Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 16 de Diciembre de 2020, expediente CNT 029110/2015/CA001

Fecha de Resolución16 de Diciembre de 2020
EmisorCÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE CNT 29110/2015/CA1 “ CAPUZZI

LILIAN ADRIANA C/ PROVINCIA ART S.A. S/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL” -

JUZGADO Nº 36.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los,

reunidos en la S. de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La Dra. D.R.C. dijo:

La sentencia definitiva de fs. 90/92, que hizo lugar a la demanda, suscita la queja que plantea la parte demandada a fs. 94/95 con réplica de la contraria a fs. 97/98.

La representación letrada de la parte actora apela la regulación de sus honorarios por estimarla reducida.

La accionada se queja por la tasa de interés fijada, la fecha de cómputo de los intereses y los honorarios regulados.

Respecto a la fecha de cómputo de los intereses y al planteo formulado en relación al fallo P.N.° 180, en autos "Arena, Santos c.

Estiport. S.R.L., el que data desde el 17 de mayo de 1972”, me expedí sobre dicha cuestión en autos “P., J.J.C. Aseguradora De Riesgos De Trabajo S.A. S/ Accidente – Ley Especial” Expediente Nº Cnt 60536/2013

Sentencia D.initiva del 31/08/2017 donde sostuve:

Al efecto, tenemos que recordar lo que lo manifestado en autos “ACEVEDO, J.B.C./ ESTANCIA LA REPÚBLICA S.A. Y

OTRO S/ ACCIDENTE – ACCIÓN CIVIL “, S.

I. Nº 63.585 del 30.6.14, del registro de esta sala, en el cual se destaca que nuestro modelo no es de vinculatoriedad.

En esa oportunidad, mostramos que los modelos de vinculatoriedad implican una violación de la independencia judicial.

Asimismo, en el curso de cien años la Corte pudo mantener fijo el mismo criterio que beneficiaba a la clase dominante aún en presencia de una modificación legislativa (affirmative action), la cual se hizo necesaria en virtud del carácter eufemístico de la enmienda ya existente (14,

sobre igualdad).

Así, antes de instalada la affirmative action en el universo normativo de la nación, en la causa, se dio el caso Dred Scott v.

Sandford (1852, durante la presidencia de M.F., primero antimasónico Fecha de firma: 16/12/2020

Firmado por: C.G.A., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA 1

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Poder Judicial de la Nación y luego whig), en el cual la Corte estadounidense falló que los estados no tenían potestad para decidir sobre la libertad o esclavitud de sus habitantes, y en Plessy v. Ferguson (1896, bajo la presidencia del demócrata G.C., en el que se indicó que sectores diferenciados para sentarse en los tranvías no constituían una violación del principio de igualdad, emergente de la ya referida Enmienda 14.

Con posterioridad a tal modificación, increíblemente,

en Hopwood v. Texas (1996, bajo la presidencia del demócrata B.C.,

donde la Corte falló en favor de lo que varios estudiantes blancos consideraron una medida discriminatoria: la referida affirmative action. Es decir, se apoyó

judicialmente su oposición vehemente a la existencia de un cupo mínimo en las facultades a ser ocupado por estudiantes afro-americanos.

Así, como la clara discrecionalidad sin ningún cambio normativo, en el caso del incidente Bahía de Cochinos, cuando durante 5 años la Corte de los EE.UU. dictó resoluciones contradictorias entre sí.

Con lo cual y resumiendo, fuera cual fuese el contenido normativo, podemos rastrear a lo largo de nada menos que cien años, tantas variaciones judiciales, como fuera necesario hacer para satisfacer el establishment. Con lo que queda claro que un sistema jurídico de Common Law,

resulta mucho más vulnerable a las presiones del poder, que al imperio del derecho.

Este no es el caso de un modelo continental como el argentino. De ahí, se explica el interés de que si el juez no está obligado por las interpretaciones que sobre la Constitución Nacional realice la Corte Suprema de Justicia Nacional, se lo pretenda convencer de ello doctrinaria, académica y jurisprudencialmente, cada vez que resulte conveniente a un grupo de poder.

En efecto, encontramos cátedras de Derecho del Trabajo y también del respectivo departamento universitario, publicaciones de autores ignotos y no tanto, o en absoluto, y finalmente fallos de distintos Tribunales, incluida la Corte Suprema de la Nación, señalando que los fallos de la Corte son vinculantes, o haciendo apuestas menores: son vinculantes en materia de inconstitucionalidad, o bien que, son “moralmente” vinculantes. Reitero, no es esto lo que dice nuestra Constitución Nacional.”

Es en esta lógica, mal podrían ser vinculantes u obligatorios los fallos plenarios, por ello el artículo 303 del CPCCN era declarado inconstitucional por la suscripta, pues, colocaba a los jueces de las cámaras nacionales en el lugar de legisladores, cuando nuestro sistema constitucional no lo Fecha de firma: 16/12/2020

Firmado por: C.G.A., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA 2

26978795#267356539#20201130104303152

Poder Judicial de la Nación permite, y no habilita siquiera a la propia CSJN. Con respecto a los Fallos P.s, lo afirmado nada tiene que ver con adherir al criterio de los mismos.

Para que se entienda el distingo. En el supuesto del Fallo P. Nº 266, en autos "PÉREZ, MARTÍN

I. C/ MAPRICO SAICIF" del 27-

12-88, si bien puede afirmarse que resulta inconstitucional su pretendida vinculatoriedad per se, lo cierto es que he sostenido, y sostengo, aplicable el criterio sostenido en su doctrina - "En los límites de la responsabilidad establecida por el art. 1113 C. Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte, puede imputarse a riesgos de la cosa",

en atención a las tareas realizadas por el reclamante-, toda vez que considero su interpretación en respeto de la jerarquía de derechos vigente.

“Sin embargo, en el supuesto del Fallo P. N° 322.

TULOSAI, A.P. C/ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA

, del 19/11/2009, no era técnicamente vinculante por las razones apuntadas y, a su vez, su propia doctrina es inconstitucional, contraria a derecho conforme lo dispuesto en el art. 245 reformado, vigente al tiempo de su dictado.”

Cerrando lo dicho, hoy, toda vez que la ley 26.853 en su artículo 12 dispone dejar sin efecto al artículo 303 del CPCCN, y siendo que la misma establece su obligatoriedad de manera inmediata, lo que viene a sumarse a su carácter adjetivo, no existe más la contradicción constitucional.

Por lo tanto, al cabo de todo lo dicho queda claro, que la peregrina idea de uniformar los criterios jurisprudenciales para que no sean heterogéneos, y no resulten contradictorios, mediante la vinculatoriedad de...

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