Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala K, 11 de Octubre de 2023, expediente CIV 012294/2021/CA001

Fecha de Resolución11 de Octubre de 2023
EmisorCamara Civil - Sala K

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA K

A. C., Z. c/O., J. C. s/ATRIBUCION DE USO DE VIVIENDA FAMILIAR

Expediente n° 12294/2021

Juzgado n° 12

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 11 días del mes de octubre de 2022, hallándose reunidas las Señoras Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de entender en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados “A. C., Z. c/O., J. C. s/ATRIBUCION DE

USO DE VIVIENDA FAMILIAR”, habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo a estudio, la señora jueza Dra. B.A.V. dijo:

I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (3 de octubre de 2022) y por la Defensoría de Menores e Incapaces (24 de noviembre de 2022) contra la sentencia de primera instancia (29 de septiembre y aclaratoria del 2 de octubre de 2022).

Oportunamente se fundaron (18 de abril de 2023 y 20 de junio de 2023) y recibieron réplica (11 y 15 de mayo y 28 de junio de 2023). Luego, se llamó autos para sentencia (8 de noviembre de 2021).

II- La sentencia La magistrada de grado decidió atribuir la vivienda sita en White xxxx,

MDL, casa 37, Parque Avellaneda, C., a la señora Z. A. C., por el término de cuatro meses a contar desde que la sentencia quede firme. Agregó que, en ese ínterin, ambas partes deberán proponer dos lugares de alquiler con comodidades y costos cuyo pago será afrontado por mitades y el garante será el demandado.

Concluyó que, en caso de que no haya acuerdo, la cuestión será resuelta en este proceso, previa audiencia con las partes a fijarse oportunamente (29 de septiembre y aclaratoria del 2 de octubre de 2022).

Impuso las costas por su orden en virtud de las particularidades del caso y teniendo en cuenta que la vivienda reviste carácter alimentario y ambas partes deben hacerse cargo de ello. Finalmente, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

III- Los agravios 1. La accionante, por sí y en representación de sus hijos menores de edad,

solicita se revoque la sentencia de grado, con costas.

Fecha de firma: 11/10/2023

Firmado por: B.A.V., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.P.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.E.M., SECRETARIO DE CAMARA

Critica la resolución recurrida por no haber considerado la vasta jurisprudencia y doctrina que en la materia regula la protección de la vivienda y su atribución para casos como el de marras, donde se trata del hogar familiar en el habitan hijos menores de edad.

Señala que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental que integra la nómina de los llamados derechos económicos, sociales y culturales y se encuentra reconocido en el texto de nuestra Carta Magna (artículo 14 bis) y en los instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional. Precisa que el Estado debe asegurar a toda persona la protección de la vivienda, mediante el acceso equitativo a un hogar digno y el amparo del ya adquirido. Resalta que la protección de la vivienda integra el sustrato mínimo de protección que el Estado debe garantizar a todos los individuos y las diversas formas familiares en que se agrupan. Alude que toda diferencia de trato en el reconocimiento efectivo de este derecho fundamental debe ser razonablemente justificada por un fin legítimo.

Sostiene que esa mirada amplia tuvo acogida en jurisprudencia que resolvió aplicar la protección emergente del artículo 1277 a los hijos habidos de las convivencias de pareja. Explica que, en esos casos, se tuvieron en cuenta argumentos tales como la protección constitucional de la familia y la vivienda, el deber alimentario respecto de los hijos que incluye el rubro habitacional y el principio de igualdad que impide la discriminación entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Cita jurisprudencia que considera aplicable.

Recalca que el interés del hijo no sólo significa proteger el ámbito material indispensable para su subsistencia y formación, sino también evitar el daño que podría ocasionar a su estabilidad emocional el arrancarlo de su centro de vida.

Subraya que su agravio consiste en que el fallo de grado no contempló -pese a la prueba producida que lo acredita- que sus hijos vivieron y viven allí desde muy pequeños, por lo que representa el hogar familiar, el cual, conforme fue probado con la prueba testimonial, nunca representó un pago de alquiler.

Remite a jurisprudencia en la que se resolvió que el plazo de dos años que dispone por el artículo 526 del Código Civil y Comercial de la Nación rige para las relaciones entre los convivientes adultos, pero bajo ningún aspecto puede comprender a los hijos menores de edad, con capacidad restringida o discapacidad, puesto que el contenido de la prestación por alimentos que se fija a su favor debe comprender expresamente el rubro habitación (conf. artículo 659,

CCCN). Señala que la jueza de grado ni siquiera contempló ese plazo -inaplicable al caso atento la existencia de hijos menores de edad-, sino que dispuso la atribución por el escaso tiempo de cuatro meses.

