C., F. Y OTRO c/ E. L., G. s/DAÑO MORAL

• Fecha: 24 Noviembre 2022
• Número de expediente: CIV 018561/2015

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D

EXPEDIENTE N° 18561/2015 “C., F. Y OTRO C/ E. L., G. S/ DAÑOS Y

PERJUICIOS”. JUZGADO N° 106

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los

días del mes de noviembre de dos mil veintidós, reunidos en

Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos

interpuestos en los autos caratulados “C., F. Y OTRO C/ E. L., G. S/

DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a

resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el

siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores G.G.R. y

M.L.C.. La Vocalía N° 10 no interviene por encontrarse

vacante.

A la cuestión propuesta el señor juez de Cámara doctor

G.G.R., dijo:

I) Apelación Contra la sentencia dictada por ante la anterior instancia el día 16 de

marzo de 2021, apeló la parte actora, quien expresó agravios a fs.

385/397.

Habiéndose corrido el pertinente traslado, el mismo no ha sido

contestado.

Por haber alcanzado la mayoría de edad la Srta. C.E.L, el 3 de junio

de 2021 la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de la anterior

instancia cesó su intervención en representación de esta.

El día 23/08/21 esta Sala decretó la deserción del recurso de

apelación interpuesto por la parte demandada, apelante de fojas 365,

debidamente notificada del auto de fojas 384 el día 13/7/2021, conforme

surge del sistema informático del Tribunal, y por no haber expresado

Fecha de firma: 24/11/2022

Firmado por: D.S.P., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: G.G.R., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.L.C., JUEZ

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agravios en el término de ley.

A fs. 432 asumió la representación que le compete por el Sr. E.L.G

en los términos de los artículos 103 del CCCN y 43 de la Ley 27149 la

Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces N° 5, notificándose de la

sentencia dictada a fs. 355 y apelando la misma. El día 3 de mayo de

2022 se concedió libremente dicha apelación.

El día 6/6/22 este Tribunal declaró la deserción del recurso de

apelación referenciado anteriormente por no haberse fundado el recurso

en tiempo y forma.

Con el consentimiento del llamado de autos a sentencia de fs. 448

las actuaciones se encuentran en condiciones para que sea dictado un

pronunciamiento definitivo.

II) La Sentencia

La resolución de la Jueza a quo hizo lugar a la demanda promovida,

y en consecuencia, condenó al Sr. G. E. L. a abonar a su hija C. E. L. la

suma de pesos $ 1.500.000 en concepto de daño material; el monto de $

4.500.000 en concepto de daño psicológico y tratamiento y $ 7.000.000

por daño moral; y a la Sra. F. C. la suma de $ 1.300.000 en concepto de

daño psicológico y tratamiento y la cantidad de pesos $ 200.000 bajo el

rubro gastos, todo ello con más los intereses y costas del proceso

conforme lo establecido en el considerando VI de ese pronunciamiento.

Por último, difirió la regulación de los honorarios de los profesionales

intervinientes para el momento procesal oportuno.

III) Agravios a) Primeramente, quiero dejar en claro que no me encuentro

obligado a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las

partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia

para decidir el caso a estudio (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301;

272:225, etc.).

Asimismo, en sentido análogo, he de señalar que tampoco es

obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino

Fecha de firma: 24/11/2022

Firmado por: D.S.P., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: G.G.R., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.L.C., JUEZ

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aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos:

274:113; 280:320; 144:611).

2. La parte actora se agravia al considerar que los montos

   indemnizatorios fijados en el pronunciamiento recurrido merecen ser

   elevados en esta Alzada.

   Considera que los mismos resultan reducidos atento el daño

   ocasionado a su parte, remitiéndose como fundamento de sus quejas a

   las constancias de autos.

   Luego de ello, también solicita se revoque parcialmente el decisorio

   recurrido y se fije una suma independiente y autónoma en concepto de

   daño moral a favor de la Sra. F.C, el cual ha sido acreditado en autos y

   pretendido en el escrito inaugural de estas actuaciones.

   Por último, asegura que la tasa de interés aplicada en el sublite

   resulta reducida, por lo que pretenden su elevación hasta sus justos

   límites.

