Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 12 de Mayo de 2016, expediente COM 062869/2002

Fecha de Resolución12 de Mayo de 2016
EmisorCamara Comercial - Sala D

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial SALA D En Buenos Aires, a 12 de mayo de 2016, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, -en la cual se halla vacante la vocalía 12- con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “CALDERAS Y TANQUES LA MARINA S.A. S/ QUIEBRA S/ ACCION DE RESPONSABILIDAD POR LA SINDICATURA”, registro n° 62.869/2002, procedente del JUZGADO N° 12 del fuero (SECRETARIA N° 23).

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor H. dijo:

  1. ) La presente causa fue sorteada al juez J.J.D. para que la votara en primer lugar (art. 268 del Código Procesal).

    El citado magistrado se acogió a los beneficios de la jubilación el pasado 1° de mayo, sin haber pronunciado su voto.

    En esas condiciones, habiéndose producido una situación de vacancia, el suscripto asume el dictado de la primera ponencia de conformidad con lo previsto en el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.

  2. ) Con base fáctica en hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la ley 24.522, esto es, cuando estaba en vigor la ley 19.551, la sindicatura designada en el juicio de quiebra de Calderas y Tanques La Marina S.A. promovió la presente demanda de responsabilidad “concursal” que dirigió contra B.S.F., Estela Knyszynska de F., A.L.F. de F., F.A.R., O.P.V. y N.D.T. (fs. 1/3 y ampliaciones de fs. 28/30 y 177).

    Fecha de firma: 12/05/2016 Firmado por: P.D.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.G.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: JULIO FEDERICO PASSARON, SECRETARIO DE CAMARA #22348090#153041767#20160512120248305 La sentencia de primera instancia resolvió, en cuanto aquí interesa, lo siguiente: I) rechazó la demanda incoada contra F.A.R., O.P.V. y N.D.T.; II) condenó al señor B.S.F. por $ 159.000, más intereses; III) también condenó a este último y a las señoras Estela Knyszynska de F. y A.L.F. de F. al pago de $ 60.000, más intereses; IV) impuso las costas del pleito a los demandados vencidos, con excepción de las correspondientes a la absolución de la demanda dictada a favor de R., V. y D.T. que fueron cargadas a la quiebra actora (fs. 1258/1299 y aclaratoria de fs. 1304).

    Contra ese pronunciamiento apelaron la sindicatura (fs. 1305 y 1308) y la codemandada A.L.F. (fs. 1313 y 1315).

    La sindicatura designada en la quiebra de Calderas y Tanques La Marina S.A. expresó agravios mediante el escrito de fs. 1330/1333, cuyo traslado fue resistido, por una parte, por los codemandados R., V. y D.T. (fs. 1343/1356), y por la otra por la sindicatura actuante en los autos “Feigin, B.S. –K. de F., E. –F., F.M.S.H. s/ quiebra” (fs. 1369/1372, cap. 2).

    De su lado, la señora F. presentó el memorial de fs.

    1339/1341, cuyo traslado no contestó la sindicatura actora, pero sí la otra mencionada precedentemente (fs. 1369/1372, cap. 3).

    Existen, asimismo, apelaciones con efecto diferido contra la resolución de fs. 172/176, que fueron concedidas a fs. 185 y 187, fundadas en fs. 1326/1327 y resistidas a fs. 1363 y 1369/1372, capítulo 1.

    La entonces fiscal ante la Cámara dictaminó a fs. 1379/1384.

    Se aclara que la cita de fojas de este voto siempre corresponde a las de la presente causa, salvo indicación en contrario.

  3. ) Un primer aspecto a definir es el atinente a la ley aplicable -por razón del tiempo- para juzgar las conductas reprochadas en autos, tema sobre el cual por no haberse hecho un abordaje sistemático se ha incurrido en indebidas ambivalencias normativas como la que se lee en fs. 1285.

    La definición del asunto exige señalar, ante todo, que más allá de toda discusión que se pudiera dar acerca del tipo de responsabilidad que pretende hacer efectiva la acción responsabilizatoria “concursal” cuando se Fecha de firma: 12/05/2016 Firmado por: P.D.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.G.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: JULIO FEDERICO PASSARON, SECRETARIO DE CAMARA #22348090#153041767#20160512120248305 dirige contra administradores societarios u otros sujetos a los que se les imputa una indebida gestión patrimonial societaria (tal lo que se hizo en fs. 28), lo cierto es que cuando se ponen en tela de juicio actos que han facilitado, permitido, agravado, prolongado o disminuido la responsabilidad patrimonial de la sociedad fallida o su insolvencia, se produce una conducta antinormativa que, en su esencia, como en tantas otras situaciones del mundo jurídico, no es más que un acto ilícito en sentido objetivo (conf. A., H., El incumplimiento considerado en sí propio (enfoque objetivo del ilícito civil), Buenos Aires, 1963, ps. 14/15 y 22/23).

