Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala II, 22 de Septiembre de 2010, expediente 10.013

Fecha de Resolución22 de Septiembre de 2010
EmisorSala II

REGISTRO No.: 17.173

la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil diez, se reúne la S. II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el Dr.

W.G.M. como P. y los Tres. Luis M.

García y G.J.Y. como vocales asistidos por el Prosecretario Letrado, doctor G.J.A., a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 185 de la causa n° 10.013 del registro de esta S., caratulada: “CARDOZO, F.H. y otros s/recurso de casación”; interviene el señor F. General ante esta Cámara, doctor J.M.R.V., el doctor G.D.T. de Tolosa en su carácter de apoderado de los pretensos querellantes, y por la defensa: la doctora E.G. asistiendo a M.J.P.R., el doctor N.M.C.

asistiendo a M.T.P.R. y O.B.,

el doctor J.L.O. asistiendo a V.E., la señora Defensora Pública Oficial ante esta Cámara, doctora E.D., asistiendo a M.T.R.N., L.C. de T.,

F.C. y F.C., y los imputados A.L.S., F.S. y G.L.M. ejerciendo su propia defensa.

-1-

Efectuado el sorteo para establecer el orden de emisión de votos, resultaron designados para hacerlo en primer término el juez doctor L.M.G. y en segundo y tercer lugar los jueces doctores Guillermo J.

Yacobucci y W.G.M..

El señor juez doctor L.M.G. dijo:

-I-

  1. ) Que la S. V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad,

    en la causa n° 35.367 de su registro, con fecha 25 de agosto de 2008, resolvió declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el pretenso querellante contra la decisión del juez de grado que había desestimado la denuncia por no constituir delito los hechos denunciados y, asimismo, denegado el pedido de ser tenido por parte querellante (cfr. fs. 185).

    Contra aquella decisión, el apoderado de los pretensos querellantes interpuso recurso de casación (fs.

    190/213 vta.), el que fue denegado por el a quo (fs. 216) y concedido por esta S. tras la interposición de la vía directa correspondiente (fs. 269/270). El recurso fue mantenido en esta instancia (fs. 277).

  2. ) Con invocación de los dos motivos previstos en el art. 456 del C.P.P.N., el recurrente sostuvo,

    en relación a la declaración de inexistencia de delito, que -2-

    el pronunciamiento atacado no ha tenido en cuenta la prueba esencial, decisiva y dirimente obrante en estas actuaciones, violando las normas de la sana crítica racional

    (fs. 190 vta.), y que por eso se ha verificado “un supuesto de arbitrariedad” (fs. 198 vta.).

    Por otro lado, afirmó que el a quo yerra “al señalar que el Ministerio Público es el único órgano facultado para promover la acción penal en los delitos que en esta pesquisa se investigan” (fs. 203 vta.), y que ha desconocido “el carácter autónomo del querellante”,

    carácter que, arguye, ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Fallos 321:2021, y por la S. I de esta Cámara en la causa n°

    9241 “Vrtal, R.s.. de casación” y n° 5654 “N.A., E.s/rec. de casación”. Concluye que lo decidido ha violado “el derecho de defensa en juicio de la querella” (fs. 202).

    Asimismo, se agravió el recurrente de que el a quo “no ha generado el necesario control del dictamen desincriminante del Ministerio Público de fs. 155/159

    vta.” (fs. 207).

    Sostiene así que no se han observado los arts.

    2.3., apartado “a”, y 14.1, 14.3 y 14.5 del PIDCYP y los arts. 8.1, 8.2 y 25.1 CADH, así como los arts.

    16,17,18,19,33,75, inc, 22 y cc. CN.

    En fin, solicitó que se haga lugar al recurso,

    se revoque la resolución recurrida y se mande llevar adelante la instrucción de la causa.

    -3-

  3. )En la oportunidad prevista por los arts.

    465, primera parte, y 466 del C.P.P.N., la señora Defensora Pública Oficial ante esta Cámara, señaló que el recurso debe ser rechazado porque “los recurrentes no revisten el carácter de querellantes, toda vez que fue rechazada tal constitución” (fs. 354/355 vta.).

    En la misma etapa procesal, el doctor N.M.C. sostuvo que el recurrente carece de legitimación para interponer el recurso que se examina,

    porque “nunca fue temido como parte querellante”.

    Agregó que “los hechos traídos a estudio no son delitos sino simples disputas de índole civil o comercial” (fs.

    358/367 vta.).

  4. ) Que a fs. 382 se dejó debida constancia de haberse realizado la audiencia prevista en el art. 468

    del C.P.P.N. con la presencia de los DRES. E.G. y J.L.O. por la defensa, y G.D.T. de T. por la querella, que presentó las breves notas agregadas a fs. 380/381, por lo que el recurso quedó

    en condiciones de ser resuelto.

    -II-

    Considero que el recurso interpuesto es formalmente admisible, pues satisface las exigencias de interposición (art. 463 C.P.P.N.) y de admisibilidad (art.

