Buscan limitar la ley que impide desalojar a los aborígenes de las tierras ocupadas
El Senado se dispone a aprobar hoy un proyecto que prorroga por tercera vez la vigencia de la ley 26.160, que mantiene suspendidos desde hace 11 años los desalojos de tierras ocupadas por comunidades aborígenes cuya titularidad se encuentra sometida a litigio judicial o reclamo administrativo.
Hasta anoche no había acuerdo sobre el alcance de la iniciativa que se votará esta tarde, en la sesión prevista para las 14. Un sector de la oposición impulsa la prórroga lisa y llana de la ley, lo cual extendería su vigencia por cuatro años. Así lo establece el dictamen firmado hace un mes en la Comisión de Población.
Sin embargo, el oficialismo pretende acotar el plazo a dos años y medio para así acelerar los tiempos para el relevamiento catastral de las tierras reclamadas por las comunidades aborígenes, trabajo a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y que lleva ocho años de atraso.
Si hay cambios, se terminarán produciendo en el recinto. El oficialismo podría contar con el apoyo de un sector del peronismo que estaría dispuesto a introducir modificaciones al dictamen.
La iniciativa es impulsada por la oposición kirchnerista y de centroizquierda a partir del inminente vencimiento de los plazos de la ley, que operará el 23 de noviembre, y de la repercusión que la cuestión aborigen ha tomado a raíz de la desaparición de Santiago Maldonado.
Además de los bloques opositores, el proyecto cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y de la Iglesia Católica, que reclamó ayer la prórroga de la norma a través de un comunicado de la Comisión Episcopal.
Tras resistirse durante varias semanas (de hecho consiguió postergar su tratamiento en la última sesión de la Cámara alta), el oficialismo decidió apoyar la prórroga ante la imposibilidad temporal de encontrarle una solución definitiva al conflicto.
La orden la dio la semana pasada el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras un acto con la comunidad qom en Formosa. "Acompañamos la prórroga de la ley 26.160 pedida por las comunidades originarias", afirmó.
Sin embargo, la Casa Rosada se resiste a una nueva extensión de la ley de cuatro años con el argumento de que la prórroga que propone la oposición mantendrá abierta la posibilidad de se sumen nuevas tomas de tierras que, aseguran, están motivadas por cuestiones políticas y no por reclamos legítimos de tierras ancestrales.
Citan como ejemplo el caso del grupo mapuche que ocupó terrenos en la zona del yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, que...
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