Cargas Probatorias

• Autor: Matilde Zavala De González
• Páginas: 208-252

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IX

CARGAS PROBATORIAS

Art. 1734. Prueba de los factores de atribución y de las eximentes.

Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución

y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega.

Concordancias

Arts. 1721 a 1725, 1734 a 1736, 1753, 1754, 1756 a 1758, 1768, 1771,

1776, 1777.

Antecedentes

Proyecto 1987, art. 514, 2do párrafo; Proyecto 1992, arts. 1554, 1555;

Proyecto 1998, art. 1619.

1. Cargas probatorias en la responsabilidad civil

2. Ausencia de demostración convincente

3. El objeto de la prueba en factores de atribución

4. Combinación de factores subjetivos y objetivos

5. Carga de quien alega el factor o la eximente

6. ¿Prueba de “eximentes”?

7. Eficacia de pruebas de cualquier origen

8. Inferencias a partir de indicios

9. Nexos probatorios entre antijuridicidad

y culpabilidad

10. Prueba de la culpa

11. Presunciones legales y judiciales de culpa

12. Riesgo y vicio de cosas

13. Acreditación de eximentes

14. Prueba de inculpabilidad

15. Ineficacia de la “no culpa” en responsabilidades

objetivas

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1. CARGAS PROBATORIAS EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL

El incumplimiento de la carga de probar apareja que el hecho no existe

jurídicamente y, por eso, no se logra el efecto pretendido por el litigante1.

La incorporación de reglas al respecto “disminuye la litigiosidad y confiere

seguridad jurídica” (fundamentos del Anteproyecto de 2012).

Sin embargo, es incorrecto el irrestricto agregado vertido a continuación,

sobre que normas de ese tipo “no son procesales, sino directivas sustantivas

dirigidas al Juez a fin del dictado de la sentencia en ausencia de pruebas

concretas sobre el tema a decidir”.

Al contrario, revisten carácter esencialmente procesal las reglas sobre carga

probatoria, así como las derivaciones de su falencia, pues el juez debe fallar

contra quien soportaba esa necesidad demostrativa probar y no pudo

satisfacerla.

Un tema distinto es que la normativa de fondo pueda y deba incorporar

preceptos procesales —y así conviene hacerlo— cuando, de no ser respetados,

puede resultar distorsionada alguna institución o finalidad sustantiva, por el

estrecho enlace sobre cómo preservarlas en un litigio. Es inaceptable que la

suerte de litigios por completo similares sea distinta por variación de reglas

procesales dentro de nuestra nación.

Por eso, no hay separación tajante entre extremos fácticos y axiológicos de

los requisitos de la responsabilidad, y su demostración en juicio.

Toda vez que el conflicto sobre responsabilidad se traslada a un litigio, la

acreditación de propuestas y estrategias defensivas debe revestir la mayor

eficacia posible.

Cuando los hechos quedan sin asidero probatorio, devienen desprotegidos los

derechos que en ellos se fundan.

A todo evento, cualquiera sea el encuadramiento de las normas como

procesales o sustanciales, en asuntos probatorios es inadmisible infringir

directivas esenciales, de raigambre constitucional, como la igualdad de trato

hacia litigantes y sus garantías defensivas (arts. 16 y 18, Const. Nacional).

2. AUSENCIA DE DEMOSTRACIÓN CONVINCENTE

En numerosos supuestos, no se rinde demostración sobre extremos

esenciales de la responsabilidad o bien, la prueba diligenciada no es suficiente

para arribar a convicción judicial.

Es entonces cuando corresponde examinar quién debía acreditar el elemento

ausente. Si el onus probandi pesaba sobre el actor, debe rechazarse su

pretensión; en cambio, procede dictar un pronunciamiento de condena si aquel

no soportaba carga probatoria en el punto de que se trata, sino la otra parte.

Como destaca DEVIS ECHANDÍA, “las reglas sobre carga de la prueba sólo

adquieren significación ante la ausencia de prueba eficaz, porque en hipótesis

de duda, el magistrado debe fallar contra quien debía probar y no lo hizo”2.

En otra obra, dicho jurista explica su pensamiento: “No se trata de fijar

quién debe llevar la prueba, sino quién asume el riesgo de que ella falte, porque

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no es correcto decir que la parte gravada con la carga debe suministrar la

prueba o que a ella le corresponde el llevarla; es mejor decir que a esa parte le

corresponde el interés de que tal hecho quede probado o de evitar que se quede

sin prueba y por consiguiente el riesgo de que falte (lo cual se traduce en una

decisión adversa)”3.

3. EL OBJETO DE LA PRUEBA EN FACTORES DE ATRIBUCIÓN

Según se ha precisado, un factor de atribución es la razón axiológica que

sustenta la responsabilidad, evidenciando como justo que el daño sea resarcido

por alguien (art. 1721).

Los factores de atribución no son susceptibles de prueba directa: son juicios

valorativos, a propósito de la justicia imponer responsabilidad a determinadas

personas.

El objeto de la demostración reside en las circunstancias fácticas

conducentes a una elaboración de dicha conclusión axiológica por el magistrado.

La selección del factor aplicable delimita cuáles datos sirven para formar ese

juicio.

Por ejemplo, no es lo mismo la responsabilidad del principal como refleja, a

título de garantía de una simultánea responsabilidad del dependiente, que

reputarla como directa, fundada en el riesgo creado al ampliar su actividad a

través de otras personas bajo su incumbencia. En esta última alternativa, la

obligación surge a partir de una falla de servicio incluso de proveniencia

anónima (comentario al art. 1753).

Los factores de carácter objetivo, como el riesgo o la garantía, surgen sin

más a partir de determinados contextos relevantes, y por eso corresponde

profundizarlos al examinar la prueba sobre el nexo causal (art. 1736).

4. COMBINACIÓN DE FACTORES SUBJETIVOS Y OBJETIVOS

Los factores subjetivos y objetivos de atribución suelen combinarse y

concurrir.

Cuando es muy intensa la probabilidad de ocurrencia de sucesos nocivos, por

el peligro inherente a una cosa o actividad, la responsabilidad se funda en el

riesgo creado, al margen de la culpabilidad (arts. 1757 y 1758).

Sin embargo, las actividades peligrosas casi siempre requieren acentuadas

medidas preventivas (art.1725); por eso, su incumplimiento o la falta de

demostración de haberlas satisfecho, refuerza la justicia de un deber

resarcitorio atendiendo a la perspectiva subjetiva del obligado (culpabilidad).

Por una o por otra vía demostrativa, queda justificada la responsabilidad, y

todavía mejor si se concreta a través de ambas (riesgo y culpa).

No obstante, debe quedar en claro que, cuando las circunstancias denotan

culpa además de creación del riesgo, este es el título predominante para

atribuir responsabilidad.

Así se verifica porque la ley se desentiende sobre si medió o no negligencia.

Incluso una prueba prácticamente exhaustiva sobre que se adoptaron prolijas