Burocracia: el increíble expediente de 10 años y 1000 fojas por sólo 580 dólares

 
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Una pequeña controversia comercial entre un exportador y un importador, que a comienzos de 2004 provocó un atraso de 45 días en el ingreso al país de 580 dólares (el 0,3% del valor total original de la operación, de 203.000 dólares, declarado como pago del embarque), derivó en una historia increíble: un proceso administrativo y judicial que se extendió por una década, demandó cerca de 1000 fojas de actuaciones de distintas reparticiones públicas y le produjo un sobrecosto imposible de cuantificar a una de las bodegas argentinas más activas en ventas al exterior.

Todo salió a la luz a fines de 2014, cuando un fallo del Juzgado en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Marcelo Aguinsky, tras acreditar que no hubo perjuicio alguno al erario público, aportó algo de racionalidad: absolvió a la exportadora de culpa y cargo e instó al Banco Central (BCRA) a cumplir con una recomendación que ya le había hecho en 2007 la Procuración del Tesoro para que fijara criterios de evaluación y remitiera a un archivo las infracciones a la que por su monto o característica merecieran ser catalogadas de formales.

La singular historia, que revela que el problema de competitividad de la economía argentina excede por mucho lo meramente cambiario, no es nueva, pero sigue siendo más común de lo que cualquier inadvertido pudiera suponer.

La sustanciación de procesos desmesurados para cuestiones menores supone costos imposibles de cuantificar y traslada ineficiencias del sector público al sector privado. Así, termina condicionando a las fuerzas de producción, aun desde administraciones que buscan presentarse como proactivas en alentarlas.

En este caso, condicionó por 10 años las operaciones de La Agrícola SA, denominación comercial del grupo más conocido como Familia Zuccardi. Ocurre que no sólo se trataba de un pasivo potencial imposible de cuantificar, sino que implicaba mantener abierta una fuente de conflicto que podría implicar sanciones para operar en comercio exterior, algo crucial para una firma que exporta regularmente a más de 70 países.

propietaria de 650 hectáreas de viñedos distribuidos en dos fincas de Mendoza, en la que ya conviven tres generaciones. Pese a este lastre que sufrieron hasta diciembre, y el mal momento que atraviesa la actividad viñatera, la empresa está invirtiendo por estos días 10 millones de dólares en Altamira, Valle de Uco, para construir una nueva bodega dedicada exclusivamente a la producción de vinos de alta gama. José Zuccardi, al que le tocó lidiar con este proceso en su condición de presidente de La Agrícola, dice que lo hacen porque creen "ciegamente en las bondades del vino argentino".

El expediente Zuccardi se puede encuadrar en algo así como el "lado B" del escándalo que a comienzos de octubre del año pasado (en medio de la última y más...

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