Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 21 de Octubre de 2009, expediente 11.427

Fecha de Resolución21 de Octubre de 2009

Causa nro. 11.427 “B.,

D.A. s/ recurso de Cámara Nacional de Casación Penal casación”

SALA III C.N.C.P.

REGISTRO NRO.1494/09

n la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre del año dos mil nueve, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores E.R.R., A.E.L. y L.E.C., bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara,

doctora M. de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 11.427 caratulada “B., D.A. s/ recurso de casación”, con la intervención del señor R. delM.P.F., doctor R.G.W. y del señor Defensor Público Oficial,

doctor G.L., en representación de B..

Efectuado el sorteo para que los Señores Jueces emitan su voto,

resultó que debía observarse el orden siguiente: doctores L., R. y C..

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

La señora J.A.E.L. dijo:

PRIMERO

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 28/35 contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, provincia homónima, que confirmó

la decisión que prorrogaba la prisión preventiva de B. por un año.

Habiendo sido concedido a fs. 37/37 vta. el remedio impetrado, fue mantenido en ocasión de celebrarse la audiencia que prevé el artículo 465 bis del CPPN en función del 454 y 455 ibídem (texto según ley 26.374), que tuvo lugar el día 15 de octubre de 2009, oportunidad en que compareció la defensa, quedando la causa en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO

−1−

La defensa oficial de B. encarriló su recurso en ambas causales del artículo 456 del CPPN. Señaló que para resolver la prórroga de la prisión preventiva del encartado se hizo una interpretación forzada de la ley 24.390 y se aplicaron erróneamente las normas que regulan la materia ya que no existen en este supuesto riesgos procesales que autoricen dicho alongamiento. Agregó que la sentencia es inmotivada, lo que la convierte en arbitraria y nula.

Transcribió los fundamentos de la resolución en crisis y afirmó que,

más allá de que no caben dudas de la complejidad de la causa y la repercusión de los sucesos, existen algunos factores que no fueron analizados que transforman en innecesaria la medida cautelar. “Sólo basta para ello, mencionar que nuestro asistido cuenta al día de la fecha con 83 años de edad y -además de un cáncer-

padece enfermedades cardíacas y neumológicas que lo hacen depender permanentemente de oxígeno y de una silla de ruedas para desplazarse. Además tanto su mujer como sus hijos y nietos residen en (...) San Miguel de Tucumán”.

Agregó la asistencia técnica que siempre estuvo a disposición de la justicia, en todas las causas en las que fue llamado a declarar, que nunca se dictó

una rebeldía ni un pedido de captura.

En base a ello, criticó la resolución impugnada. En esta dirección, la defensa manifestó que “(...) ante una ley positiva y vigente, cuya lectura no da lugar a otra interpretación que no sea la que, al cumplirse el término previsto como máximo de aquella medida cautelar, el imputado debe ser liberado, además de los contundentes elementos objetivos que surgen tanto de la persona,

personalidad, estilo de vida y patologías que sufre A.D.B., como el hecho de que su familia reside en (...) San Miguel de Tucumán, es notorio que tanto la resolución de grado, como en la de la Alzada se debió recurrir a un silogismo forzado para prorrogar la prisión preventiva o para denegar el beneficio de la libertad”.

Por todo ello, estimó que el fallo en cuestión es arbitrario desde el momento en que el juzgador llegó al resultado querido en base a una simple −2−

Causa nro. 11.427 “B.,

D.A. s/ recurso de Cámara Nacional de Casación Penal casación”

SALA III C.N.C.P.

operación mental y elaborando un silogismo en el que está ausente la motivación y la aplicación de la sana crítica racional. A su vez, explicó que en el interlocutorio se invirtió la carga de la prueba pues el imputado es quien debe demostrar su inocencia y que estará a derecho en caso de obtener su libertad. “En definitiva, se resolvió de la forma en que se hizo sólo tejiéndose hipótesis que no se condicen con la realidad de lo que consta en autos, vertiéndose afirmaciones dogmáticas,

genéricas y juicios inconsistentes en cuanto a la estimación de prueba, sin que se exprese cual fue el camino deductivo seguido para llegar a la conclusión de que se intentaría eludir el control jurisdiccional”.

El único fundamento esgrimido por el magistrado fue, según los letrados oficiales, la gravedad de los hechos que permitiría pronosticar que la soltura prematura del imputado puede oscurecer la investigación y, en consecuencia, impedir el descubrimiento de los hechos. A su vez, agregaron que el juzgador tuvo en consideración que la libertad de B. conspiraría con la obligación que tiene el Estado de perseguir, investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, para la defensa, no se fundamentó esta presunción.

Con apoyo en el plenario 13 de esta Cámara, la asesoría oficial manifestó que no existe riesgo procesal ya que se encuentra desde el 17 de noviembre de 2007 en arresto domiciliario. “Si lo que se debe determinar es la posibilidad cierta de que el beneficiario de la excarcelación intente eludir la acción de la justicia, el estado de salud de esa persona, su edad, resultarán de vital importancia para restarle posibilidades de éxito en su intento”. En esta dirección,

señaló que la decisión cuestionada desconoce la jurisprudencia plenaria, que es obligatoria, al valorar...

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