Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 2 de Julio de 2019, expediente CIV 003157/2017/CA001

Fecha de Resolución 2 de Julio de 2019
EmisorCamara Civil - Sala H

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA H “C.V., J.C. y otro C/ Cei Codigoni, E.R. y otro s/ Daños y perjuicios”, E.. N° 3157/2017, Juzgado N° 40.-

En Buenos Aires, a días del mes de julio del año 2019, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la S. “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “C.V., J.C. y otro C/ Cei Codigoni, E.R. y otro s/

Daños y perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y votado el orden de sorteo de estudio, el Dr. F. dijo:

  1. La sentencia de fs. 183/191 hizo lugar a la demanda entablada por J.C.C.V. y Lucía D.P. contra G.R.C.C. y La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada a quienes condenó a abonar al primero la suma de $53.000 y a la coactora D.P. la de $225.000, más intereses y costas.

    Contra dicho pronunciamiento apelaron, los actores, cuyas quejas lucen a fs. 215/218, las que fueron respondidas a fs. 227/229, y la citada en garantía, la que a fs. 221/225 presentó sus críticas, las que fueron replicadas a fs. 232/236.

  2. Antes de entrar en el tratamiento de los agravios, es pertinente destacar que la cuestión relativa a la forma en la que ocurrieron los hechos y la responsabilidad del condenado se encuentra firme, ya que la decisión en tal sentido ha sido consentida por todas las partes.

  3. Seguidamente, analizaré las quejas sobre las partidas indemnizatorias cuestionadas, no sin antes señalar que, respecto del encuadre jurídico que habrá

    de regir esta litis en cuanto a tales partidas, atendiendo a la fecha en que se llevaron a cabo los hechos que le dieron origen, resulta de aplicación al caso lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente a la fecha del accidente.

    a.- Incapacidad sobreviniente desde el plano físico y psicológico de la coactora D.P. La Sra. Juez de la instancia anterior le otorgó $145.000 por este rubro desde el plano físico y desestimó el daño psicológico por no haber producido la prueba pertinente.

    Ello motivó las quejas de la actora, quien considera que dicha suma es insuficiente para indemnizar el daño físico padecido.

    Fecha de firma: 02/07/2019 Alta en sistema: 04/07/2019 Firmado por: J.B.F., L.E.A.D.B., C.M.K., JUECES DE CÁMARA #29365468#238451553#20190702101316515 Asimismo, critica el rechazo del daño psicológico, pues considera que la práctica tribunalicia ha demostrado que como consecuencia de ciertos accidentes inevitablemente quedan en la víctima secuelas psicológicas.

    A su turno, la citada en garantía cuestiona la indemnización concedida, pues entiende que la sentenciante omitió analizar el origen de la incapacidad física de la actora. Asimismo, considera que la actora no acreditó haber sufrido una disminución en sus facultades genéricas o que presente limitaciones al reanudar su actividad laboral.

    En primer término, diré que los argumentos sobre los que la actora funda sus críticas por el rechazo del daño psicológico, no resisten el menor análisis, desde que no habiéndose producido la prueba pericial pertinente, cualquier pronunciamiento sería especulativo y sin fundamento, por lo que corresponde sin más desestimarlas.

    En lo que respecta a los agravios de la aseguradora, corresponde señalar que encontrándose firme la existencia de daño antijurídico y de factores de atribución de responsabilidad, así como de un nexo causal adecuado, entiendo que sólo resta precisar los daños sufridos por Lucía D.P. a raíz del hecho de autos y fijar la correspondiente indemnización o resarcimiento, considerando su magnitud y el principio de reparación integral que tiene jerarquía constitucional (CSJN, Fallos 321: 487 y 327: 3753 entre otros).

    Ello importa restablecer el equilibrio perdido o volver todo lo posible a la situación anterior al hecho dañoso, de la persona y bienes afectados. Tal principio, que se desprendía del artículo 1083 del Código Civil, ha sido ahora recogido por el artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación que dispone en lo pertinente: “la reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie…”; en tal sentido, el tema se conecta con la determinación del contenido del daño y con la medida de ese contenido.

