Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 2, 8 de Octubre de 2020, expediente CSS 171134/2018/CA001

Fecha de Resolución 8 de Octubre de 2020
EmisorCamara Federal de la Seguridad Social - Sala 2

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva Expediente Nº 171134/2018

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos caratulados CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE JUJUY c/ MRIO DE

PROD. Y TRABAJO-SEC.GOB. DE TRAB. Y EMPL. s/IMPUGNACION DE

DEUDA, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA V.P.P. DIJO:

Llegan los presentes autos a esta alzada para resolver el recurso de apelación interpuesto por la “CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE JUJUY

(CAPYMEJ)” a fs. 20/27 contra la resolución n° 26150 del 8 de mayo del 2015 que rechazó la impugnación contra la resolución nº 28669/13 donde se constató la existencia de una trabajadora no declarada, realizando tareas en el lugar relevado sin el debido registro de altas conforme lo establece el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40

de la Ley 11.683 (texto ordenado por el decreto nº821/98 y sus modificatorias), por lo que se resolvió imponer una multa por $ 5.867,90.

El apelante efectúa el pago de la multa impuesta por lo que ha cumplido con el depósito previo contemplado en el art. 15 de la ley 18820, por lo que se analizara el recurso impetrado.

La apelante se agravia de lo decidido en la etapa administrativa, entiende que la resolución impugnada carece de fundamentación motivación para ser considerada un acto administrativo pleno. También señala que el acta es nula por falta de descripción del hecho verificado. Señala que el funcionario que emite el acto omitió constatar efectivamente que haya existido la prestación de servicios en los términos del art. 23 de la LCT. Por último,

cuestiona la constitucionalidad de la Res. 655/05 al impedir una defensa técnica correcta impidiéndole el ejercicio de una legítima defensa.

En primer término, respecto al cuestionamiento constitucional efectuado a la resolución 655/2005, debo señalar que el interesado debe demostrar claramente de qué

manera esta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales.(C.S. 316:687, Moño Azul S. A. s/ ley 11683).

La invalidez de una norma es siempre la última ratio de la interpretación, a la que solo debe acudirse cuando no exista alternativa de mantenerla dentro del sistema normativo pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos: 14:425; 147:286 y 335:2333, entre otros). Por lo que corresponde desestimar el agravio. En consecuencia,

corresponde rechazar el agravio.

Ahora bien, en cuanto a las nulidades planteadas, de la lectura de los agravios en que funda las diversas nulidades planteadas, revela apoyarse en un disenso o disconformidad con lo decidido en etapa administrativa, lo cual determina la inadmisibilidad del planteo, que únicamente puede fundarse por vicios graves que afecten alguno de los requisitos de validez del acto. Ello, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art. 12 de la ley 19.549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico.

Fecha de firma: 08/10/2020

Firmado por: N.C. DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.L.P., SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: V.P.P., JUEZ DE C.S.

Firmado por: G.P.Z., JUEZ DE C.S.

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Es que tanto las actas de inspección y de determinación de deudas labradas por funcionarios públicos de la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Administración Federal de Ingresos Públicos), constituyen “instrumentos públicos” (v. CCCN, artículo 289 inc. “b”), por lo que hacen “plena fe”

sobre el contenido de las declaraciones, reconocimientos, enunciaciones de hechos etc.

directamente relacionados con el objeto principal del acta instrumentada, salvo prueba en contrario.”

En cuanto a la falsedad de los hechos consignados en el acta, revistiendo la misma el carácter de instrumento público, quien alega la nulidad de la misma está

argumentando falsedad ideológica, y la vía idónea para tal planteo es la redargución de falsedad.

Cabe destacar que el art. 12 de la ley 19.549, expresamente consagra la presunción de legitimidad de los actos administrativos, naturaleza de la que se ve investida la resolución impugnada. La presunción de legitimidad del acto administrativo opera de modo de salvaguarda de toda la...

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