Agrega que, más allá de la contundencia de la prueba testimonial, el demandado no demostró mediante la prueba documental la validez del contrato de locación, como así tampoco la individualización del mismo con relación a la vivienda de autos (n° 37).

Fecha de firma: 11/10/2023

Firmado por: B.A.V., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.P.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.E.M., SECRETARIO DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA K

Continúa que, del resultado de toda la prueba producida, surge que siempre vivieron en dicho inmueble y que, si bien parecería pertenecer al padre del demandado, lo consideran su vivienda. Afirma que ello se acreditó mediante la prueba testimonial ofrecida por ambas partes.

Entiende que el único aspecto que llevo a la sentenciante a resolver como lo hizo fue que no se demostró que el inmueble que habita sea del accionado,

pero considera una contradicción que también haya manifestado que no surge del Registro de la Propiedad inmueble titularidad alguna sobre el bien. Destaca que la jurisprudencia preponderante sostiene que, independientemente de quién sea el titular del inmueble, lo que interesa a los fines de otorgar la atribución es si fue el hogar familiar y si habitan en él hijos menores de edad.

Adiciona que esta atribución trae aparejada una restricción al derecho de propiedad que tiene como fundamento la solidaridad familiar y que, en caso de confrontación de derechos, debe primar aquélla, pues lo que importa es proteger al más vulnerable sin que importe las causas de la ruptura ni el tipo de unión de que se trate.

Aporta que los casos de atribución de la vivienda a los hijos deben analizarse desde la perspectiva del artículo 659 y no del 526 del Código Civil y Comercial de la Nación -aplicable a las uniones convivenciales-. Puntualiza que el fin protectorio del artículo 526 no es el derecho de los niños a una vivienda, sino el derecho de los adultos a ser preservado su hogar luego del cese de la unión.

En cambio, refiere que la habitación de los hijos menores de edad o con discapacidad está asegurada conforme los principios de responsabilidad parental (obligación alimentaria emergente del artículo 659 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Añade que se acreditó que el inmueble, al menos, no pertenece a ninguna de las partes y no se encuentra controvertido que ambos niños residen en aquél junto a ella prácticamente desde su nacimiento y con posterioridad a la separación, por lo que constituye su lugar de pertenencia.

Considera reunidos los requisitos para atribuir la vivienda familiar a uno de los ex convivientes tras el cese de la convivencia. Adiciona que esta solución es la viable teniendo en cuenta las capacidades económicas de ambas partes, dado que el señor O. fue siempre el sostén del hogar.

Estima que en virtud de la oficiosidad, economía, simplificación y celeridad que deben primar en los procesos de familia (artículos 706 y 709, CCCN),

tomando en consideración su situación socioeconómica desventajosa -debidamente acreditada en autos- y propendiendo a neutralizar el riesgo de inestabilidad habitacional en un futuro para los niños, debe admitirse la atribución de la vivienda familiar a su favor.

Fecha de firma: 11/10/2023

Firmado por: B.A.V., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.P.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.E.M., SECRETARIO DE CAMARA

Remata que la habitación es uno de los principales derechos que los padres deben garantizar a los hijos para lograr que crezcan en un ambiente digno y acorde a sus necesidades, conforme lo prevé el artículo 27, inciso 3, de la Convención de los Derechos del Niño. Detalla que su falta de trabajo dificulta la posibilidad de afrontar el 50% de una vivienda digna para habitar con sus hijos,

conforme dispuso la sentencia recurrida, comprometiéndose el interés superior del niño.

  1. La señora Defensora de Menores e Incapaces de Cámara -quien interviene por S. J. O. A. y L. P. O. A., hijos de ambas partes- sostiene que agravia al Ministerio Público lo resuelto en la instancia de grado y solicita se revoque.

    Refiere que la decisión no tiene en cuenta el interés y el bienestar de sus defendidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, inciso 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el resguardo de sus derechos a la vivienda y alimentación.

    Remite a lo previsto por el artículo 443 del Código Civil y Comercial de la Nación y alega que la protección de la vivienda familiar constituye una constante de las legislaciones modernas, cualquiera sea el régimen matrimonial que se aplique. Invoca que el objetivo es proteger la vivienda de los cónyuges y la de sus hijos y que tiene un sentido económico y social y encuentra su basamento jurídico en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Cita doctrina y jurisprudencia que considera...

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