    Pues bien, partiendo de la base de que la acción de responsabilidad “concursal” es, en última instancia, una acción de responsabilidad por actos ilícitos, lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, lleva a aplicar en el sub lite la ley 19.551 y no la ley 24.522.

    En efecto, ya antes de la reforma introducida al Código Civil de 1869 por la ley 17.711, la doctrina interpretativa de su art. 3 se había ocupado de señalar que las obligación legales que derivan del contrato, del cuasicontrato, de los delitos o de los cuasidelitos, debe quedar regida por la ley en vigor a la época en que se han producido los hechos litigiosos (conf. B., E., Código Civil Anotado, Buenos Aires, 1944, t. I, p. 31, n° 111 y p. 34, n°

    141).

    De su lado, la sanción de la ley 17.711 no modificó ese criterio general sino que, por el contrario, lo afirmó especialmente en materia de actos o hechos ilícitos siguiendo la opinión del jurisconsulto francés P.R., en quien se inspiró la Comisión Redactora de esa ley.

    Como lo recuerda B., de acuerdo al régimen del reformado art.

    3 del Código Civil, los hechos ilícitos se rigen, en lo que atañe a sus efectos y consecuencias, por la ley del momento que ocurrieron; solución que se justifica, dice el autor citado, porque como lo hizo notar R., la acción derivada de un hecho ilícito nace el mismo día y no está en curso de desarrollo cuando adviene el cambio legislativo (conf. B., G., La reforma de 1968 al Código Civil, Buenos Aires, 1971, p. 54, n° 27, “a”).

    En rigor, el citado autor francés lo explica con las siguientes palabras que nos permitimos traducir y reproducir: “…la ley que fija las Fecha de firma: 12/05/2016 Firmado por: P.D.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.G.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: JULIO FEDERICO PASSARON, SECRETARIO DE CAMARA #22348090#153041767#20160512120248305 condiciones de la responsabilidad civil es la del día del acto ilícito. Es importante a esos efectos que la causa de la responsabilidad resida en un hecho propiamente dicho (acto de violencia), o en una omisión reprochable (negligencia, imprudencia). No tiene importancia que la responsabilidad del daño causado fuese imputada al autor directo del daño, o por vía de presunción legal a otras personas. En todos los casos, es la ley del día en que el daño se causó la que fija las condiciones de la responsabilidad civil, siendo ella la que dirá si una obligación ha nacido, o no, a favor de la víctima del daño, y la carga que esa obligación trae. Es igualmente dicha ley la que fija el derecho de reparación y los límites del crédito. El quantum de la indemnización debida a la víctima será determinado según la ley del día del acto, y las respectivas disposiciones de esa ley serán las que, por ejemplo, (…) distinguirán la culpabilidad más o menos grave del autor para fijar la reparación, y ello será

    así aunque una ley posterior, en vigor al día del proceso, hubiera modificado las disposiciones de la ley precedente…” (conf. R., P., Les conflicts de lois dans le temps, L.R.S., París, 1933, t. II, ps. 4/5, n° 76. En igual sentido: R., P. Le droit transitoire – Conflits des lois dans le temps, É.D., Paris, 2008, ps. 188/189, n° 42).

    De la misma opinión fue L., quien enseñó que la comisión del hecho ilícito hace adquirir al damnificado el derecho a la reparación del daño resarcible bajo la ley anterior, sin que la obligación resultante pueda ser agravada contra el deudor por la ley nueva, ni retaceada por esta última contra el acreedor. Así, el principio según el cual la adquisición o la extinción de derechos no puede, por ser hechos del pasado, quedar regida por la ley nueva, se aplica también a los hechos que crean en beneficio de la víctima un derecho de reparación que comprende el modo de prueba del hecho cuando la atribución del derecho está vinculada a la cuestión de prueba (conf. L., J., Tratado de Derecho Civil – Parte General, Buenos Aires, 1997, t. I, p. 130, n° 167, espec. nota n° 68 bis “3”).

    Desde ya, el criterio que reflejó el art. 3° del Código Civil de 1869, es el que abraza el citado art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo texto también permite interpretar que los presupuestos esenciales de la responsabilidad civil no se rigen por la ley nueva, sino por la vigente en la Fecha de firma: 12/05/2016 Firmado por: P.D.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.G.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: JULIO FEDERICO PASSARON, SECRETARIO DE CAMARA #22348090#153041767#20160512120248305 fecha en que se produjeron los hechos de los que deriva el deber de reparar (conf. G., J., La responsabilidad civil y el derecho transitorio, LL del 16/11/2015, cap. III, 2, a y b).

    Y esto último, valga señalarlo, es particularmente sensible en casos como el de autos, pues la ley 19.551 vigente en el momento en que se produjeron los hechos invocados en la demanda, no reconocía al dolo como único factor de atribución para hacer efectiva la responsabilidad “concursal”

    que regulaba sus arts. 166 y siguientes.

    En verdad, para aplicar como único factor de atribución el dolo (solución que es la aprobada por el art. 173 de la ley 24.522 y a la que juez, ministerio...

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