Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 11 de Octubre de 2006, expediente Ac 82569

PresidenteRoncoroni-Negri-Hitters-Genoud-de Lázzari-Soria-Kogan
Fecha de Resolución11 de Octubre de 2006
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

Dictamen de la Procuración General:

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul -Sala Segunda- dictó sentencia confirmando el pronunciamiento de primera instancia que hizo lugar a la ineficacia concursal promovida por el síndico de la quiebra de "C.R.A. y Cía. S.A." respecto de la garantía hipotecaria constituída sobre los inmuebles matrículas 22.272/1 (006), 9.686 (006), 9.687 (006) y 9.689 (006), en favor del Nuevo Banco de Azul S.A. (posteriormente cedida al Nuevo Banco Industrial de Azul S.A.), declarando -consecuentemente- la inoponibilidad de la misma frente a los intereses concursales (fs. 105/116 vta.).

Contra dicho pronunciamiento se alza el representante legal del mencionado acreedor hipotecario, mediante recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (fs. 121 vta./131) y nulidad (fs. 131/132).

Los abordaré por separado, alterando para su tratamiento -por obvias razones lógicas- el orden de su interposición.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD.

Con sustento en el art. 171 de la Constitución de la provincia, alega el recurrente la "ausencia de motivación" que padece el pronunciamiento de la Cámara, lo que -a su juicio- "torna asimismo arbitraria la sentencia por falta de fundamentación suficiente", vinculándolo con la "motivación aparente" que "conduce a la real falta de fundamentación".

En mi opinión, este recurso no merece acogida.

Según tiene dicho V.E. en constante doctrina, la ausencia de fundamentación legal que habilita la nulidad de un fallo es la que deviene de una ausencia total de citas normativas (independientemente del acierto o error con que se las invoque), lo que no acontece en la especie.

De la simple lectura del decisorio se advierte la multiplicidad de sustento legal con que el mismo cuenta, lo que descalifica el intento impetrado (conf. S.C.B.A. Ac.53.550, sent. del 25/10/94; Ac.55.643, sent. del 12/9/95; Ac.58.607, sent. del 30/4/96; Ac.63.725, sent. del 30(9/97; Ac.61.601, sent. del 7/7/98; Ac.72.653, sent. del 29/11/00; e.o.).

Observo, en realidad, que bajo expresiones tales como "ausencia de motivación" o "motivación aparente" se exterioriza la discrepancia del quejoso con la decisión del a quo, encubriéndose la imputación de un supuesto error de juzgamiento -cual es el criterio de interpretación utilizado para la aplicación al caso del plazo de caducidad del art. 124 de la LCQ- que como tal resulta ajeno al remedio en examen y propio -de existir- del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. S.C.B.A., Ac.72.238, sent. del 9/3/99; Ac.73.467, sent. del 15/12/99; Ac.76.126, sent. del 4/10/00; Ac.77.086, sent. del 21/7/01; Ac.77.444, sent. del 11/7/01; Ac.79.231, sent. del 31/10/01).

Finalmente diré que la lectura que hace el impugnante de la doctrina de V.E. sentada en Ac. 56.599 con la intención de que sea aplicada al sub lite, es -en mi opinión- equivocada ya que además de estar apoyada sobre un contexto fáctico diferente al presente, está construída sobre una forzada interpretación de lo allí sostenido, lo que no habilita sea aquí favorablemente atendido.

A todo evento, la pretensa falta de argumentación debe ser absoluta de modo que no permita la interposición del recurso de inaplicabilidad, circunstancia que no ha acontecido en el caso (conf. S.C.B.A. Ac.56.599, sent. del 23/2/99; Ac.73.275, sent. del 3/10/01).

RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY.

Viene fundado en la violación de los arts. 118 inc. 3 y 124 de la ley 24.522; 993, 994 y 995 del Código de Comercio, con denuncia de absurdo.

Básicamente, se señalan los siguientes agravios:

1) Infracción del art. 124 porque el plazo de caducidad en él previsto se halla -a juicio del impugnante- vencido y que la decisión tomada por el sentenciante -por ende- es producto de una equivocación, señalando "que el error en la interpretación legal deviene en una inaplicación de la ley".

