Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 17 de Mayo de 2017, expediente B 55816

PresidenteNegri-Soria-Kogan-Pettigiani-de Lázzari
Fecha de Resolución17 de Mayo de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 17 de mayo de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN., S., K., P., de L.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia en la causa B. 55.816, "C., M.C. contra Provincia de Buenos Aires (Serv. Penitenciario). Demanda contencioso administrativa y acum. B. 55.996; B. 55.997; B. 55.998; B. 55.999 y B. 56.000".

A N T E C E D E N T E S

I.C., M.C.; M.O.G.; S.R.G.; M.R.M.; E.R.L.; M.E.C.; V.J.E.; A.P.A.; F.D.L.; R.A.T.; N.I.N.; G.H.D.; C.A.O.; R.A.S.; A.M.C.; M.E.P.; G.A.O.; J.P.L.; M.A.A.; M.L.L.; A.A.O.; C.J.R.; L.G.B.; A.N.S.; N.P.S.; C.D.F.; M.G.D.G.; F.D.T.; G.L.A.; M.Á.R.; M.A.B.; M.D.V.; S.M.S.; P.D.F. y J.L.G., todos agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación de los decretos 810/92 y 464/94 de fechas 31-III-1992 y 13-III-1994, ambos dictados por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Relatan que son agentes públicos, empleados del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y como tales sus haberes se encuentran sujetos a descuentos dirigidos a la Obra Médico Asistencial (4,5%) y a Servicios Sociales de Policía (1,5%).

Explican que conforme lo prescribía el art. 18 inc. 1 del decreto ley 9538/1980 (aplicable a los empleados del Servicio Penitenciario por disposición de la ley 8401 con las modif. del decreto ley 9758/1981) tanto el primer sueldo de los ingresantes al Servicio como cada vez que ocurre un aumento salarial, el 100% es destinado al Instituto de Previsión Social para integrar el patrimonio del mismo.

Narran que en esa oportunidad sufren una deducción mayor que la que correspondería en tanto le descuentan también los aportes sobre sumas que en realidad ese mes no perciben. A juicio de los demandantes se efectúa una doble imposición por aportes, en tanto se retiene el 100% del aumento en el haber en favor de la Instituto de previsión, y sobre esa misma suma también se aplica el 6% con destino al I.O.M.A. y a Servicios Sociales, generándose una superposición de aportes contrario a derecho, pues en la práctica importa que el agente cobre un salario menor del que venía cobrando antes del aumento.

Sostienen que el aporte sobre la diferencia de sueldos en el caso de un incremento debe realizarse el mes siguiente a la disposición de éste, toda vez que allí es cuando efectivamente es percibido por el agente, so pena de incurrir en una violación a su derecho de propiedad protegido constitucionalmente.

Fundan su pretensión en los arts. 13 y 14 de la ley 6982 (con las modificaciones introducidas por la ley 10.861), 13 de la ley 10.042, 1º del dec. 825/61 texto según decreto 1237/77, 18 inc. 2º del decreto ley 9538/1980 y decreto ley 9259/79; así como los arts. 17 de la Constitución nacional y 27 de la Constitución provincial.

En consecuencia, reclaman el reintegro de las sumas incorrectamente descontadas en los meses de incremento salarial destinadas al I.O.M.A. y Servicios Sociales de Policía, con más actualización monetaria e intereses durante el plazo de cinco años no prescriptos contados a partir del momento de la presentación del reclamo en sede administrativa -7 de diciembre de 1989- y hasta el efectivo pago con costas.

  1. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos el representante del señor F. de Estado, quien se opone al progreso formal de la demanda respecto a algunos de los coactores y la contesta argumentando en favor de la legitimidad de las resoluciones impugnadas y solicitando el rechazo de la pretensión.

    Para el supuesto en que se hiciere lugar a la demanda, opone la defensa de prescripción de las sumas devengadas hasta cinco años antes de la solicitud presentada por los actores en sede administrativa. A tal efecto, plantea que deberá determinarse para cada uno de ellos cual ha sido el acto interruptivo, en tanto salvo los agentes C. y A., no existen agregadas constancias de los reclamos realizados de forma individual, por lo que considera deberá tomarse como punto de partida el primer acto denegatorio, por ser la única fecha cierta obrante elsub litereferida a los accionantes con virtualidad suficiente para interrumpir el plazo de prescripción.

