Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 21 de Septiembre de 2020, expediente CNT 017139/2018/CA001
| Fecha de Resolución | 21 de Septiembre de 2020 |
| Emisor | CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III |
Poder Judicial de la Nación SENTENCIA INTERLOCUTORIA. CAUSA Nº CNT
17139/2018/CA1–“C.H.D. c/ PROVINCIA ART S.A.
s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL” JUZGADO Nº 36
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 21/09/2020, reunidos en la S. de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:
La Dra. D.R.C. dijo:
I.- Llegan los autos a esta Alzada, con motivo del recurso interpuesto por el actor a fs. 67/74, con réplica de la contraria a fs. 76, por la resolución de fecha 19 de octubre de 2018 a fs. 66, en la que la Sra. Juez de anterior grado resolvió declarar la inaptitud de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en estos autos.
La Magistrada destacó que, los fundamentos relacionados con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Castillo”,
V., “M. y “Obregón”, si bien aluden al procedimiento de las comisiones médicas regulado en la LRT, no son aplicables a la cuestión planteada en autos por cuanto en ellos no medió pronunciamiento en relación con la validez intrínesca de ese trámite como exigencia previa al acceso a la jurisdicción en el diseño de las normas de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27348.
Asimismo, explicó que, por lo contrario, en el sentido de la validez constitucional de esas normas se ha pronunciado el Sr. F. General en el dictamen n° 72870 del 12.07.2017, a cuyos términos adhirió la S. II de la CNAT en la causa “B., Florencia Victoria c/ Swiss Medical ART SA s/
accidente – ley especial
, sent. Int. Del 3 de agosto de 2017.
Por todo ello, en el caso, consideró que, correspondía hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, con base en la inhabilitación de la instancia jurisdiccional propuesta ante la falta de cumplimiento del trámite previsto ante las Comisiones Médicas en la ley 27348
y declarar la inaptitud de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en estos autos.
II.- La parte actora, en su escrito de inicio (fs. 2/21), manifestó haber padecido un accidente laboral el día 23/06/2017. Asimismo, afirmó haber Fecha de firma: 21/09/2020 sufrido daño psíquico y físico.
Firmado por: M.L.G., SECRETARIA
Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación III- Prioritariamente, es central entender que los conflictos interpretativos sobre la Ley 27348, tienen diversos niveles superpuestos o bien implícitos que el juez debe deslindar necesariamente. Con lo cual, la hipótesis bajo análisis puede variar sustancialmente, y llevar en algunas oportunidades a que sea necesario el pase previo al fiscal, y en otras no.
Por lo tanto, al ser un planteo de competencia, di cumplimiento al art.
2 (f) de la ley 27.1488 (fs.81), donde se encuentra el dictamen del Sr. F. General Interino. El mismo estimó que la causa en análisis guarda sustancias analogía a lo examinado en el Dictamen n° 72879, del 12 de julio de 2017,
recaído en la causa: “B. Florencia Victoria C/ Swiss Medical ART S.A. s/
Accidente – Ley Especial”, E.. n° CNT 37907/2017/CA1, del registro de la S. II.
IV- De lo reseñado observo que determinar dónde va a resultar remitido el conflicto, encarna una cuestión fuerte de constitucionalidad.
Encuentro que existe un error conceptual, que a veces se comete con la genérica afirmación de que los casos de competencia no presentan cuestiones de constitucionalidad, por decirlo de algún modo.
Afirmo esto, porque todas las normas de forma o adjetivas (ya se trate de leyes dictadas poniendo en práctica derechos sustantivos constitucionales, normas de fondo, o bien de la reglamentación de estas leyes y finalmente de los procedimientos para llevar adelante las causas judiciales),
tienen por finalidad la efectividad de la Constitución, lo que puede verse deformado cuando las normas de carácter adjetivo van en sentido contrario, o siendo correctas son interpretadas de ese modo.
Por tal motivo, es que afirmo que las cuestiones de competencia (comprendidas en el grupo de normas de forma procedimentales o procesales)
deben ser sometidas al análisis de constitucionalidad, en la inteligencia de cómo se articulan los sistemas jurídicos, en particular, en un sistema jurídico como el nuestro, de naturaleza cerrada (continental).
Para mayor profundidad ver “Fiorino A.M. C/QBE
Argentina ART S.A. s/ Accidente- Ley Especial”, punto V, del 25.4.17, del registro de esta S..
Bajo esta lógica argumental, cabe recordar que el art. 24 de la ley 18345, establece, que “En las causas entre trabajadores y empleadores será
competente, a elección del demandante, el juez del lugar del trabajo, el del lugar de celebración del contrato, o el del domicilio del demandado.”