2) En el caso "no se verifican los presupuestos sustanciales para aplicar la sanción de inoponibilidad que establece el art. 118 inc. 3 de la LCQ". Denuncia el quejoso, en este aspecto, absurdo en la apreciación de la prueba y concretamente alega inaplicación de los arts. 993, 994 y 995 del Código de Comercio por parte de la Alzada al sostener la existencia de una deuda anterior con carácter quirografario.

En mi criterio, tampoco este recurso podría prosperar.

En efecto. Para resolver como lo hizo, la Cámara hechó mano a una interpretación dinámica y funcional de la previsión contenida en el art. 124, acorde con las particularidades suscitadas en este proceso concursal: sentencia de quiebra de fecha 26/8/93 (v. fs. 1); posterior homologación de acuerdo resolutorio fechada el 5/9/94 (v. fs. 32/44 vta.); solicitud de declaración del fallido de su propia quiebra en 13/9/95 (v. fs. 45/49 vta.); posterior declaración falencial con fecha 18/9/95 (v. fs. 50/52); solicitud de declaración de ineficacia presentada por el síndico el 25/3/98 (fs. 53) y resuelta favorablemente en primera instancia el 29/8/00 (v. fs. 64/68).

A mi ver el a quo -por oposición a la reprobable tarea de aferrarse a la literalidad y estricto análisis gramatical de la norma- acudió a la interpretación de los alcances de la disposición legal en cuestión a la luz de las señaladas circunstancias efectuando, a mi juicio, una exégesis del artículo en cuestión, haciéndose eco de la intención del legislador que nutre el sistema de las "ineficacias concursales de pleno derecho" cual es -claramente- la de preservar el "activo concursal" frente a ciertos actos realizados por el deudor en el período de sospecha (en el caso los contenidos en el inc. 2 del art. 118).

Hábil muestra de ello son los razonamientos desarrollados por el a quo quien -luego de analizar el efecto negativo de hacer cargar a los acreedores con la caducidad de una solicitud de ineficacia de pleno derecho que fue peticionada en término por la sindicatura siendo que las mismas pueden ser declaradas sin necesidad de acción o petición expresa y sin tramitación- concluyó en que "tampoco cabe juzgar que el sólo transcurso del plazo puede dar lugar a la caducidad del derecho en todos los casos y en forma automática".

Por lo dicho, y en esta inteligencia que patentiza la flexibilidad en el criterio interpretativo que utilizó la Alzada para resolver el caso, no tiene andamiento -a mi modo de ver- el agravio esgrimido por el recurrente en el primer apartado.

Respecto del segundo de los cuestionamientos efectuados, entiendo que determinar si en el caso concurrieron los presupuestos fácticos para la declaración de ineficacia solicitada ("Constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia, respecto de obligación no vencida que originariamente no tenía esa garantía") es una cuestión de hecho ajena a la competencia revisora de esa Corte y por lo tanto exenta de censura en casación, salvo el excepcional supuesto de absurdo (conf. Ac.34.433, sent. del 22/10/85; Ac.54.249, sent. del 10/5/94; Ac.62.392, sent. del 24/9/96; Ac.65.435, sent. del 13/5/97; Ac.66.624, sent. del 17/6/97; Ac.77.923, sent. del 19/2/02).

Y si bien este vicio fue denunciado -aún superando la ausencia de cita del precepto legal que regula la tarea valorativa del juzgador de grado- opino que el escrito recursivo no contiene una crítica eficaz de los razonamientos desplegados por el sentenciante que logre demostrar la presencia del "error palmario, grave y manifiesto en la apreciación de los hechos y circunstancias de la causa" que lo caracteriza -art. 279 C.P.C.- (conf. S.C.B.A., Ac.48.970, sent. del 20/4/93; Ac.53.230, sent. del 13/6/95; Ac.54.434, sent. del 20/2/96; Ac.57.127, sent. del 6/5/97; Ac.80.070, sent. del 11/7/01; e.o.).

Tal como tiene dicho V.E., sólo cuando media "cabal demostración de su existencia" -aunque más que "demostrado" debe ser "mostrado", "puesto en evidencia"- (conf. Ac.52.963, sent. del 20/12/94; Ac.60.400, sent. del 10/3/98; Ac.63.691, sent. del 8/9/98; Ac.71.624, sent. del 15/3/00; Ac.72.769, sent. del 30/8/00; Ac.73.936, sent. del 19/2/02; Ac.74.035, sent. del 3/7/02) es que tiene andamiento favorable la pretendida revisión de hechos, lo que -a mi criterio- no acontece en el sub examine en el que el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR