En busca de un acuerdo revelador

El acuerdo en el que el Gobierno trabaja contra reloj con la empresa Odebrecht para que entregue la información sobre los sobornos pagados en la Argentina podría provocar un escándalo político de dimensiones imprevisibles. El acuerdo deberá estar concluido antes del 1º de junio, plazo en el que vencerá el compromiso de la empresa para mostrar información precisa sobre la trama de corrupción que tejió en Brasil y en el resto del mundo. Después de esa fecha, parte de la información será liberada y, por lo tanto, podría prestarse a la manipulación política. La decisión de negociar un acuerdo con Odebrecht fue tomada personalmente por Mauricio Macri luego de analizar las últimas declaraciones de su aliada Elisa Carrió y de comprobar que no quedaban muchas esperanzas por el camino de la Justicia.

El sábado, todavía en Japón, el Presidente se fastidió por las expresiones públicas de Carrió, quien aseguró que el ex ministro Julio De Vido es protegido por una combinación de intereses que va del Poder Judicial a los servicios de inteligencia y que incluye a empresarios y sectores del Gobierno. En rigor, cuando Carrió señaló a sectores de la administración estaba aludiendo a franjas de los servicios de inteligencia, aunque no incluyó en esa complicidad al jefe de la AFI (ex SIDE), Gustavo Arribas.

Ya de regreso, Macri envió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a que se reuniera con Carrió, quien le explicó al ministro que el caso Odebrecht en la Argentina necesitaba de una solución política urgente. Peña inició en el acto una gestión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien, a su vez, venía depositando la culpa de las demoras en la acción (o la inacción) de los fiscales comandados por Alejandra Gils Carbó. Gils Carbó puso muchas trabas, debe reconocerse, a cualquier acuerdo con jueces y fiscales brasileños.

Las reuniones del Gobierno, realizadas el mismo lunes, incluyeron a los abogados de la empresa brasileña y a su CEO en el país. La propia Carrió se había reunido la semana pasada con los letrados de Odebrecht, quienes le transmitieron la vocación de la empresa para transferirle al Estado argentino toda la información confiable sobre los sobornos a funcionarios locales. La empresa habría reclamado a cambio poder seguir trabajando en la Argentina y compitiendo en futuras licitaciones. Odebrecht no puede ser investigada ni condenada en la Argentina porque ya lo está siendo en Brasil. Sobre esa base, comenzó a redactarse el acuerdo, que podría...