Fecha de firma: 21/09/2020
Firmado por: M.L.G., SECRETARIA
Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación “El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia…”.
Esta posibilidad de elección tiene que ver con el art. 19 y, más profundamente, con los artículos 9 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo (justicia social y aplicación más favorable para el trabajador)”.
En el presente caso, estamos frente a una aseguradora que tiene su domicilio en esta ciudad –calle C.P. 91, 5to. piso, C.A.B.A., según fs. 4-.
En el sub examine, la juzgadora consideró que, a pesar de que el domicilio de la aseguradora se encuentra en esta Capital, no correspondía declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, por la reforma de los factores de atribución de competencia que hace la ley 27348.
Encuentro que no puedo compartir tampoco este criterio por los siguientes argumentos: 1) Porque, contrariamente a lo que en definitiva surge del decisorio, se ve efectivamente afectado el acceso a la justicia, garantía constitucional (art. 18 CN), al achicarse el espectro de opciones para el trabajador, (único análisis que corresponde que formule en esta instancia procesal, de la ley referida); 2) Porque, solo sería aceptable que la nueva ley fuese aplicable a accidentes ocurridos antes de su vigencia, siempre y cuando ésta fuese más beneficiosa, y ya con lo único que se ha analizado relativo a que el trabajador ve reducida la amplitud de opciones de atribución de competencia, queda claro que no lo es.
En el punto, claramente me estoy rigiendo por la aplicación del principio de progresividad emergente del nuevo paradigma constitucional (art.
75, inc. 22), recogido en el art. 2º del CC Y CN (y art. 9 de la LCT).
Ciertamente, encuentro curioso por lo paradójico, que esta interpretación de la intertemporalidad siempre resulte contraria al sujeto de preferente tutela, puesto que cuando se debate si corresponden los beneficios de la ley 26773 (también comprendida en el grupo de normas de forma) a los accidentes ocurridos con anterioridad a su vigencia, la respuesta suele ser negativa, y hoy que lo perjudica, la respuesta es positiva.
Así, me he referido en numerosas oportunidades, entre ellas:
V., Julio Cesar c/ PREVENCIÓN ART S.A. s/ accidente – ley especial
,
sentencia nº 63.065, del 30 de agosto de 2013, registro de esta S..
Fecha de firma: 21/09/2020
Firmado por: M.L.G., SECRETARIA
Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación En cuanto al análisis que implica el requisito previo de las comisiones médicas, en base a qué precedentes nacionales y foráneos se pretende su validez, y qué garantías se encuentran en juego, considero que el planteo resulta ser abstracto en este momento procesal, por cuanto el accidente ocurrió durante la vigencia de la normativa anterior. En consecuencia, la aplicación de la intertemporalidad entre normas, entendida como me referiré en lo que sigue, no permite implicar que por su carácter adjetivo se aplique inmediatamente a sucesos anteriores a su dictado, sin un análisis de si es la norma más beneficiosa.
Así, debe necesariamente tomarse el esquema de competencia más beneficioso para el actor, en virtud del principio de progresividad, tal y como lo he señalado in extenso, en el precedente ya citado, “Fiorino, A.M. C/QBE Argentina ART S.A. S/ Accidente-Ley Especial” Causa Nro. 1832/2013,
del registro de esta S., el día 25/04/2017.
En efecto, esta ley achica el espectro que amplía el marco de decisión del trabajador, para interponer la demanda. Al respecto, el artículo 1
enuncia en su segundo párrafo: “Será competente la comisión médica jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, al domicilio adonde habitualmente aquel se reporta, a opción del trabajador y su resolución agotará
la instancia administrativa”. Claramente, luce ausente de allí el domicilio de la demandada.
Cuando el artículo 24 L.O. habla de empleador, esto abarca toda figura de tercerización (artículos 26, 29, 29 bis y 30 LCT), transferencia o conjunto económico (31, 228 LCT), en cuyo caso se trata de la figura del empleador múltiple, radicando la competencia, si así lo escogiera el trabajador,
de cualquiera de aquellos domicilios, merced al principio de perpetuation jurisdictionis.
Con lo cual, la figura del empleador en estos términos se da también con la tercerización de la higiene y la seguridad, siendo así el domicilio de la ART, también como el “domicilio” del empleador, al que alude la norma.
Es de notar que en la doctrina de la CSJN en el fallo “Jordan,
A.V. y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/
accidente - ley 9688” (Competencia n°...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba