no la legislación vigente; un correcto encuadramiento normativo descansa, ineludiblemente, en una adecuada fijación y caracterización de los hechos.Adelanto mi opinión en el sentido de que el recurrente no logra acreditar la supuesta errónea interpretación de la prueba producida en la causa; tampoco se observa que –lo digo a modo de hipótesis- se hubiesen violado las normas legales específicas que rigen la materia probatoria.En efecto, la circunstancia de discrepar el recurrente con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios, puesto que una eventual “anomalía” en la apreciación e la prueba sólo queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, y no basta limitarse a denunciarlo.En concreto, las declaraciones de Rojas (v fs. 400),Leez (v. fs. 404), Lucas (v. fs. 408) y Marano (v. fs. 418),permiten concluir que el actor comenzó a prestar servicios para Factorías Urbanas S.R.L. antes de que fuera inscripto como dependiente, circunstancia por la cual resulta de aplicación al caso la presunción establecida en el art. 55 de la LCT, y corresponde reputar por cierta la fecha de ingreso denunciada en la demanda (es decir, el 02.08.04).Por su parte, los relatos de testigos (en particular, Marano, quien era la encargada de confeccionar la documentación irregular o “en negro”), sumados a los dichos de Ostinelli (v. fs. 420), permiten conocer con detalle las circunstancias fácticas en las cuáles se plasmaba el pago en forma irregular o extra-contable (art. 90 de la LO).V.- En tal sentido, la condena a abonar la indemnización del art. 1° de la ley 25.323 encuentra plena justificación, pues –lo reitero- está acabadamente probado el incumplimiento registral que, precisamente, es lo que penaliza la norma en cuestión.VI.- Tampoco hay razones para descontar la suma correspondiente a la indemnización del art. 80 de la L.C.T., pues no es argumento atendible el hecho de que hubiera “puesto a disposición los certificados respectivos, pues dicha documentación no se consignó previo a la iniciación del litigio (v de esta Sala, los autos: “Gorriz, Susana Magdalena c/ Epitecnica S.R.L. s/Despido", S.D. 36.567 del 27.3.03) a lo que hay que agregar que al momento en que se acompañó a autos la documentación en cuestión, se encontraba ampliamente vencido el plazo de 48 hs.conferido en la norma para su entrega a contar a partir de la recepción del requerimiento (art. 80 cit.).RECURSO DE LA CODEMANDADA LADY STORK SA.VII.- La apelante pretende ser eximida de responsabilidad en tanto en la instancia anterior fue condenada,en forma solidaria, en los términos del art. 30 de la L.C.T.,estimo que no hay motivos para alterar la decisión de la “a quo”que condena a ambas firmas en forma solidaria e ilimitada en los términos del art. 30 de la L.C.T.Digo esto, puesto la quejosa señala en su defensa que no habría sido ella la empleadora del actor, pues no aparecen cumplidos exhaustivamente los deberes de control impuestos en la norma aludida, lo que llevaría a considerar que no tiene ninguna responsabilidad con relación a las obligaciones incumplidas por Año del Bicentenario - Poder Judicial de la Nación 11.002/08los restantes codemandados ni vinculación jurídica que la obligase de forma alguna, lo que no es así.Invoca en su defensa, también, que los objetos sociales de una y otra firma serían diferentes, lo que obstaría a la aplicación de la norma en cuestión, y apunta a querer convencer de que las modernas formas de comercialización se materializan a través de varias etapas, criterio sustentado jurídicamente en fallos de la C.S.J.N. tales como “Rodríguez, Juan c/ Cía.Embotelladora” y “Luna, Antonio c/ Agencia Marítima” y “Luna,Agencia Marítima Rigel S.A.”, entre otros que cita.Al respecto, debo señalar que en el caso de autos no está discutido que existió un estrecho ligamen entre empresas,consideración que -lejos de ser un atenuante de responsabilidad o elemento demostrativo de ajenidad- denota la íntima vinculación en la operatoria comercial montada entre ambas firmas para llevar a cabo la fabricación y posterior comercialización de calzado.Es decir que el accionar de Lady Stork S.R.L.Permite presumir que dicha firma era quien impartía las pautas y reglas a seguir en la confección de los productos que, en definitiva, conciernen a la explotación.Lo relevante del caso es que si se parte del razonamiento de que "Lady Stork S.A.", directa o indirectamente,ejercía la fiscalización y control sobre dicha operatoria, dicha supervisión debió extenderse también al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales inherentes a la contratación del actor (cfme. art. 30 de la L.C.T.).Así, es válido concluir que el objeto para el cual fue constituída la firma "Lady Stork S.A." (venta de calzado) se nutre esencialmente de la fabricación que pudiera hacerse de sus productos, en el caso a través de un tercero (en sentido similar v. de esta Sala los autos: “Cartier, Luis Alberto c/ Meyce Representaciones S.R.L. y otro” S.D. 25.086 del 29.5.01).Este objetivo final de la firma prestataria se vincula estrechamente al que tienen sus intermediarias, pues el objeto que se persigue en el establecimiento en el cual prestóservicios el trabajador, no constituye sino la etapa previa para luego poner en el mercado el producto o serie de ellos que así se genera.Pongo énfasis nuevamente en el hecho de que no se trata aquí de un empresario que “suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución...” (como sostuvo nuestra Corte Suprema en el mentado fallo “Rodríguez...” Fallos 316:713) sino algo mucho mas íntimo, el cual una firma fabrica por encargo de otra (quien comercializa los productos), constituyendo así distintas facetas pero de la misma actividad.Admitir lo contrario implicaría aceptar que un fraccionamiento artificial del ciclo comercial permitiera a la empresa generadora de los servicios desentenderse de las obligaciones que la legislación laboral y previsional, en definitiva, pone a su cargo (v. de esta Sala, en: “Escalante,Patricia Susana c/ Grupo Meflur S.A. y otro s/ Despido”; S.D.37.545 del 19.05.04).Como ha expresado Roberto García Martínez en su medular obra “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” (ver,la obra citada de la editorial Ad-Hoc, págs. 312/314), el art. 30de la L.C.T., trata el caso de una relación de contratación o subcontratación real; y no tiene en cuenta si existe fraude o no.Año del Bicentenario - Poder Judicial de la Nación 11.002/08Simplemente se limita a establecer un sistema protector para el...

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