   IV) Encuadre jurídico a)Sin perjuicio de destacar que la responsabilidad decidida por ante

   la anterior instancia se encuentra firme y consentida, entiendo oportuno

   rememorardada la gravedad, delicadeza y seriedad del caso a estudio

   que la reforma constitucional del año 1994 atribuyó al Congreso

   competencia para legislar medidas de acción positiva, a fin de garantizar

   la igualdad real de trato, en particular respecto de niños, mujeres,

   ancianos y discapacitados (art.75 inc.23 CN; ver M.A.G.,

   Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, La Ley,

   3ra.ed.2008; ver Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Los

   derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción y

   protección internacional. De la formación a la acción, Ed. CEJIL, 2004).

   En ese orden de ideas, los Tratados internacionales con jerarquía

   constitucional se orientan en idénticos sentido (conf.art.75 inc.22 CN;

   Declaración Universal de los Derechos del Hombre; Pacto internacional

   de Derechos económicos, sociales y culturales; Pacto internacional de

   Derechos Civiles y Políticos; Convención internacional para la Eliminación

   Fecha de firma: 24/11/2022

   Firmado por: D.S.P., SECRETARIO DE CAMARA

   Firmado por: G.G.R., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.L.C., JUEZ

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   de todas las formas de discriminación racial; Convención de los Derechos

   del Niño; Convención sobre la Eliminación de todas la formas de

   discriminación contra la mujer –CEDAW, 1979).

   Por su parte, la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas

   las Formas de Discriminación contra la Mujer) –aprobada por ley 23.179 y

   la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la

   violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994, aprobada por ley 24.632),

   son instrumentos internacionales que precisan el contenido de la

   obligación de los Estados de garantizar a las mujeres, sin discriminación,

   el goce de todos sus derechos.

   Posteriormente en el año 2009, la ley 26.485 de “Protección

   integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

   en los Ámbitos en que D. sus relaciones interpersonales”

   representa un cambio de paradigma sostenido por toda una normativa

   que aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva

   más amplia de la que existía en la legislación nacional (conf. Nora

   Lloveras y O.O., La violencia y el género. Análisis

   interdisciplinario, ed. Nuevo enfoque jurídico, 2012, pág. 155).

   En su artículo 4°, dicha normativa identifica y define a la violencia

   contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de

   manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado,

   basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,

   dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,

   como así también su seguridad personal”, considerando, asimismo, a la

   violencia indirecta “como toda conducta, acción omisión, disposición,

   criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con

   respecto al varón”.

   Ulteriormente, en su artículo 5° describe los diversos tipos de

   violencia ejercidos contra una mujer como la Física: (la que se emplea

   contra su cuerpo provocando dolor, daño o riesgo de producirlo y

   cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física,

   como limitar sus movimientos bajo encierro); Psicológica (aquella que

   causa un daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y

   Fecha de firma: 24/11/2022

   Firmado por: D.S.P., SECRETARIO DE CAMARA

   Firmado por: G.G.R., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.L.C., JUEZ

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   perturba el pleno desarrollo personal, aplicando mecanismos de

   dominación que puede emplear el agresor para controlar el tiempo, la

   libertad de movimiento, los contactos sociales y las redes de pertenencia

   que limitan la participación de la víctima en actividades fuera del ámbito

   doméstico); Sexual (definida como todo acto sexual, la tentativa de

   consumar el mismo, los comentarios o insinuaciones sexuales no

   deseados, o las acciones para comercializar de cualquier otro modo la

   sexualidad de una persona mediante coacción por otra); Económica y

   patrimonial (señalada como de una gravedad extrema por sus

   consecuencias, ya que la falta de independencia económica obliga a las

   mujeres a mantenerse en situaciones de violencia sin poder romper ese

   círculo de dependencia, no solo con su pareja sino también en el ámbito

   laboral); Simbólica (donde a través de cualquier medio masivo de

   comunicación, de manera directa o indirecta, se injurie, difame,

   discrimine, deshonre, humille o atente contra su la dignidad como modo

   de mantenimiento del desequilibrio de poder en las relaciones de género,

   naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad y que no

   requiere el uso de la violencia física) y finalmente la violencia Política

   (como aquella que se dirige a menoscabar, anular o impedir, obstaculizar,

   o restringir su participación política, vulnerando el derecho a participar en

   asuntos públicos en condiciones de igualdad con los varones). (MEDINA,

   G. y YUBA, G. “Protección integral de las mujeres. Ley 24.685

   comentada”, pág 210 y sstes. R., 2021).

   Por último, es dable mencionar que su artículo 35 habilita a la parte

   damnificada a reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios

   sufridos, según las normas comunes que rigen la materia.

   Ahora bien, en el derecho de...