Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 10 de Agosto de 2011, expediente 42.060

Fecha de Resolución10 de Agosto de 2011

Poder Judicial de la Nación Causa Nro. 42060 “C., M. y otros s/ parte querellante”

Interlocutoria Sala VI

Juzgado de Instrucción N° 47.-

n la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2011, se reú-

nen los integrantes de esta S.V. y la Secretaria autorizante, para tratar el re-

curso de apelación interpuesto por la pretensa querellante (ver fs.1734/1753)

contra el auto de fs. 1689, por el que no se hizo lugar a la petición de M. C. D.

  1. de ser tenida por parte querellante.

    AUTOS:

    Luego de celebrarse la audiencia en la que recurrente ratificó

    sus agravios se realizó la deliberación pertinente.

    Y VISTOS;

    Y CONSIDERANDO:

    1. La apelante sostiene que si bien no se encuentra entre los su-

      jetos legitimados para presentarse como acusadora particular, conforme lo esta-

      blece el art. 82 del Código Procesal Penal de la Nación, a su entender, por ser la única pariente con vida de M.G.D.B. y haber sido quien cumplió el rol de madre durante toda su vida torna atendible su pedido.

    2. Si bien se ha sostenido en reiterados fallos que no puede ejercer la representación para querellar un hermano por el homicidio del otro (Sala I, “U., L”, 13/02/02, JPBA, 118-115-305; S.I., “L., M.P.”, 23/03/97, JA, 1998-I-514; S.V., publicado en J.A. 1958-IV-136, “Centu-

      rión, C.N. y otros”, 24/09/04, “M., S.”, 8/05/07, entre otros),

      a diferente solución arribaremos en el presente caso. La legislación sólo se re-

      fiere al cónyuge, ascendientes y descendientes sin contemplar extremos como el que se nos plantea en el cual no existe otro familiar con vida para continuar ejerciendo la acusación iniciada oportunamente por su progenitora. No se trata entonces de la incorporación de la parte, sino su continuación por un pariente diferente al que ejercía el rol.

      En atención a ello debe acudirse a los principios previstos en el restante catalogo instrumental como indicadores de su interpretación dinámica.

      Así su artículo 2do dispone que: “Toda disposición legal…que limite el ejerci-

      cio de un derecho atribuido por el código debe ser interpretado restrictivamen-

      te”, lo cual no excluye la facultad de querellar en el lugar vacante dejado por su madre en el proceso tras su fallecimiento y cuando no existe otro pariente de los específicos enunciados por el artículo 82 ibídem. De lo contrario estaríamos desconociendo una posible afectación al libre acceso a la jurisdicción y al dere-

      cho a ser oído.

      Al respecto, C.N. refirió alguna vez que: “la ley no está completa, por lo que nuestras reflexiones tratan de ser una interpretación derivada de un sistema constitucional que creo yo revaloriza el rol de la víctima de acción pública en lograr su persecución” (1° Jornada de Análisis y Crítica de Jurisprudencia. “Las facultades del querellante en el proceso penal desde S.-

      llán a Storchi TOC1”, 12/07/2007).

      Compartiendo los pensamientos del autor citado, el Superior Tribunal de Justicia de Viedma, Río Negro, S.P., en causa “M.,E.J.”, rta.

      13/03/2007, sostuvo que estas propuestas atienden a la idea de hacer más efec-

      tivo el derecho a la tutela jurídica en la persona de la víctima, que es de nivel constitucional.

      Más aún si contemplamos que el ritual es una herramienta para que las partes protejan sus derechos en consonancia con nuestra Carta Magna y Pactos Internacionales, destacándose entre otros, la Convención Americana de Derechos Humanos (arts.1 y 8.1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1).

      En tal sentido “Lo establecido por el art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos exige, claramente, una respuesta del órgano jurisdiccional al pedido de amparo efectuado por el ofendido de un delito. Esto Poder Judicial de la Nación Causa Nro. 42060 “C., M. y otros s/ parte querellante”

      Interlocutoria Sala VI

      Juzgado de Instrucción N° 47.-

      es lo que se ha dado en llamar el derecho a la tutela judicial efectiva, que en modo alguno puede verse restringido por el dictamen del representante del Mi-

      nisterio Público Fiscal, órgano –independiente- ajeno al Poder Judicial, pues el derecho aludido se efectiviza en el hecho de que cualquier persona pueda recu-

      rrir...

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