Buscan obligar a los líderes de sindicatos a presentar su declaración jurada

El Poder Ejecutivo pretende y apunta a uno de sus puntos más sensibles: el patrimonio de sus principales jerarcas.En efecto, con el proyecto de ley de ética pública que acaba de presentar en el se obliga a los directivos de las asociaciones gremiales y de obras sociales a presentar sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales. De no hacerlo, no podrán continuar en sus cargos hasta subsanar la omisión.Este segmento de la iniciativa es fuertemente resistido por los líderes sindicales, muchos de ellos con amplios intereses económicos.El proyecto propone perfeccionar el sistema de declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios de los tres poderes del Estado.En este sentido, no solo regirá un formulario único con control anual para verificar eventuales irregularidades, sino que además establece que este debe ser público.Este es un punto que históricamente ha generado resistencia en ciertos sectores de la , sobre todo en la .La iniciativa, que el Gobierno presentó anteayer en la Cámara de Diputados, contempla además de un nuevo régimen de declaraciones juradas normas específicas y regulatorias sobre conflictos de intereses, contratación de familiares y recibo de obsequios, entre otras cuestiones.La elaboró la Oficina Anticorrupción, comandada por , en conjunto con la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, a cargo de Fernando Sánchez, y la colaboración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Mundial. Asimismo, recibió el aporte, vía consulta pública, de distintas ONG dedicadas a la materia."Ya transcurrieron más de 18 años desde la sanción de la primera ley de ética pública, por lo que resulta necesario introducir modificaciones con objeto de adecuar sus disposiciones a los nuevos tiempos y tecnologías, procurando mejorar las herramientas destinadas a prevenir violaciones éticas que puedan derivar en hechos de corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública", fundamentó el Gobierno.de la iniciativa: en este sentido, se hacen extensivas a los tres poderes del Estado las restricciones que hoy están vigentes en la administración pública nacional.Entre ellas, la prohibición al Presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y los funcionarios con rango y jerarquía equivalentes designar parientes hasta el segundo grado en el sector público nacional.La propuesta agrega una prohibición similar para secretarios, subsecretarios (o funcionarios con rango y jerarquía...