Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial

• Páginas: 75-82
• Autor: Carlos Ignacio Viramonte,Ariel A. Germán Macagno,Magdalena Allende De Cardona

CÁMARA CUARTA DE APELACIONES

EN LO CIVIL Y COMERCIAL

Siguiendo con este recorrido por la doctrina judicial de los

distintos tribunales de alzada que conforman la Jurisdicción

Primera, le toca el turno a la Cámara Cuarta.

En primer lugar, cabe mencionar un precedente muy parti-

cular (cfr. “Juárez, Enrique Baldomero c/ Turín S.A. - ordinario

- daños y perjuicios - otras formas de responsabilidad extracon-

tractual”) donde se debatió la procedencia del daño moral pro-

ducido por incumplimiento contractual.

En el caso concreto, el comprador de un automóvil no pudo

hacer efectiva la inscripción registral del bien como conse-

cuencia de que la documentación entregada por el vendedor

para llevar adelante tal cometido no se encontraba en condicio-

nes para que el registro diera curso a dicha petición. El tribunal,

luego de una correcta descripción de los hechos y sus caracte-

rísticas particulares, estimó prudente que la indemnización

que correspondía por dicho rubro debía ascender a la suma de

mil pesos ($ 1000).

Como dimos cuenta antes de ahora, a las partes las vinculaba

una relación comercial por la que la accionante adquirió un

vehículo de propiedad de la demandada, quien —a su vez—

estaba habituada al comercio con este tipo de bienes muebles

registrables. Luego, dentro de sus obligaciones estaba —precisa-

mente— la entrega de la documentación pertinente a los fines de

que el adquirente ingresara esa documentación en el Registro

de la Propiedad del Automotor, para el cambio de titularidad.

La prueba rendida en la causa le permitió al tribunal tener

por probado que la documentación que se entregó al actor no

contaba con la certificación de la firma del escribano de extraña

provincia, como lo exige el Digesto de Normas Técnico-Registrales,

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do por la ley 24.240 se completa con las normas diseminadas en

este instrumento legal que regulan la responsabilidad (cfr.

arts. 10, 14, 17, 25, 30 y en su mayor extensión y de aplicación al

caso, en el art. 40).

Una mención específica mereció el art. 9º del Reglamento

General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Mó-

viles (RSC Nº 490/97), que establece el derecho a favor del clien-

te de ser tratado con cortesía y corrección.

Todo este campear por los diversos regímenes legales permi-

tió concluir que el mal trato vertido por una empleada de la

accionada queda captado en la previsión genérica del art. 1066

del Código Civil, que delimita el marco jurídico de lo ilícito,

como todo aquello que se contrapone a los preceptos del derecho.

Tal proceder contraviene el art. 42 de la Constitución Nacional

y, en particular, el art. 9º del Reglamento referenciado. Luego,

y en un todo de acuerdo con la prueba rendida en el sublite, se

arribó a la conclusión de que el incumplimiento devino de con-

cretas obligaciones de “buen trato” que fueran transgredidas

por la demandada a título de culpa (art. 512, CC), que provoca-

ron —según la apreciación prudencial de la Cámara— una le-

sión espiritual en la persona del accionante que merecía ser

indemnizada con la suma de mil pesos ($ 1000).