Campañas políticas: cuenta regresiva

Cuando falta menos de un año para que en nuestro país se realicen nuevamente , es necesario que el Congreso apure sus pasos con vistas a sancionar una nueva ley de financiamiento electoral.Anteayer comenzaron las conversaciones en ese sentido en el Senado con el objetivo de llegar a un acuerdo antes de fines del mes próximo, que es cuando concluyen las sesiones ordinarias. Los dos proyectos en debate en la Cámara alta son el que reproduce el enviado por el Poder Ejecutivo y que se halla estancado en Diputados y otro del PJ. Difieren en el porcentaje de participación que una empresa privada podrá aportar sobre el total de los fondos que los partidos están autorizados a destinar a la campaña.De zanjarse esas diferencias, será un paso adelante, pues resulta inexplicable la disposición legal actual que prohíbe a las empresas realizar ese tipo de aportes. Deberían poder hacerlo, fijándoles topes, en tanto que esas contribuciones a la políticas deberían estar expresamente prohibidas para los sindicatos.El proyecto que duerme en Diputados fue presentado por Macri tras conocerse la denuncia judicial por presuntos aportantes truchos a la campaña 2015 y apenas unos días antes de que los denominados cuadernos de las coimas empezaran a revelar dramáticamente las enormes cantidades de dinero estatales y privados sin ningún tipo de control que en nuestro país han ido a financiar campañas políticas durante el kirchnerismo. A ello hay que sumar las revelaciones del brazo local del Lava Jato brasileño y los reiterados y justificados reclamos de la Cámara Nacional Electoral para contar de una vez por todas con un instrumento legal que impida las absurdas -cuando no meros dibujos contables- rendiciones de cuentas de la amplísima mayoría de los partidos políticos y, en definitiva, se castigue de manera ejemplar a esos falsificadores de declaraciones de gastos.Esa Cámara, que acaba de implementar el Sistema de Gestión Electoral (SGE), que cuenta con altos estándares de seguridad en la actualización y generación de padrones, también reclama justificadamente la ampliación del cuerpo de auditores contadores para mejorar los controles durante el escrutinio.Un punto en particular de aquella iniciativa gubernamental ha sido determinante para trabar la discusión: legisladores de variados signos políticos rechazan la participación de empresas en el financiamiento de las campañas, incluso representantes del oficialismo se oponen a esa posibilidad. Cabe recordar que la...

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