Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 31 de Octubre de 2019, expediente CAF 020979/2017/CA003

Fecha de Resolución31 de Octubre de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

SALA II 20.979/2017 “CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORAS INDEPENDIENTES DE TELEVISION c/ EN s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”

Buenos Aires, de octubre de 2019.- MFO Y VISTOS: estos autos, caratulados “Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión c/ EN s/ proceso de conocimiento”, y CONSIDERANDO:

  1. ) Que a fs. 255/267, la Sra. jueza de la instancia de origen, rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada.

    Asimismo, hizo lugar a la demanda interpuesta por la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (en adelante, CAPIT), declarando el derecho a que, por la vía de las autoridades constitucionalmente habilitadas, se elaborara, pusiera en vigencia y reglamentara, un régimen diferencial del impuesto al valor agregado, aplicable a los actores involucrados, manteniendo la excepción dispuesta por el art. 2º del decreto 746/2003 a la derogación del art. 52 del decreto 1387/2001.

    Dispuso que no debía considerase en mora a las entidades actoras que hubieran cumplido con sus obligaciones fiscales con los alcances concedidos por la medida cautelar decretada en autos.

    Impuso las costas a la vencida respecto de la excepción rechazada, y por su orden en cuanto al fondo de la cuestión.

    En lo relativo a la defensa de falta de legitimación activa, recordó, en primer lugar, que la legitimación procesal denotaba la posición subjetiva de las partes frente al debate judicial, y que la falta de legitimación activa (o pasiva)

    para obrar se configuraba únicamente cuando quien ejercía (o contra quien se ejercía) la pretensión no era la persona habilitada por la ley sustancial para asumir la calidad de actor (o demandado) con referencia a los elementos objetivos de aquélla.

    Tras precisar los términos de la pretensión actoral y puntualizar que el art. 43 de la Constitución Nacional facultaba a las asociaciones allí

    mencionadas para interponer la acción de amparo, sostuvo que la circunstancia de que la actora hubiera demandado por la vía prevista por el art. 322 del C.P.C.C.N. no constituía un óbice para la aplicación de dicha norma constitucional, en atención a la analogía existente entre la acción declarativa de certeza y el amparo. Añadió que la similitud apuntada había sido advertida por el Alto Tribunal en Fallos: 310:2342 y su cita.

    Consideró que, en atención a las alegaciones efectuadas por la actora en orden a la supuesta afectación que producía el actuar del Poder Ejecutivo y tomando en cuenta la finalidad preventiva de la acción declarativa por lo Fecha de firma: 31/10/2019 Alta en sistema: 01/11/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #29705713#248328520#20191031155144290 cual no se requería la existencia de daño consumado en resguardo de los derechos, aquélla se encontraba habilitada para interponer la presente acción.

    Hizo referencia a los principales postulados que surgían del dictamen fiscal, y concluyó que, en virtud de los argumentos esgrimidos y compartiendo los fundamentos del aludido dictamen, de conformidad con el principio pro actione, correspondía rechazar la excepción opuesta por la demandada.

    Luego de señalar los lineamientos atinentes a la procedencia de las acciones declarativas, puntualizó que, en las presentes actuaciones, si bien la actora promovía una acción declarativa en los términos del art.

    322 del C.P.C.C.N., también pretendía que se dictara una sentencia que, modificando el ordenamiento mediante las invalidación de las normas jurídicas que impugnaba, fuera constitutiva de una nueva situación tributaria a su favor.

    Puso de relieve que, en la presente causa, la accionante solicitaba que se declarase la certeza jurídica respecto de los derechos legales y reglamentarios de las licenciatarias de servicios de televisión por cable, ante la omisión en que –según aducía- incurrió el Estado Nacional en proveer una solución alternativa a la derogación del régimen estatuido por el art. 52 del decreto 1387/2001, que contemplara las razones que ameritaron excepcionar a dicha actividad de la derogación de dicha norma por el decreto 746/2003.

    Refirió a la evolución normativa relativa a la situación impositiva que afectaba a la actora.

    Recalcó que la accionante fundaba su reclamo, sustancialmente, en los términos del decreto 746/2003. Añadió que, de los considerandos de dicho decreto, la actora interpretaba que el Estado Nacional asumió un compromiso de estipular un sistema tributario diferencial para las empresas del rubro comunicacional.

    Formuló, asimismo, consideraciones atinentes al principio de división de poderes y a la competencia atribuida al Poder Judicial por la Constitución Nacional.

    Apuntó que la actora pretendía que por la presente acción judicial se declarase su derecho a contar con una regulación especial en materia de impuesto al valor agregado. Entendió que dicha declaración, en atención al principio de legalidad tributaria, debía emanar del único poder del Estado con facultades para ello: el Poder Legislativo.

