Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial

• Páginas: 115-119
• Autor: Carlos Ignacio Viramonte,Ariel A. Germán Macagno,Magdalena Allende De Cardona

98 CARLOS IGNACIO VIRAMONTE (COORD.)

cación del daño moral por muerte de un hijo, aunque las circuns-

tancias particulares del caso eran distintas. Se trataba de un

accidente de tránsito que produjo la muerte de una persona de

30 años de edad, soltero, que vivía con sus padres sexagenarios

y era su único sostén. Fue el fallo dictado en los autos “Basualdo

Caciano, Ramón A. y otro c/ Forján, Carlos M. y otro - ordinario

- daños y perjuicios - accidentes de tránsito (sentencia N° 161

del 07/12/04”.

Como se dijo más arriba, la víctima, Julio Alberto Basualdo,

mantenía a sus padres, era mayor de edad (30 años), soltero y

convivía con sus padres. Y respecto de los actores, en especial

la madre de la víctima, tenía a la fecha de promover la deman-

da 62 años.

En el caso, y a la luz de lo que surgía del expediente, en orden a

las consecuencias y su influencia en la vida normal de los accionan-

tes, se estimó justo y equitativo confirmar el monto indemnizato-

rio por daño moral fijado en primera instancia: $ 25.000 para cada

progenitor.

Otro caso que trató acerca de la muerte de un hijo fue la cau-

sa “Sánchez Pastora, Valentina c/ Gobierno de la Provincia de

Córdoba - ordinario” (sentencia N° 162 del 09/12/04).

En el caso se había producido la muerte de una persona en

la cárcel. Por ello, la madre demandó al Estado.

El tribunal elaboró su razonamiento del siguiente modo: lo

sucedido se debió a la falta adecuada de vigilancia por parte del

personal dependiente del Servicio Penitenciario. Uno de los

deberes primordiales a cargo del Estado es velar por la seguridad

física y moral de las personas que se encuentran en los estableci-

mientos carcelarios. Por ende, el Estado Provincial es responsa-

ble por los daños que provoque no sólo por su conducta positiva,

sino también por sus omisiones de carácter antijurídico. La omi-

sión que genera la obligación de reparar los perjuicios, es aquella

que implica un incumplimiento de un deber impuesto por la ley.

Omitir aquello que es indispensable para la seguridad pública

(vigilancia normal y adecuada), convierte en ilícita esa abstención

en los términos del art. 1074 del Código Civil.

En el caso se ha violado un deber de garantía atinente a la

prestación correcta del servicio penitenciario en su rol de vi-

gilancia.

CÁMARA SÉPTIMA DE APELACIONES

EN LO CIVIL Y COMERCIAL

Con relación al daño moral como consecuencia de la muer-

te del progenitor, la Cámara Séptima en lo Civil y Comercial

tuvo oportunidad de expedirse en el caso “Brochero, Sheila

Marquesa Magalí c/ Superior Gobierno de la Provincia de Cór-

doba - ordinario - daños y perjuicios - otras formas de respon-

sabilidad extracontractual” (sentencia Nº 52 del 14/06/05). En

este juicio se demandaron daños y perjuicios en contra del Es-

tado provincial a los fines que resarza el daño material y moral

sufrido por la menor Sheila M. M. Brochero como consecuen-

cia de la muerte de su padre en un establecimiento penal, en

que se encontraba en calidad de interno procesado. En prime-

ra instancia se hizo lugar a la demanda con fundamento en que

la responsabilidad civil opera con prescindencia de la culpa de la

demandada o de sus dependientes, cuantificándose el daño

moral en la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000). La deman-

dada recurre el fallo agraviándose del quantum indemnizato-

rio en concepto del daño moral.

Es de destacar en el caso cómo se valoró el daño moral, más

allá de que se comparta o no el criterio utilizado, ya que se tu-

vieron en cuenta la personalidad y los antecedentes penales

del padre (muerto) de la víctima. Vale recordar que la Cáma-

ra Sexta, en el fallo “Sánchez, Pastora Valentina c/ Gobierno de

la Provincia de Córdoba - ordinario” (sentencia N° 162 del 09/

12/04), antes reseñado, sostuvo un criterio diferente en una

cuestión similar. En este caso había ocurrido la muerte de una

persona en la cárcel y su madre era la que demandaba daños y

perjuicios a la Provincia. Allí se dijo que no merecen recibo las