    444 C.P.P.N.); además el pronunciamiento en crisis constituye una de las decisiones enumeradas en el art. 457

    -4-

    C.P.P.N. en tanto impide el progreso de la acción, y de modo definitivo su ejercicio por el pretenso querellante.

    -III-

    Antes de examinar los agravios sometidos a esta S. estimo adecuado relevar las vicisitudes procesales que resultan pertinentes para la solución del caso:

    Al recibir la denuncia formulada por el doctor G.D.T. de Tolosa en representación de los pretensos querellantes, la jueza de instrucción delegó

    la dirección de la investigación en la fiscalía correspondiente, en los términos del art. 196 del C.P.P.N.

    (fs. 22). La titular de la fiscalía tomó a su cargo la investigación (fs. 23), recibió del letrado antes mencionado la ratificación de la denuncia, y solicitó su desestimación por entender que los hechos denunciados no constituían delito alguno (fs. 155/159 vta.).

    Antes de que la jueza se pronunciase sobre el pedido de desestimación, el doctor G.D.T. de Tolosa, en representación de sus poderdantes solicitó ser tenido como “querellante autónomo”, en atención a que “la señora F. no ha efectuado el correspondiente requerimiento” (fs. 162/164 vta.).

    La jueza de instrucción resolvió desestimar la denuncia por inexistencia de delito y no hacer lugar a la solicitud de ser tenido como querellante (fs. 165/169). En -5-

    los fundamentos de su decisión, coincidió con la F. en cuanto a que los hechos denunciados no constituían delito y, además, señaló que la falta de “impulso procesal necesario por el titular de la vindicta pública” imponía “proceder de conformidad F. por estricta aplicación del precepto ‘ne procedat iudex ex officio’”. Como consecuencia de ello, entendió que no correspondía hacer lugar a la solicitud de ser tenido como querellante formulada por el doctor Torres de Tolosa.

    Contra esa decisión, el pretenso querellante interpuso recurso de apelación (fs. 172/179 vta.) que fue concedido. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones resolvió declarar mal concedido el remedio, señalando que “toda vez que el ministerio público, único órgano facultado para promover la acción penal en los delitos como el que aquí se investiga, ha propiciado la desestimación de las presentes actuaciones por inexistencia de delito [...] en este caso la acción no ha sido legalmente promovida, no existe proceso penal, el cual no puede tener su inicio por única iniciativa de la querella o quien pretende serlo, por vía de una apelación” (fs. 185).

    Esta decisión viene sometida a la revisión de esta S. por la vía del recurso de casación.

    -IV-

    El recurrente pretende que no obstante la instancia de desestimación de la fiscalía, esta Cámara -6-

    revoque la decisión atacada y promueva la apertura del proceso penal. Afirmó que el a quo ha errado en la interpretación de la ley “al señalar que el Ministerio Público es el único órgano facultado para promover la acción penal en los delitos que en esta pesquisa se investigan”, y que se ha desconocido“el carácter autónomo del querellante”.

    La cuestión reconduce a las que abordé al emitir mi voto sobre el el alcance del art. 180 C.P.P.N. en el caso “R.G., J.A./recurso de casación”,

    (causa n° 8184, registro n° 12.074, rta. 01/07/08). Señalé

    en esa oportunidad que: “[...] Si hay algo que a mi modo de ver parece evidente es que el legislador no ha querido conceder al pretenso querellante un poder autónomo de habilitar la apertura del proceso penal por delitos de acción pública. Esto surge con claridad de la lectura conjunta de los arts. 195, 180, 186, 188 C.P.P.N..

    Agregué que: “[...] En la interpretación de esas disposiciones no encuentro ningún posible conflicto con la Constitución. En efecto, desde antiguo la Corte Suprema se ha pronunciado en el sentido de que el querellante no tiene un derecho constitucional para intervenir en la causa criminal como tal, ni a obtener la condena penal de terceros (Fallos: 143: 5; 252:195 y sus citas.); puesto que la facultad reconocida por la ley a los particulares de hacerse parte querellante en los delitos de acción pública no es un derecho de propiedad en el sentido de la ley civil, sino una mera concesión de la ley -7-

    susceptible de suprimirse en todo tiempo (Fallos: 143:5; y 299:177) y, en todo caso, la admisión del querellante particular en los procesos que motivan los delitos de acción pública es cuestión librada a las leyes procesales respectivas, y su exclusión no compromete principio constitucional alguno (Fallos: 252:195, y sus citas). Esta discreción concedida por la Constitución, no se ha visto modificada por la incorporación al orden interno, con jerarquía constitucional, de los instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 22,

    CN). Si bien en ellos se establece el derecho a acceder a un recurso judicial efectivo que ampare contra todo acto de agentes del Estado o de particulares que violen sus derechos reconocidos por esos instrumentos, por la constitución o por la ley (arts. 8 DUDH, 25 CADH, 2.3

    PIDCP), nada indica que el recurso de “protección” sea equivalente a un derecho de acusación privada de quien se pretende víctima de un delito. Hasta ahora la jurisprudencia de los órganos de interpretación y aplicación de los instrumentos de derechos humanos señalados en el art. 75, inc. 22, C. no han inferido la existencia de un derecho autónomo de las...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR