Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 24 de Febrero de 2021, expediente C 122255

PresidenteSoria-Genoud-de Lázzari-Kogan-Pettigiani
Fecha de Resolución24 de Febrero de 2021
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.255, "., M.S. contra A., D. Ejecución de alimentos", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresS., G., de L., K., P..

A N T E C E D E N T E S

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo C.il y Comercial de Mar del P. confirmó la resolución de primera instancia que, a su turno, desestimara la liquidación practicada por la actora por no adecuarse a las pautas de la sentencia dictada en el proceso principal (v. fs. 134 y vta.).

Se interpuso, por la accionante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 135/140 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Corresponde anular de oficio la resolución recurrida?

    En caso negativo:

  2. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

    1. No corresponde anular de oficio la sentencia recurrida.

      I.1. La cámara advirtió que, como la sentencia de fs. 4/7 que en este proceso se ejecuta "no ordenó el cómputo de los intereses, y la actora dejó firme esa parte de la decisión", era correcta la solución del juez de origen que había rechazado la inclusión de ese renglón en la liquidación practicada (v. fs. 134).

      Para fundar su decisión explicó: "lo juzgado adquirió firmeza y no puede ser renovada la cuestión en este iter liquidatorio, pues operan sobre ella los efectos de la preclusión, restringiendo toda posibilidad de acción en resguardo del principio esencial de seguridad jurídica, que se manifiesta a través de la firmeza de los actos procesales con el fin de evitar la incertidumbre generada por la reedición infinita del litigio" (fs. 134 y vta.). Juzgó, pues, que el principio de la preclusión impedía el progreso de la pretensión recursiva.

      Esta fundamentación -es bueno señalarlo a esta altura- es conteste con la pacífica doctrina de este Tribunal (causas L. 120.037, "O., sent. de 30-V-2018; L. 120.028, "Estigarribia", sent. de 16-V-2018; C. 110.618, "Cooperativa de Provisión de Servicios Termales de Lago Epecuén", sent. de 20-IX-2017; C. 119.441, ".M., sent. de 29-III-2017; C. 119.859, "Uranga", resol. de 18-IX-2016; C. 119.585, "Ciocchini", sent. de 15-VI-2016; C. 117.988, "Duche", sent. de 15-VII-2015; C. 114.251, "Dimattía", sent. de 8-IV-2015; C. 102.138, "Folchi", sent. de 3-IV-2014; C. 106.650, "M., sent. de 26-VI-2013; C. 115.000, "Complejo Edilicio UTA III MDP", sent. de 26-VI-2013; L. 103.400, "., sent. de 12-XII-2012; C. 98.315, "K.B., sent. de 29-VI-2011; C. 100.180, "Ohaco", sent. de 2-III-2011; L. 99.432, "G., sent. de 14-VII-2010; C. 97.581, "Iglesias", sent. de 17-VI-2009; L. 96.275, "., A.I., sent. de 15-IV-2009; L. 90.208, "Alasia", sent. de 12-XI-2008; C. 93.083, "Milano", sent. de 17-IX-2008; C. 98.405, "B. de Grattia", sent. de 3-IV-2008; L. 88.911, "N., sent. de 7-III-2007; Ac. 74.333, "., sent. de 5-III-2003; Ac. 73.412, "B., sent. de 22-XI-2000; entre muchos otros) y con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver, por todos, lo resuelto en Fallos: 338:875; causa O.27.XLIX "ORI Obra Social para la Actividad Docente", sent. de 11-VIII-2015; Fallos: 326:1149; e. o.).

      I.2. El aludido fundamento jurídico empleado por el Tribunal de Alzada -la firmeza que cubre lo resuelto en la decisión de fs. 4/7 y, por ende, la imposibilidad de modificar lo allí decidido en mérito al principio de la preclusión, tributario del de la seguridad jurídica- fue objeto de precisa impugnación por la recurrente. Lo hizo en estos términos: "Tal auto no causa estado, es decir, no hace cosa juzgada, con lo cual, a todas luces jamás podría haber sido alcanzado por los efectos de la preclusión" (fs. 137 vta.; las negritas y el subrayado pertenecen a la pieza procesal citada).

      Tal es el primero y fundamental argumento del recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento. Recién luego, "sin perjuicio de lo manifestado" (sic., fs. cit.), postuló otros agravios vinculados al "exceso ritual", la incongruencia por omisión y la violación de la ley por inaplicación del art. 552 del Código C.il y Comercial de la Nación, entre otros que serán abordados en la siguiente cuestión, en la que se analizará la fundabilidad de ese escrito.

      I.3. El art. 171 de la C.itución de la Provincia establece: "Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados, serán fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso". Su inobservancia confiere a la parte agraviada la facultad de articular la vía de impugnación extraordinaria de nulidad por ante este Tribunal (arts. 161 inc. 3 "b" de la Carta local; 296 y sigs., CPCC).

      I.4. La recurrente no se ha valido de ese remedio extraordinario, sino que -ya se adelantó- articuló el de inaplicabilidad de ley; y allí puntualmente se encargó de refutar -más allá de su acierto u error- el fundamento jurídico del fallo, además de esgrimir otros motivos de casación.

      Sin embargo, aun cuando hubiera echado mano de ese carril procesal -tal vez, a sabiendas de ello no lo hizo- no habría tenido éxito en su embate. Las razones que explican esta conclusión son las que fundan la respuesta adversa a la cuestión planteada. Veamos.

      I.4.a. La sentencia no carece del fundamento que requiere la regla constitucional. Como surge del propio texto del art. 171, la exigencia no se agota en la mera "cita legal". Por el contrario, puede encontrar respuesta equivalente si se invocan los "principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva" y aún en los "principios generales del derecho", siempre atendiendo -claro está- a la "consideración de las circunstancias del caso" (similares lineamientos exhiben los arts. 16 del Código C.il y 1, 2, 3 y concs. del Código C.il y Comercial de la Nación).

      Esos "principios" no necesariamente remiten a un "dispositivo legal"; en ocasiones se derivan de las diversas previsiones que contiene el ordenamiento jurídico.

      En el caso de los "principios procesales" -lo es el de preclusión- pueden referirse a ciertas "directivas u orientaciones generales en que se funda cada ordenamiento jurídico procesal" (Palacio, Lino E.,Derecho procesal civil, Tomo I, A.P., Buenos Aires, 1994, pág. 250; M., A.M. y otros,Códigos Procesales en lo C.il y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados, Tomo I, A.P., Buenos Aires, 1982, pág. 568). Y si bien en algunos regímenes adjetivos el instituto de la preclusión tiene expresa consagración normativa dentro de un capítulo específico dedicado a la enunciación de aquellos principios generales que gobiernan el proceso (v.gr. el Código Procesal C.il y Comercial de la Provincia del Chaco -ley 2.559-M-, en su art. 8, o el Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba -ley 10.305-, en su art. 15 inc. 6 segundo párrafo), no es este el caso de la ley ritual aplicable en la especie.

      Mas no por ello deja de ser patrón regulador u orientador de carácter general reconocible como tal por la comunidad jurídica y razón de ser de múltiples aplicaciones prácticas (v.gr. arts. 155, 333, 381, 400, CPCC, en relación a la preclusión), con idoneidad para dar sustento a una decisión jurisdiccional válida. Tal es la virtualidad del principio, que se aprecia en los precedentes de este Tribunal que han sido citados en el acápite I.1. de este voto, en los cuales los planteos abordados fueron resueltos por aplicación lisa y llana de la preclusión, sin aditamentos de otros preceptos normativos.

      De todo cuanto se ha dicho se comprende que en asuntos como el sometido a juzgamiento, en el que la decisión viene fundada en los principios de preclusión y...

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