Una buena razón para dejar de reír

 
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Amado Boudou se ha desplomado en las encuestas y ya carece de toda influencia política en el propio gobierno que lo llevó a la cumbre hace apenas cinco meses. Esa inestabilidad, propia de la política, se está agravando seriamente en la Justicia, donde ya hay dos investigaciones sobre presuntos actos de corrupción del actual vicepresidente y ex ministro de Economía. Ayer, Boudou recibió la segunda imputación, esta vez por supuesto enriquecimiento ilícito. Ya estaba imputado por tráfico de influencias en la causa que investiga la extraña compra de la ex Ciccone, la impresora de billetes más importante del país.El dictamen del fiscal Jorge Di Lello es significativo por varias razones. La primera de ellas es que incorporó a la investigación a los principales personajes (salvo la novia del vicepresidente, Agustina Kämpfer) del caso Ciccone. Incorporó al amigo confeso de Boudou, José María Núñez Carmona, y a Alejandro Vandenbroele, actual presidente de la ex Ciccone y supuesto amigo escondido del vicepresidente. Núñez Carmona es quien une a Boudou con Vandenbroele, porque se constató que es amigo de los dos. Otra razón llamativa es el propio fiscal. Di Lello es un hombre con muchos años en la Justicia, que estuvo preso por la dictadura en los años 70 y que es ?o era? conocido por su cercanía ideológica con el gobierno de los Kirchner.Sin embargo, nada hace suponer, por ahora, que el Gobierno le haya soltado la mano a Boudou. Ya sea porque su presencia en el poder supone un error personal de la Presidenta o porque Boudou sabe más cosas que las que se sospechan, lo cierto es que nunca antes el poder influyó tanto en la Justicia como lo está haciendo ahora para proteger al vicepresidente. El ejemplo más emblemático de tal aseveración es la inestable situación del fiscal Carlos Rívolo, que tiene a su cargo la investigación sobre la participación de Boudou en la compra de la ex Ciccone.El juez Ariel Lijo, que reemplazó al recusado Daniel Rafecas, postergó ayer, tomándose un plazo extraño, la resolución sobre la recusación del funcionario judicial que más trabajó en el caso Ciccone, que es Rívolo. Ayer se venció el último plazo para que Lijo decidiera sobre el destino del fiscal, pero el juez decidió tomarse más tiempo. Los plazos en la justicia federal son "perentorios" para el común de los mortales, pero se consideran sólo "orientativos" para los jueces. Es decir, pueden respetarlos o no. Esas dilaciones no son buenos mensajes para una sociedad que viene reclamando...

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