Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 30 de Julio de 2020, expediente CIV 113752/2006/CA003

Fecha de Resolución30 de Julio de 2020
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA IV

CAF 113752/2006/CA1: “CANZONIERI, MARINA Y OTROS c/ IBARRA

ANIBAL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”

En Buenos Aires, a 30 de julio de 2020, se reunieron en acuerdo los señores jueces de la S. IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de resolver los recursos interpuestos en los autos “C., M. y otros c/ I.A. y otros s/ daños y perjuicios”,contra la sentencia dictada el fs. 879/900 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara R.W.V. dijo:

  1. ) Que el señor juez de primera instancia –en lo que aquí

    importa y es materia de agravios– hizo lugar a la demanda de M.C. y P.L.C. (iniciada por sus progenitores) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, F.G.F., A.M.F. y el Estado Nacional (como tercero citado), tendiente a obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos en el incendio ocurrido en el local “República Cromañón”, el 30 de diciembre de 2004, en ocasión de haber concurrido al recital de la banda “Callejeros”.

    En consecuencia, ordenó que se abonara a cada una de las actoras la suma de $ 70.000, con más los intereses a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central desde el 30 de diciembre de 2004 y hasta su efectivo pago. Impuso las costas a los demandados.

    Para así decidir, en primer lugar, desestimó la defensa de falta de legitimación planteada por el Estado Nacional por considerar que se encontraban reunidos los recaudos que determinaban la procedencia de la responsabilidad de la Policía Federal Argentina, por su actuación deficiente en adoptar las medidas necesarias para evitar el siniestro.

    Resolvió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resultaba responsable en atención a que no ejerció de manera regular el control y el poder de policía debido a la alteraciones en materia de aplicación de normas específicas de habilitaciones, seguridad, calidad ambiental, higiene, seguridad alimentaria y salubridad. Idéntica solución adoptó respecto de F.G.F. y de A.M.F., al considerar que cumplieron de manera Fecha de firma: 30/07/2020

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    irregular las funciones que tenían a su cargo y contribuyeron a causar los daños cuyo resarcimiento se reclama.

    En cuanto a los terceros citados, declaró procedente la intervención del Estado Nacional y que también resultaba responsable en función de la relación orgánica existente con el funcionario policial condenado en sede penal.

    Sentado ello, señaló que tanto P. como M.C. percibieron subsidios otorgados inicialmente por las resoluciones 28/SSDH/2008 y 114/SSDH/2005, respectivamente; cuyo pago se extendió hasta 2017.

    Después trató de manera conjunta la pretensión relativa al daño psicológico y daño moral y otorgó $ 70.000 a cada actora, por los padecimientos sufridos y la incapacidad del 20 % que reconoció el perito psiquiatra.

    Indicó que tanto los demandados como el tercero citado se encontraban obligados al pago de la indemnización de manera solidaria y, por tanto, las actoras podían reclamarlo a cualquiera de ellos, sin perjuicio de las posteriores y eventuales acciones de regreso que se pudieren efectuar. Para ello,

    fijó los porcentajes de responsabilidad en un 50 % respecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (incluidas sus exfuncionarias F.G.F. y A.M.F.) y el 50% restante al tercero interviniente, el Estado Nacional (Policía Federal Argentina).

    Finalmente, señaló que el crédito reconocido no se encontraba alcanzado por la consolidación de deudas dispuesta por la ley nacional 25.344 y que si se optase por reclamar el crédito al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se debía realizar conforme lo previsto en el art. 395 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y T. local (ley 189).

  2. ) Que, contra tal pronunciamiento, las actoras y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dedujeron recursos (1º de julio de 2019),

    que fueron concedidos libremente el 1º y el 10 de julio de 2019.

    Puestos los autos en la oficina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el memorial de agravios el 29 de noviembre de 2019, que sólo fue contestado por las actoras el 27 de diciembre de 2019.

    Por su parte, las actoras expresaron sus críticas contra la sentencia el 2 de diciembre de 2019, que no fueron contestadas por sus contrarias (conf. proveído del 26 de febrero de 2020).