    Señaló que, en relación a la temática tratada en los presentes actuados, esta S. había sostenido, en la sentencia recaída el 1º de octubre de 2015 en la causa “Asociación Argentina de Televisión por Cable y otros c/

    EN-Dto 746/03 s/ proceso de conocimiento” (expte. Nº 41.910/2003) y sus acumuladas, “Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires y otros c/ EN-DTO 746/03 y otros s/ proceso de conocimiento (expte. Nº 50.636/2003) y “ADEPA c/ EN-

    Fecha de firma: 31/10/2019 Alta en sistema: 01/11/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #29705713#248328520#20191031155144290 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

    SALA II 20.979/2017 “CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORAS INDEPENDIENTES DE TELEVISION c/ EN s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”

    Dto 746/03 s/ proceso de conocimiento” (expte. Nº 23.854/2004), que “…

    corresponde declarar que les asiste el derecho a que, por vía de las autoridades constitucionalmente habilitadas a tal fin, se elabore, se ponga en vigencia y reglamente un régimen diferencial del IVA aplicable a los sectores involucrados, que garantice el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el art. 14 de la Constitución Nacional” (sic).

    Añadió que también señaló este Tribunal en dicha sentencia, que, dado lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la medida cautelar otorgada en la causa “Asociación Editores de Diarios de Bs. As. (AEDBA) y otros”, no se advertían óbices para disponer el mantenimiento de la excepción dispuesta por el art. 2º del decreto 746/2003 a la derogación del art. 52 del decreto 1387/2001, con la consecuente posibilidad de computar como crédito fiscal del impuesto al valor agregado, con efecto cancelatorio, las contribuciones patronales sobre la nómina salarial, con los alcances y en las condiciones establecidas en el citado precepto.

    Concluyó que, por lo expuesto, en atención al precedente señalado en los párrafos que anteceden, en el cual se remitía, a su vez, a lo expuesto por el Alto Tribunal, correspondía hacer lugar a la demanda entablada por CAPIT y, en consecuencia, exhortar a las autoridades constitucionalmente habilitadas a que elaborasen, pusieran en vigencia y reglamentaran, un régimen diferencial del impuesto al valor agregado, aplicable al sector involucrado, manteniendo la excepción dispuesta por el art. 2º del decreto 746/2003 a la derogación del art. 52 del decreto 1387/2001.

  2. ) Que contra dicho pronunciamiento, el Fisco Nacional interpuso el recurso de apelación que luce a fs. 268/vta., y expresó agravios a fs.

    275/291vta..

  3. ) Que el Fisco Nacional se agravia del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa.

    Aduce que, efectuando un estudio de la correlación que puede existir entre el caso decidido en Fallos: 329:459 con el presente, se infiere que el hecho único o continuado sería la omisión del Estado Nacional en elaborar el régimen tributario de excepción que invoca la actora.

    Niega que la omisión aludida pueda configurar la “causa fáctica heterogénea” (sic), y afirma que lo que resulta insoslayable es que esa supuesta omisión debió producir un daño, el cual –además de ser otro requisito de la legitimación activa- no ha sido probado por ninguno de los socios que integran la cámara actora.

    Fecha de firma: 31/10/2019 Alta en sistema: 01/11/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #29705713#248328520#20191031155144290 Cita los lineamientos expuestos por el Alto Tribunal en la causa “H., Ernest” (Fallos: 332:111) que entiende relevantes y expone que, en autos, nada de ello ha sucedido, en tanto: - no se ha identificado con precisión los integrantes de la cámara actora; - no se ha probado la idoneidad de CAPIT para representar a sus asociados; - no se ha arbitrado procedimiento alguno para garantizar la notificación de todos los que pudieran tener un interés en el litigio; -

    tampoco se han implementado medidas de publicidad para evitar la multiplicación de procesos similares al presente.

    Afirma que CAPIT no posee aptitud para estar en este juicio en representación de sus asociados, alegando una supuesta lesión a ciertos derechos patrimoniales que son propios de cada uno de ellos.

    Añade que, en la especie, no se trata de un planteo vinculado a derechos relativos al medio ambiente, a la competencia, o que afecten la relación de usuario o consumidor, ni se trata de algún otro derecho subjetivo de incidencia colectiva, sino de una discusión respecto a derechos patrimoniales puramente individuales, cuyo ejercicio y solicitud de tutela correspondería, en forma exclusiva, a cada uno de los asociados de la entidad actora.

    Alude a que el agravio se consolida cuando se comprueba que la sentencia de grado se refiere a la cuestión...

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