  2. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la parte actora, y glosados los alegatos, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar las siguientes

    C U E S T I O N E S

    1. ¿Es fundada la oposición a la procedencia formal de la demanda?

      En caso negativo:

    2. ¿Es fundada la demanda?

      En caso afirmativo:

    3. ¿Es fundada la defensa de prescripción opuesta por la demandada?

      V O T A C I Ó N

      A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo :

  3. La demandada plantea la oposición al progreso formal de la demanda con referencia a todos los coactores, con exclusión de la agente M.C.C., por no haberse agotado adecuadamente la vía administrativa.

    Según sostiene ninguno de los actores comprendidos en las causas acumuladas han presentado recurso de revocatoria contra el decreto 810/92, en tanto del texto del decreto 464/94 que lo rechazara, surge claro que éste constituye un acto administrativo de alcance particular, dictado con motivo del recurso interpuesto únicamente por la agente C., que no produce efecto alguno con relación a los restantes demandantes.

    En este sentido y con cita del precedente "Lesieux", sostiene que aquellos no han agotado adecuadamente la vía administrativa, en tanto no interpusieron el recurso de revocatoria requerido.

    Adicionalmente, advierte que ninguno de los actores, a excepción de C. y A., han demostrado la presentación de los reclamos individuales tendientes a requerir las mentadas diferencias, por lo que también por esta razón entiende que la pretensión resulta inadmisible.

  4. Corrido el traslado de dichas excepciones, los accionantes manifiestan que han iniciado y tramitado sus reclamos con arreglo a la normativa vigente, pero que, por una cuestión de conexidad y a fin de evitar un dispendio de actividad administrativa, el propio servicio penitenciario resolvió que tramitaran conjuntamente con el expediente cabecera 2211-162301/89 y 2208-3257/92.

    Explican que de conformidad a los términos de los decretos impugnados surge claro que se trata de un reclamo pluriindividual, tramitado colectivamente y así resuelto.

  5. De las distintas actuaciones administrativas agregadas a la causa, surgen los siguientes datos útiles:

    1. Con fecha 7 de diciembre de 1989, la agente M.C. presenta reclamo administrativo solicitando el reintegro de los aportes con destino al IOMA y Servicios Sociales de Policía realizados incorrectamente en ocasión de cada aumento salarial (fs. 1/3, expte. adm. 2211-162.302/89).

    2. En lo que aquí interesa, tanto el Departamento de Asuntos Legales como la Jefatura del Servicio Penitenciario, estimó que a los fines de evitar dispendio de actividad administrativa y en razón de existir peticiones de igual contenido, debería darse a dicha petición el carácter de expediente piloto y las restantes serían reservadas a las resultas de ésta (conf. fs. 18 y 19, expte. adm. 2211-162.302/89).

    3. Llamados a intervenir los organismos reiteraron sus posturas en expedientes similares, agregando incluso copia de los dictámenes oportunamente expedidos y continuando el trámite no ya como un pedido individual sino colectivo (para ilustración pueden verse las fs. 24/28, 34, 43, 45 del expte. adm. cit.).

    4. Así, el 31 de marzo de 1992, el Gobernador de la Provincia dictó el decreto 810/92, mediante el cual rechaza "los reclamos realizados por los agentes penitenciarios" en el expediente citado y todos sus agregados sin acumular (conf. art. 1, dec. 810/92, fs. 47/48, exp. adm. cit.).

    5. Notificada la agente C., interpuso recurso de revocatoria, el que fue rechazado por decreto 464/94 (conf. fs. 19/20, expte. adm. 2208-3257, acumulado al expte. 2211-162.302/89).

  6. Reseñados los argumentos de las partes y lo pertinente de las actuaciones administrativas agregadas, corresponde decidir si -tal como lo afirma la demandada- la pretensión de los coactores con excepción de la agente C., resulta inadmisible en primer lugar por no haberse interpuesto los recursos de revocatoria requeridos de conformidad a la doctrina de este Tribunal emanada del precedente "Lesieux" y en segundo lugar por la falta de acreditación de sus reclamos individuales.

    1. Con referencia al primero de los planteos, destaco que ya he sostenido, antes de ahora, que el acto que resuelve la reclamación del particular en el...

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