El 'Caballo' Suárez se victimiza y se define como 'preso político'

El dirigente sindical Enrique Omar "Caballo" Suárez se considera un preso político. Vincula su detención con el punto de partida de un plan orquestado por el Gobierno para avanzar sobre los gremios y domesticar a la CGT.

Como puede, el ex jefe del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) rompe el silencio desde la cárcel con un mensaje que suena desesperado: teme morir en prisión por su "delicado" estado de salud y reclama mejores condiciones de detención, con higiene mínima y acceso a las medicinas que debe ingerir a diario. Compara su situación con la cárcel de Guantánamo y denuncia que no lo dejan hablar, como si "fuera la Gestapo".

Suárez está encerrado desde el 13 de septiembre del año pasado en el módulo 3, pabellón 7, una de las áreas de máxima seguridad del penal de Marcos Paz. Está allí acusado de encabezar una asociación ilícita, administración fraudulenta del SOMU y bloquear puertos. Comparte espacios comunes con los funcionarios de Itatí y con los hermanos Juliá, todos ellos detenidos por narcotráfico.

LA NACION accedió a cartas escritas de puño y letra que Suárez presentó en la Justicia y obtuvo algunas opiniones de boca del sindicalista a través de su abogado, Carlos Broitman, y de María Lorena Suárez, una de sus hijas, quien también está investigada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la trama de negocios del SOMU.

Un sujeto "peligroso"

Canicoba Corral rechazó la semana pasada un nuevo pedido de excarcelación o prisión domiciliaria que había solicitado Suárez.

El sindicalista argumentó que desde que está en prisión sufrió un principio de ACV, perdió la visión de un ojo y se acentuaron sus problemas cardíacos. El juez considera a Suárez "un peligro" para el gremio, justifica la intervención del SOMU "a efectos de evitar otros ilícitos" y supone que si lo liberara podría obstruir la investigación.

Desde la prisión, en código político, el "Caballo" Suárez dice que jamás fue amigo ni integrante del círculo íntimo de Cristina Kirchner, quien lo señaló como uno de sus sindicalistas "favoritos" durante la gira presidencial por Angola en 2012.

Por carta, solicitó ser incorporado como testigo en la causa en que se investiga a la candidata a senadora nacional Gladys González (Cambiemos) por presuntas irregularidades durante su paso como interventora en el SOMU.

González fue interventora desde el 18 de febrero de 2016 hasta el mismo día de 2017. En su paso por el gremio, denunció sobreprecios, autos robados y desvío de...