Cuando la campaña electoral traspasa todos los límites

 
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Autopistas señalizadas con el color con el que se identifica a un gobierno; el nombre o la imagen de un mandatario en afiches callejeros para sostener las candidaturas de otros dirigentes partidarios; abusos como la utilización de los partidos de fútbol con el fin de promocionar a determinados contendientes electorales; eslóganes propagandísticos que promueven a un gobernante-candidato en desmedro de quienes no comparten esa doble condición, y las cadenas nacionales para imponer o descartar aspirantes a puestos electivos, entre otros, son procesos tan cotidianos en nuestro país como reñidos con la ley y la ética.

En efecto, la ley de partidos políticos, sancionada en 2009, restringió a 30 días la campaña previa a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y a 35 días la actividad proselitista anterior a las generales, y dispuso que ambas deben finalizar 48 horas antes del inicio de la votación. También determinó que, durante toda la campana, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan la captación del sufragio en favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, prohibiendo expresamente dentro de los 15 días antes de la fecha fijada para ambas elecciones la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo.

Si se toma en cuenta que el gobierno nacional acaba de formalizar, con la publicación en el Boletín Oficial, la convocatoria a las PASO a nivel nacional para el 9 de agosto y las elecciones generales para el 25 de octubre próximos, saltan a la vista las gravísimas irregularidades que hace ya muchos meses están cometiendo candidatos y gobiernos de distintos signos políticos.

Cuando se reformó la ley en cuestión, la idea rectora fue democratizar la representación política. Sin embargo, los hechos demuestran que no se ha conseguido la debida relación entre la vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de expresión y la equidad electoral.

La corroboración está a la vista de todos: es impúdico e inaceptable el uso de recursos públicos con que la mayoría de los Estados financian las campañas de sus candidatos antes, durante y hasta el segundo previo a que comience la veda electoral. Es más: en las últimas semanas, hemos podido observar cómo después de haber gastado sumas millonarias en propaganda electoral muchos precandidatos desistieron finalmente de serlo. Sus...

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