Capítulo XI La ecuación ambiental

Autor:Roberto Dromi
Páginas:263-277
RESUMEN

1. La conservación de la naturaleza 2. Deber de preservación 3. Responsabilidad y deber de reparación 4. Derecho al progreso económico 5. Derecho al reconocimiento por la inversión ambiental

 
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Esta ecuación, otro de los términos de la ecuación general de los contratos de transformación, se configura con la conservación de la naturaleza, por un lado, y como contrapartida de la misma, en tensión dialéctica por el otro lado, el desarrollo y crecimiento de la industria, actuando como factor de equidistancia y armonización entre las mismas el ecuador, la ley del equilibrio del progreso, plasmada en el art. 41 de la Constitución Nacional.

Los dos polos opuestos, conservación de la naturaleza versus modernización industrial y progreso económico, deben lograr una proporción que se concrete en un ambiente sano y armónico, el cual debe ser promovido y generado por el mismo Estado, con la activa participación de todos los protagonistas, que tienen que preservarlo con comportamientos concurrentes**'.

(*) Ver figura nº 9, sobre la fórmula de "La ecuación ambiental", en p. 397.

1. La conservación de la naturaleza

¿Es posible una humanidad sin naturaleza? ¿Es posible el hombre sin sus circunstancias? Pareciera que así las cosas, "el hombre es una especie en peligro", pues sin ser deterministas, a veces parece que el "homo sapiens"está más allá de los límites del crecimiento. Por ello parece prudente rescatar los derechos de la Tierra como derechos de la especie humana, traducidos en una vida satisfactoria, en un medio cuya calidad le permita "vivir con dignidad y bienestar", o en el "derecho a una vida saludable". La solidaridad planetaria es el presupuesto de reorganización del futuro ambiental de la especie. Allí radica la nueva ética ecológica para la armonía entre el hombre y su entorno, con solidaridad intergeneracional1.

De allí el plano de los nuevos principios que necesitan una normativa ambiental que aborde la conservación y optimización de los grandes sistemas naturales (agua, aire, suelo), que incluya el "ambiente" entre los derechos humanos; la emergencia de la especie como sujeto de los derechos colectivos del ambiente; el necesario recurso a la solidaridad; la internacionalización de la tutela del ambiente y de los deberes intergeneracionales.

La Constitución Nacional (art. 41) otorga protección a un amplio espectro de bienes comunes. Se trata de amparar al ambiente y las circunstancias donde se desarrolla la vida del hombre, desde los elementos naturales básicos que la hacen posible, hasta su llegada histórica y cultural.

El ambiente es un conjunto interrelacionado de componentes de la naturaleza y la cultura que dan fisonomía a la vida en el planeta, que posibilitan la subsistencia de la civilización y que aseguran la conservación del hombre y de los demás seres vivos como especies. El medio ambiente, o simplemente ambiente, está integrado por "aire, agua y suelo" y demás factores básicos de la existencia natural (dada) y cultural (creada) en el planeta Tierra. La ecología racionalizada, una idea directriz de la doctrina social de la Encíclica Centesimus Annus, pone límites al impulso del hombre por "tener y gozar" más que por "ser y crecer", "creer y crear", lo que lo lleva a una insensata destrucción de los recursos de la tierra. Se olvida que la tierra es un bien, que debe preservarse para salvaguardar la auténtica ecología humana.

La Constitución Nacional caracteriza el derecho al ambiente, en primer lugar, como derecho común a todos los habitantes. Es un derecho que tiene todo el pueblo sin excepción, como es resultante de la tríada "vida, naturaleza y derecho".

El derecho al ambiente tiene tres atributos que, conjuntamente, especifican el objeto sobre el que tenemos derecho: primero, derecho a un ambiente sano; segundo, derecho a un ambiente equilibrado, y tercero, derecho a un ambiente apto para el desarrollo humano.

En ejercicio del poder de policía ambiental, a la Nación le corresponde dictar normas que contemplen los presupuestos mínimos para asegurar esta protección, respetando las jurisdicciones provinciales. De esta suerte, la Constitución ha hecho un deslinde a efectos de mantener el equilibrio entre los principios de las competencias delegadas y no delegadas, por el cual ciertas facultades para legislar son de la Nación y otras de las provincias2.

Así y con posterioridad a la reforma constitucional Argentina ingresó en la etapa de sanción de leyes de "presupuestos mínimos" habiéndose dictado entre otras las siguientes:

- Ley 25. 612. Presupuestos mínimos para la gestión integral de los residuos industriales y de actividades de servicio.

- Ley 25. 670. Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de PCBs.

- Ley 25. 675. Presupuestos mínimos para la gestión sustentable y adecuada del ambiente o ley general del ambiente3.

- Ley 25. 688. Régimen de gestión ambiental de aguas.

- Ley 25. 831. Información pública ambiental.

- Ley 25. 916. Gestión de residuos domiciliarios.

2. Deber de preservación

Los individuos y el Estado, a través de comportamientos concurrentes, tienen el deber de preservar la naturaleza. La autoridad debe proveer no sólo a la protección del medio ambiente, sino también a la utilización racional de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, a la preservación del patrimonio natural y de la diversidad biológica.

Es deber de las...

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