Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - SALA V, 29 de Junio de 2015, expediente CNT 023811/2008/CA001 - CA001

Fecha de Resolución29 de Junio de 2015
EmisorSALA V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V Expte. Nº CNT 23811/2008/CA1-CA1 SENTENCIA DEFINITIVA.77294 AUTOS: “CAMACHO, J.R. Y OTROS C/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ OTROS RECLAMOS – PART.

ACCIONARIADO OBRERO” (JUZGADO Nº 76).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 26 días del mes de junio de 2015 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y la DRA.GRACIELA E.M. dijo:

  1. Contra la sentencia de grado dictada a fs. 335/339 se alzan el codemandado Estado Nacional a fs. 341/355, con réplica de la contraria a fs.

    382/384vta., y la parte actora a fs. 356/363, con réplica de los codemandados Estado Nacional y Telecom Argentina S.A. a fs. 375/381vta. y fs. 388/390, respectivamente.

  2. Por razones de método comenzaré con el tratamiento del agravio vertido por el Estado Nacional que se proyecta sobre su responsabilidad respecto de los créditos de condena.

    Al respecto diré que no resulta atendible la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado fundada en el hecho de no ser titular de la relación jurídica sustancial, como esgrimió al contestar demanda.

    Ya he tenido oportunidad de sostener, al votar en casos de aristas similares al presente (ver “M., M.B. y otros c/

    Telefónica de Argentina S.A. y otro s/ Diferencias de Salarios”, S.D. Nº

    98.944 del 30 de abril de 2015, entre otros del registro de la Sala IV de este Fecha de firma: 29/06/2015 Firmado por: E.N.A.G., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: L.M.D.'ARRUDA, SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: G.E.M., JUEZ DE CÁMARA Fuero del Trabajo) que en el caso “caso "G., J.M. y otros c/

    Estado Nacional – Ministerio de Trabajo y Seguridad" (Fallos: 331:1815)”, la Corte expresó que correspondía discernir a los jueces ““el carácter y la medida de la responsabilidad de cada uno de los sujetos demandados en función de los extremos alegados y de la proyección que en la situación fáctica de autos tenga la inconstitucionalidad declarada” (el subrayado no corresponde al original), y que de ello se extraía que el Alto Tribunal consideró que ambos demandados tenían responsabilidad por la exclusión de los actores del programa de bonos de participación en las ganancias previstos por el art. 29 de la ley 23696 pero que había dejado librada al criterio de los jueces de los tribunales inferiores la determinación del grado de esa responsabilidad en función de las circunstancias que indicó en su fallo, por entender que ello excedía “los límites de su jurisdicción según las normas que habilitaron su actuación”.

    Sobre tales bases, y teniendo en cuenta las circunstancias destacadas por la Corte, en especial, que a la obligación que pesaba sobre la adjudicataria (que se encontraba claramente establecida en el cuadro normativo que presidió la convocatoria al concurso público en el que resultó

    vencedora) se contrapuso el dictado por parte de la autoridad administrativa de una norma viciada de inconstitucionalidad (el decreto 395/92) y que la exención obtenida por la empresa privada la colocó en una situación de privilegio respecto de las restantes emergentes del proceso de privatización que debieron emitir los bonos en cuestión (y responder en consecuencia), consideré que los demandados debían responder en forma solidaria frente a los actores por el total del crédito reconocido en autos a su favor (conf. art. 699 del Código Civil). Todo ello, sin perjuicio del derecho que pudiese asistir al deudor que cancele la obligación de repetir lo abonado, si así lo considerase, Fecha de firma: 29/06/2015 Firmado por: E.N.A.G., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: L.M.D.'ARRUDA, SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: G.E.M., JUEZ DE CÁMARA Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V en un eventual pleito posterior (conf. arts. 717 y 689 del Código Civil), siendo ajenas e inoponibles a los actores las relaciones entre los demandados.

    En consecuencia, por los fundamentos expuestos, corresponde confirmar en este aspecto la sentencia apelada.

  3. También se agravia el Estado Nacional porque el fallo declaró la inconstitucionalidad del decreto 395/92, queja que no habrá de prosperar.

    En efecto, aun soslayando que el apelante inicia su agravio refiriéndose a segmentos de una sentencia distinta a la dictada en estos actuados, observo que la solución adoptada por la sentenciante se ajustó a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver en la causa “Gentini” cuestiones análogas al sub lite, criterio que fue reiteradamente adoptado por esta S. en casos de aristas similares al presente.

    En aquélla, el Alto Tribunal sostuvo, en lo que puntualmente interesa, que: la Ley Nº 23.696 declaró en estado de emergencia a la prestación de los...

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