Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 21 de Diciembre de 2011, expediente C 105177

PresidenteGenoud-Soria-de Lázzari-Hitters
Fecha de Resolución21 de Diciembre de 2011
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

Dictamen de la Procuración General:

La Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La P. confirmó la sentencia recaída en la instancia de origen (fs. 515/522vta.) que, a su turno, declaró la inexistencia del auto de quiebra de “Caro Hnos. S.A.” por ausencia de voluntad social legalmente instituida, en virtud de haber sido peticionada su declaración por los accionistas señores C.A. y P.L.C., aunque sin contar con la suficiente personería para hacerlo, de acuerdo con lo expresamente previsto por la ley de sociedades comerciales y la ley falencial que aplicara (fs. 630/642).

Contra dicha forma de resolver se alzan mediante sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley la síndico de la quiebra (fs. 647/652) y los adquirentes por compra directa de un inmueble que pertenecía a la fallida, oportunamente dispuesta en el proceso falencial, S.. D.E.A. y A.V.M., (fs. 654/662vta.).

Abordaré su tratamiento por separado.RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABLI-DAD DE LEY (fs. 647/652)

Está fundado en la violación de los arts. 86 y cctes. de la ley de quiebras; 16 y 17 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial.

Acusa la recurrente que la sentencia dictada por el a quo consagra una irritante desigualdad para los acreedores de la fallida dejando sin posibilidad efectiva de cobro a los mismos, por lo que violenta la garantía de igualdad y el derecho de propiedad, generando –además- una repudiable indefensión de los acreedores que ya tenían asignado el dividendo concursal de un proyecto de distribución aprobado por haber previamente verificado -con resultado positivo- sus créditos en el pasivo.

En tal sentido, y asumiendo la representación de aquellos acreedores perjudicados, sostiene que los mismos nunca fueron notificados del pedido de nulidad que, a la postre, generó el dictado de la inexistencia que hoy se está cuestionando, y por ello se los privó de su legítimo derecho de defensa, con la consecuente violación de la garantía del debido proceso que ello conlleva.

Desde otro lado, entiende la recurrente que el razonamiento de los sentenciantes al considerar que el art. 86 de la ley falencial no puede purgar la ausencia de voluntad ni la ratificación exigida por el art. 6 de dicha norma, importa priorizar lo dispuesto por la ley de sociedades por sobre lo que autoriza la ley de quiebras. Y en ese entendimiento, afirma que debió aplicarse en el caso la suerte de subsanación prevista en el citado art. 86 en tanto que cualquier incumplimiento de algún recaudo de admisión no obsta a la declaración de quiebra, y no hacerlo importa resolver en contra de la regla “in dubio pro debitoris” y en directo atentado contra el principio de la seguridad jurídica.

Subraya la quejosa que deviene imperioso considerar que el pedido de quiebra en autos fue suscripto por los señores C.A. y P.L.C., representantes del ciento por ciento de la voluntad social en su condición de únicos accionistas de la empresa, siendo además el primero de los nombrados el último presidente del directorio inscripto en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

En estas condiciones -continúa- negarles legitimación para presentarse en nombre de la sociedad “Caro Hnos. S.A.” importa un privilegio de las formas por sobre el fondo de la cuestión, ya que más allá de la estrictez formal en cuanto a la debida presentación conforme a la ley, es lo cierto que lo oportunamente manifestado por los Sres. Caro en el escrito de inicio de estos actuados representaba la auténtica voluntad social de la empresa en crisis, la que -además- puede entenderse ratificada a través de la sucesivas y posteriores presentaciones realizadas en el expediente.

En suma, alega que el pronunciamiento en embate al decretar la inexistencia del auto de quiebra de “Caro Hnos. S.A.” desconoce los efectos de la preclusión procesal y la cosa juzgada, así como ignora no sólo la protección de los derechos adquiridos por acreedores, profesionales y compradores en la quiebra de un inmueble de la sociedad, sino también los efectos de la doctrina de los actos propios (sobre la que en sentencia se predica su inaplicabilidad alsub lite), en tanto y en cuanto resulta evidente que el juzgado interviniente colisiona contra sus propios actos.

Por último, acusa que la Sala interviniente debió excusarse de resolver las apelaciones presentadas contra el pronunciamiento de la instancia de origen toda vez que ya había prejuzgado sobre el mismo tema que se le llevaba a consideración (falta de personería de los Sres. Caro para peticionar en nombre de la aquí fallida).

RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILI-DAD DE LEY (fs. 654/662vta.)

Encuentra fundamento en la conculcación de los arts. 58, 60, 257 y 268 de la ley de sociedades comerciales; 6 de la ley de quiebras; 1051 del Código Civil y 17 de la Constitución Nacional.

Denuncian los impugnantes que el decisorio en crisis, al decretar la inexistencia del auto de falencia de “Caro Hnos. S.A.”, viola su derecho de propiedad sobre el inmueble comprado en la quiebra y defienden su posición amparándose en su condición de adquirentes de buena fe y a título oneroso a quienes –además- se les ha hecho entrega de la posesión del bien.

En primer lugar, y adelantando que existe en autos un conflicto jurídico subyacente cual es el de la pretensa restitución al patrimonio falencial del inmueble sito en calle 4 entre 65 y 66 de la ciudad de La Plata revalorizado por el paso del tiempo, afirman que incurre ela quoen una violación del régimen jurídico de las nulidades e inexistencia de los actos jurídicos, conceptos diferentes entre sí que no deben confundirse, base sobre la que construyen, en definitiva, toda la argumentación recursiva que despliegan a continuación.

Así aducen que la teoría de la inexistencia no tiene en nuestro país consagración legislativa expresa, y conforme autorizada doctrina autoral que citan, recuerdan que la misma debe ser ponderada con carácter excepcional.

Señalan que la diferencia apuntadaut supraha sido receptada por esa Suprema Corte en diferentes antecedentes que indica, en los que se ha llegado al extremo de decretar la inexistencia sólo cuando los actos jurídicos en cuestión no contienen elemento volitivo alguno, lo que no acontece en autos –e impide sea aquí aplicada- toda vez que el pedido de quiebra fue oportunamente suscripto por los únicos dos integrantes de la sociedad anónima que en conjunto poseían la totalidad del capital social, debiendo considerarse que además el Sr. C.A.C. revestía la calidad de presidente del directorio de la misma, extremo reconocido incluso por la propia sentencia en crisis.

Entienden, en función de lo previsto por los arts. 58 y 268 de la ley de sociedades, de cuya interpretación conjunta puede sostenerse que el representante legal de la sociedad obliga a ésta en los actos jurídicos que celebra en su representación, que el acto de solicitud de quiebra nació a la vida jurídica por imperio de la ley y no corresponde, por ello, decretar su inexistencia, restándole trascendencia a las exigidas mayorías del directorio y a la posterior ratificación por parte de la asamblea (extremos sobre los que hace hincapié la Alzada) ya que nada de esto puede afectar al acto en sí mismo ni a su validez frente a terceros.

Paralelamente a esto, denuncian que la sentencia incurre en violación de las normas que establecen la representación legal de las sociedades anónimas.

En efecto, en virtud de lo dispuesto por el art. 268 de la ley 19.550, la representación legal de una sociedad anónima la ejerce el presidente de su directorio, en el caso indiscutidamente el señor C.A.C., quien continúa desempeñando esa función en virtud de lo normado por el art. 257 de la misma ley, todo lo cual habla de la regularidad del pedido de quiebra formulado por él mismo, y el requisito del incumplimiento del debate y la deliberación de las mayorías no tiene por qué regir en el sub examine ya que se encuentra satisfecho al presentarse –como se lo hizo- todos los integrantes de la sociedad, máxime teniendo en cuenta lo que surge del art. 58 de la ley 19.550 (los actos del representante obligan a la sociedad en la medida que no sean notoriamente extraños al objeto social).

A todo evento, y en el escenario fáctico en el que se pidió la presente quiebra, debe regir el art. 274 de la ley 19.550 que estatuye –según informan- que la consecuencia del acto tomado sin la decisión de las mayorías exigidas normativamente acarrea la responsabilidad del director de la sociedad anónima más no la nulidad de lo realizado.

Y considerando que la petición de quiebra la hicieron los únicos dos accionistas de la sociedad (uno de ellos miembro del directorio), es un exceso ritual manifiesto sostener, como lo hace ela quo, que la falta de ratificación posterior por parte de la asamblea dentro de los 30 días (exigida por el art. 6 de la ley de quiebras) invalide todo lo hecho al punto de que sea decretada su inexistencia, lo cual es lisa y llanamente arbitrario, correspondiendo, a todo evento, que se declare la “anulabilidad relativa” del acto o las consecuencias...

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