    Esa conexión proyecta sus efectos a la determinación de los daños susceptibles de reparación y, una vez fijados éstos, se erige como directiva esencial para su cuantificación. En nuestro sistema, el principio de reparación plena o integral es una de las grandes columnas sobre las que se asienta el sistema de responsabilidad civil, a punto que nuestra Corte Suprema de Justicia suele hacer referencia a él como el “principio constitucional de reparación integral”, elevándolo al plano de derecho constitucional, con todo lo que ello implica, particularmente a la hora de establecer la razonabilidad de sus limitaciones Fecha de firma: 02/07/2019 Alta en sistema: 04/07/2019 Firmado por: J.B.F., L.E.A.D.B., C.M.K., JUECES DE CÁMARA #29365468#238451553#20190702101316515 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA H posibles (Conf. P., Daniel-V. C., Tratado de Responsabilidad Civil, Rubinzal-Culzoni, Tomo I, pág. 571 y sgtes.).

    En las indemnizaciones por incapacidad o muerte el art. 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación, nos fija un patrón claro en torno a su cuantificación. Si bien tomamos como pauta el empleo de fórmulas matemáticas, que proporcionan una metodología común para supuestos similares, su resultado no es tomado como valor absoluto, aun cuando nos aproxima al perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado.

    Así, P. y V. sostienen que “Se advierte de inmediato la necesidad de combinar armónicamente las orientaciones generales, basadas en las matemáticas, la estadística y la informática jurídica, con los criterios particulares, que emergen de la realidad del caso concreto, y de las circunstancias de persona, tiempo y lugar. A partir de los primeros, el tribunal tendrá una base económica que modulará luego, ampliándola o reduciéndola, en función de las circunstancias del caso particular, siempre, claro está, fundadamente” (P.- V., ob. cit., Rubinzal-Culzoni, T I, pág. 757).

    Con criterio que comparto, se ha sostenido que el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica (esta cámara, S.C., 15/09/2003, LA LEY 02/09/2004, 7), por lo que trataré tanto el reclamo por incapacidad física como el reclamo por incapacidad psicológica en forma conjunta bajo esta partida.

    Ahora bien, sabido es que cuando se trata de una incapacidad provocada por lesiones, el daño emergente no puede medirse sólo en función de la ineptitud laboral, sino que ello también debe ser ponderado a partir de toda la vida de relación de la víctima, en consideración a sus condiciones personales, como el sexo, la edad y el estado civil, entre otras.

    En ese orden de ideas, se decidió que la indemnización por incapacidad sobreviniente procura el resarcimiento de aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, no sólo en su faz netamente laboral o productiva, sino en toda su vida de relación y, por ello, no pueden establecerse pautas fijas por cuanto habrá de atenerse a circunstancias de hecho, variables en cada caso particular pues, para que la indemnización sea justa y equitativa deben apreciarse diversos elementos y circunstancias de la víctima, tales como edad, sexo, formación educativa, ocupación laboral y condición socioeconómica (esta sala, 01/08/2003, LA LEY 03/09/2004, 7).

    Fecha de firma: 02/07/2019 Alta en sistema: 04/07/2019 Firmado por: J.B.F., L.E.A.D.B., C.M.K., JUECES DE CÁMARA #29365468#238451553#20190702101316515 En consecuencia, para su valoración no existen pautas fijas, pues para su determinación debe considerarse la persona en su integridad, con su multiforme actividad, debiendo computarse y repararse económicamente todas las facultades propias en la amplia gama de su personalidad en su vida en relación (esta sala, 23/03/2004, LA LEY 2004-C, 1029). Deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias particulares, el sexo, las condiciones socioeconómicas, la actividad laboral anterior y la real incidencia de las lesiones en su actividad actual (esta cámara, S.J., 03/12/2004, LA LEY 2005-B, 258).

    Tampoco es preciso atender a porcentajes y baremos de incapacidad...

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