    Fecha de firma: 30/07/2020

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

    FEDERAL- SALA IV

  3. ) Que las actoras cuestionaron la sentencia de primera instancia en los siguientes aspectos:

    1. Subsidios: reputan arbitraria la decisión de detraer del monto indemnizatorio las sumas que percibieron como subsidios, pues entienden que las normas que los concedieron no determinaron condicionamiento o compensación alguna sujeta al reclamo de la reparación por los daños y perjuicios, sino que implican una “determinación graciable del Estado”, por lo que concluyen que la sentencia es ilegal y violenta sus derechos a una reparación plena.

    2. Reclamo indemnizatorio: cuestionan que se hubiere unificado tanto su tratamiento como la indemnización reconocida.

    3. Daño moral: consideran exiguo el monto reconocido e implica una revictimización al no considerar los padecimientos sufridos por el hecho.

    4. Daño psicológico: indican que el experto reconoció

      un 20 % de incapacidad permanente que no fue adecuadamente reparado por el monto otorgado y agregan que se omitió considerar tanto el tratamiento propuesto como las sumas necesarias para llevarlo a cabo.

    5. Intereses: señalan que la tasa pasiva no solventa las consecuencias disvaliosas del proceso inflacionario que padece el país y la distingue como inconstitucional.

    6. Capitalización de los intereses: manifiestan que en el alegato formularon un requerimiento conforme lo dispuesto en el art. 7º, primer párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación y que el a quo omitió su consideración.

    7. Ejecución de la sentencia: plantean la inconstitucionalidad del régimen previsto en la ley 189 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al destacar que el demandado en casos similares no consideró al crédito como alimentario ni inició el procedimiento de pago allí previsto.

  4. ) Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravió por entender que:

    1. Daño psicológico y moral: cuestiona el monto simétrico reconocido y aduce que es arbitrario y proviene de un informe al que califica carente de rigor científico.

      Por otro lado, indica que no se ha acreditado un daño irreversible, concreto y orgánico.

      Fecha de firma: 30/07/2020

      Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    2. Intereses: controvierte que se reconozcan a partir de los hechos y considera que se deben computarse desde el dictado de la sentencia c) Responsabilidad: objeta que se equipare su situación con la del Estado Nacional, ya que la de éste nace a partir de un delito que tuvo su origen en una situación de corrupción, contrariando las obligaciones nacionales e internacionales por él asumidas, concluyendo que –a su entender– correspondía determinar una proporción menor a su parte.

  5. ) Que, preliminarmente, corresponde poner de resalto que la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en “República Cromañón”

    comportó un hecho de gran impacto social y con consecuencias sumamente dañosas que reclaman una respuesta adecuada por parte de los jueces, quienes no deben prescindir, en el cumplimiento de la misión que les incumbe, de la preocupación por realizar la Justicia (Fallos: 259:27; 272:139; 293:401; 295:316).

    En este sentido y teniendo en cuenta la magnitud de los acontecimientos que originaron la presente litis, corresponde honrar el deber imperioso e indeclinable de la Justicia de restituir el orden vulnerado, también en cumplimiento estricto de su deber constitucional (Fallos: 326:427).

  6. ) Que, los agravios impetrados requieren examinar: la naturaleza y el alcance de la responsabilidad de las condenadas, con especial relación a las acciones de regreso que pudieran ejercerse, la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios reconocidos a las actoras, los intereses, su capitalización y el inicio de su cómputo. Finalmente, también se debe resolver el planteo de la inconstitucionalidad del procedimiento de ejecución previsto en la ley 189 de la Ciudad de Buenos Aires.

  7. ) Que, en cuanto a la responsabilidad de los sujetos involucrados en los hechos que originaron los daños cuya reparación se persigue en esta causa, corresponde estar a lo resuelto por el Tribunal in re “R.Y., M. y otro c/ EN – Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 11/07/17, considerandos 7º, 8º, 10 y 11 del voto del Dr. D., cuyos fundamentos resultan aplicables al sub lite, a los que cabe remitirse por razones de brevedad y a fin de evitar innecesarias reiteraciones.

    Se hace saber a los letrados que el texto de la sentencia citada se encuentra a su disposición en la Mesa de Entradas del Tribunal, y que puede ser consultado en la página de internet www.cij.gov.ar/sentencias.html.

    A todo evento, cabe señalar que a criterio del Tribunal la calidad de tercero del Estado Nacional impediría alcanzarlo en la misma medida Fecha de firma: 30/07/2020

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

    FEDERAL- SALA IV

    que los litigantes principales. Sin embargo, la condena a su respecto ha quedado firme y consentida de modo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba